La citación del alcalde de Chía por la Procuraduría y la historia del contrato de alumbrado público

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Se ordenó remitir copia de la decisión a la Superintendencia de Industria y Comercio por existir una posible vulneración de la libre competencia.

Se solicitó a la alcaldía suspender los actos y negocios jurídicos que se hayan fundamentado en los documentos precontractuales del proceso de contratación del alumbria

 

Chía | Prensa Procuraduría | Judiciales |
El alcalde de Chía, Leonardo Donoso Díaz y el secretario de Obras Públicas, Jorge Wilmar Torres Porras, fueron citados por La Procuraduría General de la Nación a juicio disciplinario por presuntas irregularidades en la licitación pública para la operación, administración, mantenimiento, modernización y expansión del sistema de alumbrado público del municipio por más de $14.700 millones de pesos.

El órgano de control cuestionó al mandatario territorial que, entre los meses de octubre y diciembre de 2018, participó en la actividad precontractual, y contractual del proceso licitatorio No. 028 de 2018, al parecer, con desconocimiento de los principios de economía, planeación, responsabilidad y transparencia, y el deber de selección objetiva, toda vez que, en su condición de representante legal, ordenador del gasto, y responsable de la dirección del proceso, pudo incurrir en presunta falta disciplinaria al no garantizar, controlar y verificar los documentos que preceden la selección del contratista.

Además, formuló cargos por adjudicar el proceso con supuestas falencias en la determinación de los costos para la prestación del servicio de alumbrado, y como consecuencia de tal decisión suscribió con presuntas irregularidades el contrato de concesión No. 635 de 2018.

El proceso se otorgó al proponente Promesa de Sociedad Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S (integrada por Soluciones Planificadas S.A.S e Iluminaciones Especializadas del Norte), al parecer, bajo una motivación subjetiva, sin observar las reglas expresamente establecidas en el pliego de condiciones.

El órgano de control también reprochó a Donoso Díaz y al secretario de Obras Públicas por qué habrían aprobado los documentos precontractuales “Análisis de Sector” y “Estudios Previos”, que contendrán irregularidades en cuanto a los requisitos financieros, de experiencia general y específica, en contravía de las disposiciones que lo regulan y restringiendo, al parecer, la concurrencia de otras empresas.

Calificó la presunta falta de los investigados como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental.

Así mismo, se ordenó remitir copia de la decisión a la Superintendencia de Industria y Comercio por existir una posible vulneración de la libre competencia.

Finalmente, como medida preventiva, se solicitó a la alcaldía adelantar las acciones administrativas y judiciales para suspender los actos y negocios jurídicos que se hayan fundamentado en los documentos precontractuales, para lo cual deberá iniciar, si lo estima procedente, las medidas necesarias.

Para el seguimiento y vigilancia de la presente solicitud se remitió copia de esta citación a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

 

¡Chía concesiona a 30 años el alumbrado público!

Chia | Redacción EPDC | Alumbrado Público | La Procuraduría General de la Nación le advirtió al alcalde de Chía, Leonardo Donoso, que podía caer en irregularidades administrativas si adjudicaba la licitación del mantenimiento de alumbrado público municipal.

Ante este llamado de atención el alcalde hizo caso omiso y el 28 de diciembre de 2018, le entregó la empresa “Promesa de Sociedad Futura, Iluminaciones de la Sabana S.A.S”, la concesión para la operación, administración, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del alumbrado público, por 30 años, entregando a su vez la suma de 14.766.934.737 millones de pesos por recibir la concesión.

La anterior es una cuestionada modalidad por la que han optado varios alcaldes de Chía, al entregar en concesión importantes servicios públicos, con grandes sobrecostos para los usuarios, como es el caso del exalcalde Luis Olivo Galvis que dio en concesión la parabólica municipal al también exalcalde Orlando Gaitán; como si lo anterior fuera poco hizo lo mismo con Emserchía cuando cedió su administración al grupo Hydros Chía, lo que le valió cuatro años de prisión; luego Fernando Sánchez hizo lo propio al entregar por 20 años la concesión del tránsito a Circulemos y, ahora Donoso entrega, en una cuestionada licitación, el mantenimiento del alumbrado público a un tercero, cuando ni siquiera la infraestructura del alumbrado es del municipio, sino de Codensa.

Abogado José Antonio Parrado. Foto Cortesía

Al respecto el Periódico de Chía habló con el abogado José Antonio Parrado quien además de asegurar que demandará este proceso licitatorio explicó como conocedor del caso, que efectivamente la infraestructura de alumbrado público del municipio de Chía es propiedad de Enel Codensa, propiedad que fue ratificada en el 2003 con la firma de un contrato entre esta empresa y el municipio de Chía, y para lo cual la compañía realizó las inversiones requeridas para la modernización, mantenimiento administración, operación y expansión del alumbrado público durante toda la vigencia del contrato.

Según Parrado, para cambiar de operador Chía justificó el proceso de licitación, que es lo que se esta denunciando, en la obtención de ahorros energéticos, argumento que según él resulta corto porque considera únicamente la disminución del pago de energía, cuando los costos totales del servicio se multiplican por completo, ya que la fuente de información que sirvió de soporte al estudio de mercado sobre el cual se basaron los pliegos de condiciones de la licitación no se publicaron dentro del proceso, irregularidad que se encuentra en la convocatoria de la licitación porque los estudios de soporte de mercado no se realizaron y por lo tanto no hay sustento técnico.

“Además, dice José Antonio, Enel Codensa presentó una propuesta económica al municipio donde planteó el arriendo de la infraestructura y la modernización del 100% del sistema de alumbrado público a tecnología led en máximo 6 meses, o sea en un plazo 50% por debajo del definido por el municipio en la licitación y con un costo 47% menos al adjudicado, lo cual le hubiera representado ahorros importantes al municipio en costos de prestación de servicio, lo que significaría un menor valor de impuesto de alumbrado público a cobrar a los habitantes del municipio”, impuesto que por lo demás fue creado recientemente por la administración municipal”.

Al final Codensa no se presentó a la licitación debido a las exigencias de los pliegos ya que estos limitaban la participación plural de proponentes, toda vez que se les exigía a los oferentes que tuvieran experiencia en contratos de concesión, y solo un oferente cumplía los requisitos, por lo cual el municipio recibió solo una propuesta económica, dejando  por fuera a Codensa y a otras firmas interesadas sin tener en cuenta que Codensa es el mayor operador del servicio eléctrico del departamento y con una trayectoria de 15 años de servicio en el municipio de Chía.

“Resume Parrado, que Codensa venía prestando estos servicios de actualización y modernización y que a pesar de eso el alcalde Donoso decidió abrir la licitación pese a que la Procuraduría le advirtió que era irregular, y decidió entregar todos estos servicios de modernización, en concesión por 30 años, a una empresa con cuestionados antecedentes en Bucaramanga, Santa Marta y Tocancipa, ciudad esta última, donde tuvieron que reversar el proceso.

“Pero el gran problema que deja esta licitación, concluye Parrado, es que además de que se hace por 30 años con  la empresa ‘Sociedad Futura, Iluminaciones de la Sabana S.A.S’ por un valor 47% mas alto y en el doble del tiempo de lo que ofrecía Codensa, la licitación se hizo bajo el modelo de ‘foto’ que consiste en que se pone una condición que solo una empresa puede cumplir y en este caso dicha condición fue que tuviera experiencia en este tipo de concesiones y solo una empresa en el país pudo presentarse. De esta manera, puntualiza el abogado, el municipio queda pignorado por tres décadas a una empresa que no se sabe qué manejo tendrá”.

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