La historia de los POT ‘calcados’ de Chía y Cajicá

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Esta semana, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Chía será demandado por las supuestas irregularidades que plantea para expandir ese municipio vecino de Bogotá.

El Alcalde de Chía, Leonardo Donoso, y su antecesor, Guillermo Varela.

Chía | Tomado del Portal La Silla Vacía, Por Carlos Hernández Osorio | Desarrollo Territorial|
 Todo por las supuestas irregularidades en su trámite, que comenzó en la anterior Alcaldía y terminó en 2016, durante la actual administración.

El alcalde Leonardo Donoso le atribuye eso a una jugada política de sus opositores, sobre todo porque esa iniciativa la encabeza un enconado crítico suyo, José Antonio Parrado, un abogado que quiere ser Alcalde y ha liderado, como contó La Silla Cachaca, la creación de colectivos que se oponen a la expansión desordenada de los municipios de la Sabana y a la forma como se están modificando los POT.

Pero más allá de esa pelea, alrededor del POT de Chía también comienza a abrirse una discusión, que no contiene la demanda, pero que conoció La Silla Cachaca y tiene que ver con la forma como se terminó pareciendo, casi al pie de la letra, al de su municipio vecino de Cajicá, a pesar de que la propuesta inicial nada tenía que ver con eso.

Eso es importante porque el POT de Cajicá ya es objeto de investigaciones por la forma como cambió el uso del suelo en ese municipio y presuntamente terminó favoreciendo a particulares, algo que también están alegando los opositores al POT de Chía.

CONTEXTO
De un alcalde a otro

El anterior alcalde de Chía, Guillermo Varela (2012-2015), comenzó el proceso para modificar el POT. Por ley, ya era el momento de revisarlo, pues el municipio seguía con uno del 2000, y además venía creciendo de manera desordenada, por ejemplo, urbanizándose en zona rural.

En febrero de 2015, después de, según registros oficiales, al menos 50 reuniones con la comunidad, le presentó su propuesta a la CAR para concertar el componente ambiental. Este es un paso obligatorio para todos los municipios, y es necesario para que la CAR plantee modificaciones antes de que el Alcalde presente el proyecto al Consejo Territorial de Planeación (CTP, un espacio en el que está la comunidad por medio de representantes de empresarios, juntas de acción comunal, indígenas, víctimas, etc.) y antes de que lo radique en el Concejo para que lo apruebe o lo hunda.

Y sólo fue el 30 de diciembre de 2015, 10 meses después de enviar el proyecto y dos días antes de dejar el cargo, que Varela logró concertar el POT con la CAR, pues en varias ocasiones ésta le solicitó documentos y estudios que no presentaba como debía ser.

Eso le dejó a su sucesor, Leonardo Donoso, la tarea de presentar el proyecto al CTP y luego al Concejo.

Donoso representaba la continuidad con Varela, pues fueron elegidos con el respaldo de prácticamente las mismas fuerzas políticas a pesar de que fueron avalados por partidos diferentes: Donoso por una coalición de verdes, La U y Cambio Radical y el segundo por Aico.

Varela, de hecho, le dijo a La Silla Cachaca que votó por Donoso.

Y efectivamente, Donoso continuó con los trámites, y le envió el proyecto al Consejo Territorial de Planeación, donde comenzaron a saltar dudas.

La principal fue que lo que estaban leyendo los integrantes de ese Consejo era muy diferente a la propuesta que Varela les había socializado hacía más de un año. De entrada, escribieron en su estudio, mientras la propuesta que Varela había radicado ante la CAR era de 342 artículos, la que les estaban presentando era de 193.

En el concepto que escribieron, concluyeron que era “un documento nuevo (…) en su extensión, organización y contenido”.

Por ejemplo, las zonas hacia donde se proponía que Chía creciera en los próximos años cambiaban sustancialmente porque las que había definido Varela no eran las mismas que les estaba presentando Donoso.

Varela, además, había propuesto 345 hectáreas de expansión, mientras que Donoso reducía eso a 256. Eso tenía una connotación positiva para el CTP porque desde un comienzo fue parte del debate si era innecesario que Chía se expandiera tanto, y además lo de Varela fue controvertido porque proponía crear varios centros poblados en zonas que se habían urbanizado en suelos no permitidos (es decir, proponía legalizar lo que se había hecho de manera irregular).

Sin embargo, la nuez del asunto radicaba en que a la gente nunca le socializaron la nueva propuesta.

El CTP emitió un concepto no favorable, pero el Alcalde no tenía la obligación de acatarlo y por eso lo mandó al Concejo, donde además de aumentar las hectáreas de expansión a 300, fue aprobado por unanimidad.

Varela dice estar en desacuerdo con esos cambios y hoy está distanciado políticamente de Donoso, pero el caso es que éste sancionó el nuevo POT el 29 de julio de 2016.

Dos años después, sin embargo, en el municipio aún no es claro en qué momento y por qué cambió tanto la propuesta, al punto que uno de los argumentos de la demanda contra el POT es que se violó el proceso de socialización porque el Concejo aprobó una propuesta muy diferente a la que le presentaron a la comunidad.

Con una particularidad: en el cambio de una propuesta a otra el POT de Chía no sólo dejó de ser el que le socializaron a la gente, sino uno muy parecido, casi al pie de la letra, al de Cajicá, su municipio vecino, que había modificado su POT en 2014.

El tijeretazo

Aunque la noticia de la modificación de la propuesta inicial se conoció en 2016, en el actual gobierno de Leonardo Donoso, los cambios comenzaron en la Alcaldía de Varela, particularmente los que hicieron la propuesta tan parecida a la de Cajicá.

Así consta en las memorias que hay en la CAR sobre ese proceso, que conoció La Silla Cachaca.

Varela, para lograr que la CAR concertara su propuesta, la terminó modificando. Y ese cambio se nota, de entrada, en que fue él el que le hizo el tijeretazo para bajarla de más de 300 artículos que había presentado en febrero de 2015 a 193 que quedaron desde diciembre de ese año, antes de irse del cargo.

Fue ahí que la redacción del proyecto comenzó a parecerse al POT de Cajicá, algo que se mantuvo hasta que Donoso, el actual Alcalde, presentó la propuesta en el Concejo.

Una fuente que conoció de cerca ese proceso hizo el ejercicio de comparar, artículo por artículo, el proyecto que radicó Donoso en el Concejo con el POT de Cajicá, y condensó sus conclusiones en un cuadro comparativo, que publica La Silla por primera vez.

En cuanto a la forma, es esencialmente la misma.

Mientras que la propuesta en Chía tenía 193 artículos, el POT de Cajicá tiene 192. De estos, 112 son exactamente iguales y 39 son similares, en tanto cambian redacción aunque mantiene la esencia de la propuesta.

Es decir: cerca de 8 de cada 10 artículos son casi que calcados.

Hay un detalle que es muy elocuente y también hace parte de ese análisis: en dos artículos del proyecto que Donoso, el actual alcalde, radicó en el Concejo de Chía se hizo referencia, equivocadamente, al “Plan Básico de Ordenamiento Territorial” (PBOT), a pesar de que esa es la figura que aplica para Cajicá por tener menos habitantes (unos 57 mil), pero no para Chía, que tiene alrededor de 120 mil y por lo tanto la rige propiamente un POT.

proyecto_pot_chia_2016.jpg

Artículo incluido en el proyecto que radicó el alcalde Leonardo Donoso en el Concejo en 2016.

Eso refuerza la tesis de que se hizo una copia sin mayor cuidado del otro documento, que es lo que supone la fuente que hizo la comparación y que nos pidió reserva por seguridad.

La Silla Cachaca encontró además que ese error venía desde el proyecto que dejó planteado Varela, el anterior alcalde, ante la CAR en diciembre de 2015. De hecho, allí aparece tres veces la referencia al PBOT, y al menos en un anexo aparece seis veces.

proyecto_pot_chia_2015.jpg

Artículo incluido en el último proyecto de POT que presentó en 2015 ante la CAR el entonces alcalde Guillermo Varela.

También les pedimos a tres expertas en ordenamiento territorial independientes que evaluaran el documento comparativo. Aceptaron dar sus conceptos también bajo reserva para no quedar involucradas en la pelea política que se mantiene alrededor del POT de Chía; y dos de ellas también lo hicieron para no comprometer sus opiniones con su trabajo actual, una en una entidad pública y la otra en una privada.

Las tres coincidieron, por aparte, en que todo indica que se trata de una copia, pero aclararon que eso no necesariamente es ilegal.

A los planes de ordenamiento territorial los rigen normas similares y por lo tanto es posible que se parezcan o que un municipio tome como referencia el POT de otro para modificar el suyo.

Sin embargo, les llama la atención la forma como eso ocurre en este caso. “Si bien Chía y Cajicá son vecinos, no tienen exactamente los mismos problemas territoriales, razón por la cual no deberían tener normas de ordenamiento literalmente iguales”, nos dijo una experta consultada.

A otra le llamó la atención que los considerandos, la parte inicial del proyecto en la que se expone la justificación para ejecutarlo, sean prácticamente iguales. “Ahí generalmente se exponen los antecedentes del proceso, y eso debería variar entre uno y otro municipio”.

Lo que ocurre en este caso es que se plantean de manera general y se restringen, sobre todo, a mencionar las normas bajo las cuales se hace la modificación del POT, que son esencialmente las mismas para ambos casos.

Los vasos comunicantes

La hipótesis que guía el documento comparativo es que el gobierno de Varela, en su interés de dejar un proyecto de POT concertado (y por lo tanto prácticamente listo para su aprobación), recurrió a la copia, sin que mediara, por ejemplo, una consultoría con una empresa externa que definiera de antemano todos esos puntos en común.

(Las consultorías para hacer modificaciones a los POT son muy comunes, y en la Sabana los municipios suelen hacerlo. Cajicá, de hecho, lo hizo para modificar su PBOT, con una empresa llamada Cideter).

Varela le dijo a La Silla Cachaca que después de gastarse casi todo su gobierno intentando dejar un POT, al final sí agilizó el trámite, pero que en ningún momento tomaron como base el de Cajicá.

Sin embargo, admitió que en los últimos meses contaron con la asesoría de personas que conocían bien lo que se había hecho en Cajicá, aunque él dice que no recuerda ni quiénes eran ni los detalles de lo que hicieron, pues como es administrador de empresas, confió ese proceso a su equipo técnico, liderado por su Secretario de Planeación, Santiago Echandía.

(Echandía, clave para conocer cómo se manejaron los detalles de ese proceso, fue condenado en octubre de 2015 (en medio de la concertación con la CAR) por un caso diferente a éste, de cuando fue Secretario de Planeación en 2003. No logramos comunicarnos con él).

El caso es que, de acuerdo con Varela, las asesoras las sugirió la misma CAR (no especifica quién) con el fin de que el municipio lograra hacer la concertación, ya que su propuesta no había pasado los primeros exámenes ante esa entidad.

“Seguramente la reducción de artículos fue producto de esas asesorías”, agregó.

Particularmente, Varela habla de “una muchacha que trabajó en Cajicá e hizo dos o tres asesorías para que entendiéramos lo que había que hacer”, pero insiste en que no recuerda cómo se llamaba. Fue “una mujer que, en el último semestre del año (2015), nos asesoró, y luego el alcalde actual la nombró en un cargo”.

En la actual Alcaldía hay al menos una persona que cumple con esa característica: Hilda Alfonso Parada, la Directora de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, ella asegura que nada tuvo que ver con el POT de Chía durante la anterior administración porque, precisamente, para ese momento tenía ese mismo cargo en Cajicá. Además dice desconocer si hubo asesoría de personas de Cajicá a Chía.

Al preguntarle al actual alcalde, Leonardo Donoso, por qué la contrató, nos dijo que porque se la recomendaron, “y uno trabaja con los amigos”. Ella añadió que llegó a Chía porque “políticamente se dio la posibilidad”.

Ahora bien, que el anterior Alcalde le endilgue a la CAR la iniciativa de traer asesores que conocían el proceso de Cajicá es relevante si se tiene en cuenta que la persona que lideró desde esa entidad la concertación del POT de Chía, Camilo Bello Zapata, fue el secretario de Planeación que se encargó de la modificación del PBOT de Cajicá.

Él es el Director de la Oficina de Ordenamiento Territorial de la CAR, la dependencia encargada de hacer las concertaciones, y la Procuraduría lo investiga, junto con el exalcalde de Cajicá, Óscar Bejarano, por las presuntas irregularidades en los cambios de uso del suelo que permitió la modificación del POT en ese municipio.

Sin embargo, en diálogo con La Silla, no sólo dijo desconocer si hubo una copia, sino que negó que, como asegura Varela, la CAR hubiera sugerido asesores. “Esa no es nuestra función”, agregó.

Sí admite, en todo caso, que en su momento le advirtió al entonces Secretario de Planeación de Chía, Santiago Echandía, que la propuesta inicialmente presentada (la de más de 300 artículos) era muy difícil de concertar porque planteaba seguir urbanizando suelos donde se había venido construyendo a pesar de que no era permitido, y eso difícilmente lo iba a aceptar la CAR.

Es por eso que Varela dice: “hice los ajustes que la CAR me solicitó”. Sin embargo, fue su sucesor, Donoso, el que terminó por definir asuntos de fondo, como las zonas específicas donde se expandirá el municipio, haciéndole cambios a la visión de Varela y proponiendo una expansión más ambiciosa que la que éste había dejado, pues pasó de 222 a 300 hectáreas.

Todos esos ajustes no sólo arrojaron un POT que no le habían presentado a la comunidad, como concluyó el Consejo Territorial de Planeación, sino que plantean un modelo de ciudad que sigue siendo objeto de un intenso debate político y académico.

Esto debido a que finalmente, ambos municipios, como se lo dijeron a La Silla en la Alcaldía de Chía, quedaron con una norma que para el futuro próximo los consolidará como ciudades dormitorio, y no le abren mayor espacio a otro tipo de usos del suelo que les permitan a las personas que viven allá también tener una oferta de servicios amplia que les evite estar viajando a Bogotá.

Incluso, aunque está previso que las urbanizaciones en las nuevas zonas de expansión las hagan privados que garanticen la oferta de servicios públicos, sigue siendo incierto si esos municipios tendrán la capacidad para soportarlo.

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