Negocio al final de mandato

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En varias ciudades y municipios del país empiezan a adjudicarse polémicas obras de remate de gestión. Una de ellas, está ubicada en el municipio de Chía. Se trata de la construcción del Centro Administrativo Municipal, que cuesta $65.665 millones. Un proceso en tiempo récord y con diversos cuestionamientos. El alcalde local guarda silencio.

 Alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz

Chía | Agencia de Periodismo Investigativo (API) | Contratación |
A solo 20 kilómetros de Bogotá, se encuentra el municipio de Chía. Allí, desapercibido, su alcalde Leonardo Donoso Ruiz gestiona un millonario negocio que tiene sorprendida a la población. En momentos en que está finalizando su mandato, quiere adjudicar la construcción del Centro Administrativo Municipal, CAM, una megaobra que vale $65.665 millones, comprometiendo vigencias futuras, con dos oferentes polémicos y con autorización del concejo local.

Con una población cercana a los 130.000 habitantes, problemas de seguridad, movilidad y convertido desde hace varios años en refugio de bogotanos que buscaban mejor calidad de vida en casas campestres cerca de la capital, el municipio de Chía tramita la obra más onerosa y más grande a nivel presupuestal de Cundinamarca. Una construcción que desde mediados del año pasado viene siendo cuestionada por las veedurías, habitantes de la población, ingenieros y expertos en contratación, sin que ningún organismo de control tome acciones.

El Centro Administrativo Municipal, CAM, tiene como propósito centralizar las catorce secretarías que conforman la administración local, la Casa de Justicia, la Personería y el Concejo, dependencias que actualmente funcionan en diversas sedes alquiladas. Por ello, el alcalde Donoso tomó la determinación de centralizarlas en una sola sede. Sin embargo, de allí surgió el primer cuestionamiento porque según los propios registros de la alcaldía, el burgomaestre anterior había invertido cerca de $3.000 millones para remodelar el edificio donde operaba la administración.

Chía

El alcalde Leonardo Donoso es un abogado y curtido político local. Asesor del restaurante Colombia, uno de los más tradicionales de Chía, miembro de la junta directiva de la Clínica Chía, candidato a la Asamblea de Cundinamarca, presidente del directorio Liberal de Chía y concejal de ese municipio desde 2001 hasta 2007, en donde perteneció a cinco comisiones y fue su vicepresidente. Ganó el mandato a través de una coalición y derrotando al conservador Fernando Sánchez y a Carmenza Colina del Polo Democrático.

 Proyecto

Así las cosas, el 21 de junio de 2018, mientras enfrentaba una sesión de control político, Donoso expuso ante la plenaria del Concejo el proyecto para la construcción de la megaobra local. Ese día, el burgomaestre detalló los avances en la legalización de predios, presentó estudios técnicos y cronogramas, expuso las fuentes de financiación y aseguró que el proceso contó con la intervención de la comunidad.

En este contexto, todo comenzó a agilizarse. El 9 de octubre, y después de realizarse dos debates del 7 de septiembre y el 5 de octubre del año pasado y luego de siete debates aplazados, 15 concejales autorizaron al alcalde a realizar operaciones de crédito para financiar la obra. Tres semanas después, el cabildo aceleró el proceso y autorizó a Donoso a comprometer vigencias futuras por nueve años para realizar la construcción. En otras palabras, con la megaobra, el siguiente alcalde como se dice popularmente, encontrará la olla más que raspada.

Paradójicamente, en 2014, el municipio presentaba un buen manejo de sus obligaciones. De hecho, en ese año canceló la totalidad de los créditos tomados en la vigencia 2007. Pero en los años siguientes, las deudas siguieron incrementándose hasta llegar a la vigencia de 2017 a $23.203 millones y al corte parcial de julio de 2018 a $20.960 millones. A ello se suma que la proyección de ingresos y gastos de este año presentará un saldo negativo de $33.978 millones. Chía maneja un presupuesto para 2019 de $242.000 millones.

Consejo de Chía

El negocio siguió avanzando a grandes velocidades. El 29 de diciembre de 2018, mes y medio después de que el Concejo diera vía libre, se ordenó la apertura del proceso que encendió las alarmas, a pesar de tratarse de una mega obra por $65.665 millones, se eligió como modalidad de contratación de selección abreviada, bajo el procedimiento de menor cuantía En otras palabras, un mecanismo más expedito que una licitación pública, que estaba previsto se adjudicara el pasado 5 de febrero.

Bajo estas condiciones, el pasado 25 de enero se presentaron al proceso dos empresas. El Consorcio Construcam integrado por E de la Cruz Constructores, Vera Colombia, Sandra Milena Forero Bohórquez y Juan Carlos Rico Infante. El otro participante en el proceso es Consorcio Valvanera, conformado por las empresas AMR Construcciones, Civileza, Constructora Novum y Constructora Amco.

 Y de inmediato, empezaron las dudas sobre las características de los dos oferentes. En el caso del Consorcio Construcam se ha denunciado que la sociedad extranjera Construcciones Vera hace dos años fue declarada en estado de disolución y liquidación por un juez mercantil de España. También se cuestiona que dicha sociedad internacional formó parte de la denominada firma Grupo Ortiz, denunciada como uno de los contratistas en problemas por las obras que terminaron con el descalabro de los juegos nacionales de Ibagué. Así mismo, se ha conocido que otro de los miembros de ese consorcio fue objeto de declaratoria de incumplimiento con ocasión de las obras que le fueran adjudicadas para la construcción de la sede de la universidad nacional en el municipio de La Paz del departamento del Cesar.

Escenarios

En cuanto al Consorcio Valvanera, se ha cuestionado por parte del comité evaluador en aspectos habilitantes, técnicos y de experiencia. En concreto, ha sido rechazada porque el sitio que postuló para el deposito de residuos sólidos de la obra, no tenía vigente el registro minero. Sin embargo, se ha generado un debate en el proceso porque el referido consorcio entregó una certificación con una fecha posterior al cierre de recepción de las ofertas. Esta situación, generó críticas a la administración local y la denuncia de direccionamiento del proceso.

Con estos argumentos, el pasado 8 de febrero, el comité evaluador, integrado por 17 técnicos y abogados del municipio determinaron que el proponte en primer orden de elegibilidad es el Consorcio Construcam. Al respecto, esta semana estaba prevista la adjudicación del negocio, pero Óscar Fernando Cárdenas Parra, director de contratación, delegado por el alcalde Leonardo Donoso, suspendió el proceso y pospuso la decisión para el próximo 12 de marzo.

Facsímil

Facsímil del aviso de ampliación a la suspensión de la audiencia de adjudicación

Una determinación que se tomó en razón a que en una audiencia se ratificaron las observaciones y denuncias en el proceso, de proponentes, veedores y terceros interesados que derivaron en múltiples requerimientos a entidades que a la fecha no fueron resueltos.

Un gran negocio que se gestiona con antecedentes poco claros sobre la gestión del alcalde Donoso. Hace casi dos años, el entonces senador Carlos Fernando Galán aseguró en lo que se ha conocido como el ‘volteo de tierras, que en el caso particular de Chía se estaban violando las normas urbanísticas. Y lo que es más grave, que varios constructores denunciaron que los estaban extorsionando a cambio de la aprobación de licencias para la edificación de sus proyectos.

Galán

Estos señalamientos, en su momento, fueron desestimados por el mandatario Donoso quien por el contrario argumento que hay más medidas restrictivas para edificar el suelo rural en el municipio. Frente al caso de la construcción de la megaobra no se pronunció. Sin embargo, ante el Concejo había ratificado la necesidad de la construcción y la transparencia del proceso.

El asunto genera debate en diversos sectores. Es el abrebocas de onerosas y polémicas obras en el país de mandatarios que ad-portas de salir de sus cargos están dejando negocios en el remate de su gestión, sin claridad de quienes son en el fondo los verdaderos beneficiarios y a costa de dejar endeudados sus municipios y ciudades con edificaciones que se consideran no prioritarias.

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