Cuestionada elección del Contralor de Cundinamarca pasa desapercibida en el departamento y el país

Recinto de la Asamblea Departamental de Cundinamarca. Foto Archivo EPDC.

Mientras en Bogotá se hacen grandes cuestionamientos en torno a la elección del Contralor distrital por conflictos de intereses, la elección del Contralor de Cundinamarca no fue menos grave y escandalosa y sin embargo pasó totalmente desapercibida para los cundinamarqueses y medios de comunicación departamentales.

Lo que sucedió en Cundinamarca según el decir de los más suspicaces, es que el Gobernador quedo con un Contralor de bolsillo, cuando esta ad portas de recibir para el departamento regalías por el orden de un billón doscientos mil millones de pesos.

El pasado 6 de enero y en medio de grandes reservas e inconsistencias legales se eligió como Contralor de Cundinamarca a Néstor Leonardo Rico Rico, con el voto unánime de los diputados.

El nombre de Néstor Rico figuraba como el más seguro opcionado al cargo, incluso antes de ser elegido en la terna de candidatos. De él siempre se ha sabido que es ahijado de matrimonio del gobernador Álvaro Cruz Vargas y su señora, Zoraida Rozo; que es hijo de Néstor Rico exdiputado, excandidato a la alcaldía de El Rosal y cercano colaborador de la campaña a la gobernación de Álvaro Cruz. Que es yerno del exdiputado y excongresista Cesar Vargas, terrateniente de la provincia de Ubaté y militante de Cambio Radical, el partido de Álvaro Cruz y Germán Vargas Lleras, y que es el esposo de Lina Vargas, actual alcaldesa de Guachetá por el periodo 2012-2015. Municipio del resorte del control fiscal de Contralor.

La terna

Para escoger el Contralor de Cundinamarca se presentó una terna de candidatos a la duma departamental entidad que los elige. Dicha terna estuvo conformada por los candidatos elegidos por el Tribunal Superior de Cundinamarca, el Tribunal Superior de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cada uno de ellos según la ley 330 de 1996 debía realizar esta elección de acuerdo a un concurso de méritos.

De este concurso el Tribunal Superior de Bogotá, eligió a Jorge Enrique Cardozo; por concurso de méritos el Tribunal Superior de Cundinamarca, eligió a Sandra Hoyos Acosta, y como candidato del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue elegido Néstor Leonardo Rico Rico, en una convocatoria que no llenó los requisitos que ordena la ley, motivo por el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca recibió numerosas cartas de protesta y se entabló una queja contra los magistrados del Contencioso Administrativo de Cundinamarca, en el Consejo Superior de la Judicatura, por no aplicarse el concurso de méritos.

La elección

Pese a éste asalto de la ley, el proceso de elección siguió su curso como si nada y el 6 de enero después de un almuerzo que inició a las diez de la mañana y terminó a las tres de la tarde, de todos los diputados con el gobernador, se procedió a la elección de Contralor Departamental en una sesión que duró desde las cuatro de la tarde a las siete de la noche y en donde después de oír la presentación de los tres candidatos se eligió a Néstor Leonardo Rico Rico como Contralor departamental, con la votación unánime de los dieciséis diputados.

Si bien durante el debate de elección salieron a relucir las diferentes objeciones sobre el candidato Rico Rico, también es cierto que la mesa directiva de la duma presentó los diferentes conceptos   sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que le solicitaron a la ESAP, al Departamento de la Función Pública, al Programa de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y curiosa y equívocamente al Director Jurídico de la Contraloría General de la Nación, Rafael Enrique Romero Cruz.

El conflicto de intereses

La realidad, sin embargo, a las objeciones de la elección del Contralor Rico Rico no tienen que ver con el régimen de inhabilidades, toda vez que él no tiene inhabilidad alguna, lo que si tiene es impedimento para ejercer el cargo, ya que como lo expresa el abogado y ex viceministro de Justicia Guillermo Francisco Reyes González, en un documento que previa a la elección le hizo llegar a la duma departamental, como observaciones y comentarios sobre la elección de Contralor. En uno de sus apartes dicho documento dice:

“En efecto, el doctor Rico es el cónyuge de la recién elegida y posesionada alcaldesa de Gucheta, en Cundinamarca, y tiene una muy cercana y directa relación personal y de amistad con el señor Gobernador electo. Si bien lo anterior no es constitutivo de una causal de inhabilidad para ser elegido como Contralor del Departamento, pues se reitera, que las inhabilidades son taxativas, y ni en la Constitución ni en la ley dichas circunstancias mencionadas con anterioridad le generan inhabilidad al doctor Rico para ser elegido Contralor.

En el plano moral y personal, son muchas las dudas que ofrece su elección como una posible violación al régimen de conflicto de intereses, y de generarse por la elección una incompatibilidad por razón del cargo que ejerce su cónyuge como Alcalde de un Municipio, Guacheta, respecto del cual él como Contralor deberá ejercerle control fiscal”.

Esta situación ampliamente prevenida y anunciada antes de la elección, puede poner a la totalidad de los diputados a la asamblea en la cuerda floja, en el supuesto de que esta elección sea demandada e investigada por la Procuraduría, toda vez que ya existen antecedentes de concejales destituidos por votar por funcionarios cuya elección despierta tantas dudas.

Decisiones de la Procuraduría

Al respecto la Procuraduría se ha pronunciado en múltiples decisiones a concejales y diputados, como en el caso de la sentencia del 11 de enero de 2011 mediante la cual fueron sancionados nueve concejales de Cali, por la elección del Contralor Municipal. En algunos de sus apartes la Procuraduría aclara: “…lo que se demanda de ellos, no es que hagan disquisiciones jurídicas sobre una presunta inhabilidad o una violación al régimen de conflicto de intereses; lo que se les exige es que elijan bien, es decir, que ante un panorama de cuatro posibilidades (tres candidatos y la opción de votar en blanco), se escoja aquella sobre la cual no recaiga ningún asombro de cuestionamiento.

“…la elección, dice la sentencia, no impide que al momento de escoger entre las opciones posibles, se analicen las circunstancias morales y legales de quienes integran la terna y, se repite, no es que se tenga que hacerse un estudio jurídico de esas condiciones, sino que ante lo evidente, ante lo cuestionado, ante el debate, ante dos posiciones jurídicas, y a sabiendas de la responsabilidades que demanda esa relación de sujeción especial, se debe optar por aquella decisión que presente el menor riesgo y que permita cumplir en debida forma con el deber funcional de elegir”.

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