Nancy Patricia Gutiérrez busca darle un nuevo aire a Cundinamarca

Empezó su vida pública como alcaldesa del municipio de Agua de Dios, es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con especialización en derecho administrativo. Fue directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 1991 y secretaria del Medio Ambiente en la Gobernación de Cundinamarca en 1995. De ahí pasó a la Cámara de Representantes, donde estuvo en dos períodos consecutivos (1998-2002 y 2002-2006), convirtiéndose en la primera mujer presidenta de esta corporación.

En 2007 pasó a ser la presidenta del Senado de la República y, cuando terminó, enfrentó un proceso judicial, del que fue exonerada por la Corte Suprema de Justicia.

De ahí pasó a ser la presidenta de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones Móviles (Asomóvil).

Con el apoyo de los partidos Conservador y Centro Democrático, y un total de 230 mil firmas, se inscribió como candidata a la Gobernación de Cundinamarca 2016-2019, con un plan de Gobierno soportado en dos pilares: “la visión del progreso, partiendo de la riqueza humana y de los recursos naturales, y lograr que el desarrollo del departamento sea equitativo para los municipios”.

Justamente, para conocer un poco más sobre sus propuestas, El Periódico de Chía la entrevistó y esto fue lo que nos respondió.

 ¿Qué le ofrece de diferente a Cundinamarca, un departamento cansado de los malos manejos?

NPG: No cabe duda, Cundinamarca afronta una crisis desde hace varios meses, desde que Álvaro Cruz perdió la gobernabilidad. Requerimos un liderazgo urgente, porque hay muchos frentes que atender, como lo son la falta de productividad, del agua, del microtráfico y la inseguridad que aqueja a todo el departamento.

Me atreví a presentar mi hoja de vida y mi propuesta de gobierno porque tengo experiencia en los niveles departamental, municipal y nacional; conozco los 116 municipios y soy una cundinamarquesa que ama a la región y que cree que la política debe estar al servicio de la gente; esto es lo que consolida mi propuesta. Es un programa real, construido con la gente, en mesas de trabajo provinciales que recogieron las necesidades más apremiantes.

¿Cómo espera recobrar la credibilidad de un departamento, que todavía tiene vivo el recuerdo de Álvaro Cruz?

NPG: Lo que busca la gente es una garantía y seguridad de que en el próximo gobierno haya un equipo de trabajo comprometido, y estoy lista a dárselas. Lo cierto es que el 50% de mi gobierno estará constituido por mujeres y el otro 50% por hombres jóvenes y por personas con mucha experiencia que se desempeñarán con transparencia y eficiencia. Para afianzar este propósito queremos que la comunidad se involucre y que haya veedurías ciudadanas para asegurar que no se pierdan los dineros.

¿De qué manera intervendrá en el trabajo de la Corporación Autónoma Regional (CAR) para que se respeten los intereses medioambientales y de suelo en el departamento?

NPG: Cuando fui secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, hace 20 años, un experto nos decía que si no actuábamos rápidamente para proteger la sabana, llegarían las urbanizaciones y todas las construcciones que harían cambiar el uso del suelo y el sentido de protección ecológica y agrícola; y esto fue lo que sucedió, porque se perdió el liderazgo de la Gobernación en la CAR, entidad que ha manejado el uso de este suelo de una forma adversa y para su propio provecho. Incluso, se dice que muchos alcaldes se han enriquecido con esa “feria” de las tierras que hoy afecta a la región.

Cuando llegue a la Gobernación me comprometo a trabajar de cerca con la junta directiva de la CAR y a estar atenta a las políticas públicas que allí se fijen. De hecho, este es un escenario importante para lograr una interlocución con el alcalde de Bogotá y el Gobierno Nacional.

Hoy numerosos proyectos urbanísticos invaden a la sabana. ¿Qué planes tiene en su programa para hacerle frente a este problema?

NPG: Ha sido una falta de visión regional, tanto de Bogotá como de Cundinamarca. En el año 2000 presenté en el Congreso de la República un mecanismo que se convirtió en ley, y es el de los Comités de Integración Territorial, los cuales me propongo a liderar, con el objetivo de que nos podamos sentar con los 20 alcaldes de la sabana para hablar del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Esto teniendo en cuenta que el próximo año comenzarán las modificaciones a los POT y que, por lo tanto, es el momento para que, desde la competencia, se puedan definir los parámetros que deben tener los municipios, en conjunto con la CAR, respetando la autonomía municipal y teniendo una visión general del territorio. Si de lo que queda logramos ordenar las zonas industriales, las de urbanización y las rurales, vamos a lograr un territorio ordenado.

Pero también hay dos temas imprescindibles dentro de esa intención y es también garantizar el acceso del agua a Chía y los demás municipios de la Sabana Centro, que pagan los costos más altos del país por este recurso que les vende Bogotá en bloque y que, luego, cada municipio le agrega el valor administrativo por manejo independiente. Esto es una falta de consideración con los habitantes de esta región. El otro tema es la movilidad, ya que el próximo año vencerá la concesión Devinorte y es la oportunidad que tenemos en Cundinamarca para poder liderar la solución de los trancones que hay en Chía y en Cota, y que también afectan a Cajicá y Zipaquirá; como también tenemos que mirar alternativas de solución y un manejo integral de la congestión vial.

De igual forma, es necesario revisar el tema de la tarifa preferencial en el peaje de la autopista Norte para los habitantes de Chía. Para tal efecto, tenemos que hacer un equipo con los alcaldes de la región, para alcanzar una mayor fuerza política.

Para garantizar el agua en el departamento, ¿se necesitan, entonces, acueductos regionales?

NPG: Cundinamarca tiene tres ejes de acción para el acceso al recurso: primero están las cuencas hidrográficas, que deben ser los ejes planificadores y de donde parta la necesidad de hacer las zonas de protección de reserva hídrica; en segundo lugar, hay que establecer las bases que nos permitan lograr acueductos regionales para Cundinamarca, y tercero, se necesita una política de reservorios para el sector rural, con el fin de que exista una garantía de agua para la producción del sector agropecuario en general; esto teniendo en cuenta que el fenómeno del cambio climático es una realidad y que Cundinamarca necesita prepararse para la escasez del agua.

Soy partidaria de los acueductos regionales o de contar con una empresa alterna que le haga competencia a la de Bogotá, con el fin de que se mejoren las condiciones de negociación, las reglas de juego y hasta los costos.

¿Qué pasará con la Región Administrativa de Planeación Estratégica (Rape)?

NPG: Es un mecanismo de planificación que estará listo en el mediano y largo plazo, pero se necesita un proyecto más pequeño que permita un anillo más cercano, más rápido y de corto plazo, como es el caso de los Comités de Integración Territorial, que se encarguen de unir directamente a Cundinamarca con Bogotá.

¿Qué modelo de región apoyará para la integración con Bogotá?

NPG: Es un modelo de concertación que demanda voluntad política. Mi compromiso está con los alcaldes, que son con quienes debemos trabajar y tener una fuerza política regional para hablar con Bogotá y la nación, incluyendo temas de concertación, como el agua, el transporte masivo, la seguridad y la movilidad. La agenda de trabajo es muy amplia, por lo tanto, hay que buscar puntos de concertación a través de los Comités de Integración Regional.

Al momento del diseño tenemos el modelo de ciudad región y el de ciudad metropolitana, ¿cuál de los dos es el que compartiría?

NPG: No hay un mecanismo de ley impositivo. Está la Rape como un proceso de planificación, pero de mediano y largo plazo. Están los Comités de Integración Territorial, que son el medio jurídico que veo más efectivo, pero el programa depende de la voluntad política de las autoridades, por eso se necesita un proceso de concertación con una agenda determinada, a través de unos acuerdos que pueden ser unos contratos que permitan la inversión de la nación y de las entidades territoriales, teniendo como base un tema puntual.

¿Qué pasará con el anhelado proyecto del tren de cercanías en su gobierno?

NPG: De los tres modelos de pasajeros destinados (Bogotá-Soacha, Bogotá- Facatativá y Bogotá-Zipaquirá), el único que tiene un cierre financiero es el de Facatativá- Bogotá. Toca revisar cómo va el proyecto y cómo está diseñado el modelo financiero. Soy partidaria de la inversión privada, pero muy bien negociada, porque es allí en donde se necesita responsabilidad social, y también revisar las opciones presupuestarias de la gente, para que no terminen siendo tarifas que nadie pueda pagar. Me encantaría sacar el tema de los trenes rápidos, pero todo dependerá de los recursos.

¿Qué pasará con el El Dorado II o aeropuerto alterno a Bogotá?

NPG: Lo del aeropuerto está en estudio de financiación e inversión, pero se cree que se construya entre Madrid y Facatativá, lo que afectaría la Sabana Occidente. Definitivamente, la próxima Gobernación requiere un liderazgo fuerte, por los temas que se deben manejar, incluyendo éste, que van mucho más allá de los municipios y del gobierno departamental; entonces aquí también hay que hacer un gran bloque con los alcaldes de la región para mirar cuál es la proyección que hace la nación de esos estudios.

No podemos volver a cometer los errores del pasado, cuando se construyeron los embalses para la generación eléctrica del país, y los municipios no tuvieron ninguna clase de beneficio; por ejemplo, actualmente las zonas que quedan alrededor de la represa del Guavio no tienen agua ni vías. Por lo tanto, se debe hacer una planificación del territorio en la que queden bien estipuladas las zonas industriales y las áreas de floricultura, ya que éstas son las que generan el empleo en toda la sabana, entre otras. También revisar cómo son los estudios de la nación, porque esto traerá desarrollos para la región y se requieren infraestructura, vías, seguridad y transporte masivo, por citar sólo algunas cosas.

El aeropuerto Guaymaral hoy recientemente recibió las naves pequeñas que tuvieron que salir de El Dorado; allí se han construido hangares hasta para 200 avionetas, se han incrementado los índices de vuelo y, por lo tanto, la accidentalidad tiende a crecer. ¿Cómo se va a regular el manejo de este lugar, teniendo en cuenta que cada vez se autoriza la construcción de más zonas residenciales a sus alrededores?

NPG: Aquí se ve claramente la urgencia en la definición de un POT regional, porque no ha habido el liderazgo suficiente para darles solución a temas tan fundamentales para la comunidad, como éste. Teniendo en cuenta que a principios de 2016 comenzará la revisión de los POT, hay que aprovechar la situación para definir qué va a pasar con esta área que compromete intereses particulares y públicos.

La tendida de las redes eléctricas de la estación de La Esperanza, en Tocancipá, ha tenido reacciones de varios municipios por el impacto ambiental. ¿Qué va a hacer la Gobernación para darle orden a este proyecto?

NPG: Hay mucha inconformidad de la comunidad por este proyecto, el cual ya forma parte de una decisión de la nación, y que por ser redes de tendido eléctrico de orden nacional están por encima de las autoridades municipales. Sin embargo, vale la pena hacer una audiencia pública en enero, para saber los efectos reales de estas líneas sobre todos los territorios que compromete, incluyendo el comercio.