Municipios dejarían de recibir más de $814 mil millones con la reforma tributaria

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Así lo manifestó la Federación Colombiana de Municipios, que hace un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, para que en el texto de la Reforma Tributaria se eliminen los artículos 299 a 302 que hacen referencia a los recursos destinados para el alumbrado público municipal.

 

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La Federación Colombiana de Municipios, en nombre de los Alcaldes y Alcaldesas del país, hace un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República; para que en el texto de la Reforma Tributaria que se está debatiendo en el legislativo se eliminen los artículos 299 a 302, los cuales hacen referencia a los recursos destinados para el alumbrado público municipal.

Todos los acuerdos municipales que están vigentes en este momento tendrían vigencia de solo seis meses a partir de la aprobación de la Reforma; esto implica que seiscientos catorce municipios no tendrían recursos para asumir el costo del servicio de alumbrado público” aseguró Gilberto Toro Giraldo, Director Ejecutivo de Fedemunicipios.

Actualmente el impuesto al alumbrado público recauda $814.479.580.180, los cuales son destinados a la compra de energía, administración y mantenimiento del sistema, y si hay excedentes, son usados en la expansión y modernización de la red.

Sin este recaudo hay municipios que en seis meses no podrían sostener un alumbrado público; además los habitantes de los estratos uno y dos se verían afectados por aumentos de hasta el 1000% en el servicio de energía para soportar esta descompensación” recalcó Toro Giraldo.

El impuesto de alumbrado público ha sido fortalecido por varias sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, según las cuales, el existente actualmente es el impuesto más idóneo y fundamental para la prestación del servicio de Alumbrado Público. Permitir que sea modificado en este momento, desencadenaría una serie de litigios, en especial propuestos por las empresas que actualmente cuentan con modelos de concesión que requieren de garantizar un modelo de operación y financiación ya comprometidos, y que por tanto podrían en riesgo la prestación del servicio y la sostenibilidad fiscal de los municipios.

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