El dilema de la administración pública

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Chía| Por Alberto Conde| Columna de opinión|
Vender  más significa: crear más demanda y producir más con los menores costos posibles. Por eso es absurdo que empresas privadas manejen los servicios públicos.

En el sector público, el presupuesto está ligado al propósito de servir mejor y más oportunamente a la ciudadanía. Servir mejor y más oportunamente significa invertir en satisfacer las necesidades de la población bajo la jurisdicción del gobernante, en función de prioridades establecidas según los derechos humanos y el sostenimiento de relaciones armónicas entre los miembros de la sociedad.

Ahora bien, establecer prioridades de inversión propone una contradicción: las necesidades de los pobres frente a las de los más pudientes. Este dilema no se presenta en el sector privado porque la empresa privada tiene la posibilidad de atender ambos sectores o de atender solo el sector de mayores ingresos con productos distintos y lo hace a condición de que sea rentable hacerlo.

En la administración pública, las inversiones, en muchos casos, son motivadas por emergencias, cuya prevención no siempre es posible porque existen trances originados en desastres naturales o accidentes cuya atención puede requerir cuantiosas sumas de dinero.

No obstante, los principales factores en contra de la posibilidad de prevenir los desastres naturales son: la absurda distribución de la tierra que obliga a los más pobres a ubicarse en zonas de alto riesgo y los bajos niveles de capitalización que impiden a los microempresarios del campo tomar todas las medidas de seguridad y prevención que se requieren.

Balancear la inversión para lograr la satisfacción de la totalidad de la población es, creo, el problema principal de un buen administrador público y su solución exige un nuevo y diferente modelo político económico.

La cuestión es que la población, cuyas necesidades se busca satisfacer desde la administración pública, percibe las necesidades de manera muy distinta, de suerte que sería necesario buscar consensos para atenderlas racionalmente y esta necesidad (de los consensos) exige vincular esa población de muchas formas al ente administrativo.

Ésa es en mi opinión, la falla fundamental de quienes dirigen los aparatos administrativos municipales: no diseñan formas de vincular a su gestión a la población que pretenden gobernar, y claro, tampoco disponen de formas eficientes y rápidas de comunicación.

Muchos dirán que la sugerencia implícita en la anterior afirmación es poco práctica, y efectivamente, así sería si no existieran organizaciones sociales. De manera que un punto clave en cualquier programa de gobierno sería la adecuación de los aparatos de participación ciudadana como las Juntas de Acción Comunal, las Juntas Administradoras de los conjuntos residenciales, las diferentes asociaciones, como las de padres de familia, las de profesionales, los gremios, los sindicatos, las veedurías, las ligas de consumidores, etcétera, para coadyuvar en la toma de decisiones de la Administración municipal.

Si la ciudadanía participa efectivamente en la concepción de los planes y en su ejecución comprenderá mejor el funcionamiento del Estado a nivel municipal, departamental y nacional.

En el caso de Chía, por ejemplo, toda la discusión acerca del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), tendría otra orientación si los voceros de las organizaciones mencionadas estuviesen participando, pues hoy esta discusión se halla sesgada por el interés de los urbanizadores y de los miembros de las lonjas de administradores de inmuebles, quienes obviamente desean ver a Chía convertida en un territorio llenos de edificios de 5 a 20 pisos, según ellos con el fin de densificar la parte urbana del municipio.

El hecho de que las mega-obras proyectadas se demorarán mucho en su ejecución y generarán mayor demanda de construcción; y la circunstancia de que no existen planes para adecuar la parte urbana actual de la ciudad al crecimiento al que la están sometiendo actualmente, con la construcción de edificios en donde antes existía solo una casa. Además la metodología establecida para el análisis de la propuesta sobre el POT oficial hace inoficiosa la participación para quienes nos oponemos a esos desastrosos planes.

Ahora, hablar de participación no significa que todos y cada uno de los ciudadanos debe estar presente en la organización. No, de lo que se trata es que todas las personas que quieren y puedan hacerlo tengan la oportunidad. Para lograr este objetivo debemos aprovechar todas las organizaciones existentes en el municipio, así como las ONGs que trabajan o quieren trabajar en él. Esta es la labor fundamental que debe cumplir la Secretaría de Desarrollo Humano y Social y por eso es que los humanistas la consideramos primordial.

Así se podría manejar de mejor manera el dilema objeto de este artículo, pues serían los participantes mismos, en cada caso específico, quienes decidirían en función del interés general y el bienestar social.

Debemos creer en una sociedad capaz de concebir gobiernos que paulatinamente generen reformas serias para acercar a los ciudadanos entre sí y a estos con el Estado, hasta lograr que este último sea realmente democrático y la sociedad realmente pluralista, participativa e incluyente.

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