La ausencia de planeación de la región Bogotá – Sabana

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Por Luis Alberto Correa  C.| Columnista |Economista UniAndes
 
En la hacienda el Noviciado de Cota, en 1.991, realizamos con varios alcaldes de la Sabana un debate sobre las relaciones Bogotá – Sabana en general y en particular sobre el impacto adverso del trazado de la avenida ALO que proponía el entonces representante Enrique Peñalosa sobre los municipios de sabana occidente y centro, por fortuna, además de ser un proyecto irrealizable por lo costoso, había una sólida oposición de la comunidad sabanera por la conciencia de preservar la sabana.

La articulación interinstitucional entre el distrito capital, los municipios sabaneros y la gobernación es inexistente, los intereses políticos divergen  entre los sucesivos  gobernantes de cada territorio y no hay claridad sobre los beneficios de esta integración en términos de las sinergias,  y la convergencia coordinada para la financiación de proyectos comunes.

La errática percepción de competencia y no complementariedad entre estos entes territoriales ha determinado la compleja problemática actual.

El apoyo legal y financiero del gobierno nacional ha permitido congregar a los entes en cuestión en dos casos excepcionales: la extensión del sistema transmilenio a Soacha y el proyecto del tren Bogotá – Facatativá, y más recientemente los proyectos para la ampliación de los accesos a la capital tanto por el occidente calle 13 como  la ampliación de la autopista norte entre  las calles 195 y La Caro y la similar ampliación de la carrera séptima entre estas mismas coordenadas; Proyectos abandonados más de 12 años en las cuestionadas administraciones de Samuel Moreno Rojas, Lucho Garzón y Petro y sus contrapartes en  Cundinamarca:  Andres González y Alvaro Cruz hoy condenado, este último por corrupción, sin olvidar los cuestionamientos contra el actual gobernador Rey denunciados por el senador Carlos F Galan.

En el tema de infraestructura de salud los hospitales de Soacha y de Zipaquirá constituyen la otra excepción a esta crítica ausencia de diálogo e integración pero de nuevo merced a la intervención financiera de la nación fue posible su desarrollo.

Sin embargo, la agenda pendiente es enorme y las amenazas del distrito sobre el vecindario es igualmente grave con un POT hoy en proceso de aprobación en la CAR y el concejo distrital, no sabemos que cambios se harán sobre la Reserva Van der Hamen que constituye un pulmón verde y ha evitado la conurbación perversa sobre Chía, pero el proyecto zonal del norte con  300 mil viviendas hará imposible la movilidad de acceso a Bogotá por la autopista norte.

Es lamentable, qué en el Plan de Desarrollo, en estudio en el congreso, no se haya incluido el proyecto de tren Bogotá norte hasta Zipaquirá y los anuncios del ministro de Hacienda de no dar viabilidad a más proyectos por la vía de vigencias futuras dejan un preocupante panorama a la movilidad de esta región hoy colapsada y sin esperanza.

No es cierto que con la construcción de la troncal del peaje entre la variante de Chía y la autopista norte se vaya a mejorar la movilidad del sector como dijo de manera errónea la ministra Orozco ya que sin el intercambiador a desnivel entre la citada variante y el carril al norte de la autopista, el tráfico pesado tiene que ir hasta el retorno en BIMA con lo que se les aumenta el recorrido en más de 5 kms congestionando estos tramos de la autonorte que hoy no utilizan, además, con la prohibición temporal del tráfico pesado sobre la Avenida Pradilla se demostró que tampoco mejora la movilidad en esta vía ya que es el tráfico liviano particular el responsable de más del 80 % de la citada congestión, y se explica esto por la caótica, dolosa y desordenada urbanización de todo el territorio local sin la previa construcción de vías. Cero planeación local.

Ojalá que con el cambio de mandatarios locales se logre una integración, planificación y ejecución más coherente y eficiente de los proyectos porque van 10 años sin inaugurar el hospital de Zipaquirá y similar demora con el tren de occidente y faltan 5 años para verlo en marcha, pero habrá que transformar la estructura del estado por cuanto estas ineficiencias y corrupción son generalizables a todas las regiones de Colombia.

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