La crisis político-jurídica

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Por Alberto Conde | Columnista

El plebiscito por la paz dejó claro que las fuerzas políticas a favor y en contra del acuerdo de paz están parejas y esta situación no ha variado. Desde el punto de vista puramente electoral es cierto que ganaron quienes se opusieron a los acuerdos con las FARC, pero su victoria aún desde el punto de vista puramente cuantitativo fue pírrica, mientras cualitativamente hablando la significación es contraria a la que suponen los ganadores, pues  la situación que hoy tenemos es consecuencia de esa paridad de fuerzas que dejó a los colombianos sin saber que camino coger porque el acuerdo en sí no es suficiente para devolvernos la tranquilidad y la confianza en el futuro.

Ahora bien, vistas así la cosas me pregunto: ¿cuál debería ser la actitud más sensata de la dirigencia política colombiana, sea esta de oposición o de gobierno, si ponemos por encima de los intereses económicos y políticos particulares y/o partidistas la tranquilidad y el bienestar de la nación? De algo estoy seguro: el desarrollo exige paz y, por tanto, la actitud conveniente no es la que asumieron los “ganadores”; es decir la de desconocer los acuerdos de paz y al mismo tiempo buscar la liquidación total de las fuerzas insurgentes con las cuales se pactó tal paz.

Tampoco la arrogancia de algunos dirigentes de las FARC que resulta hiriente y ofensiva para sus víctimas, porque precisamente la crisis actual es la consecuencia de estas dos actitudes. La guerra terminó, pero el conflicto no.

Y el conflicto ha sido mal manejado por las dos partes principalmente involucradas en él: el uribismo y las Farc junto con algunos de sus amigos.  Por respeto a sus víctimas y a sus enemigos, por ejemplo, algunos miembros de las Farc no han debido aspirar a representar a su partido en el congreso (entre esos Santrich).

Pero de la misma manera, el uribismo ha debido abandonar su sed de venganza y sus ambiciones económicas para dedicarse a formular o a respaldar propuestas que faciliten la reconstrucción económica, ética y política del país, entendiendo que la guerra fue consecuencia de las asombrosas desigualdades sociales que hubo y hay aquí.

La idea de eliminar la diferencia e imponer la identidad absoluta ya no cabe sino en la cabeza de mentes enfermas y retrógradas. En este siglo, es en medio de la diferencia que tenemos que reconstruirnos, por que la postmodernidad es precisamente la eclosión de la diferencia.

El señor Santrich es sin duda un personaje oscuro, tenebroso, pero otros personajes de la política colombiana relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo también lo son. ¿Por qué las investigaciones al respecto van tan lentas? Además, en el juego de la política internacional hay que considerar los intereses electorales y económicos  del presidente Trump y  los del Estado norteamericano en Colombia. ¿Por qué no enviar oportunamente las pruebas para precisar la fecha en que ese personaje de las Farc incurrió en el nuevo delito de narcotráfico que se le imputa? ¿No habría el propósito de crear un estado de confusión y desconfianza respecto a JEP para facilitar la vuelta al pasado donde los terratenientes impusieron su ley? Al fin y al cabo la política minera que impulsa el actual gobierno colombiano y que favorece a las transnacionales no cuenta con suficiente respaldo en el Congreso, ni entre los campesinos y tampoco su política económica.

¿No es útil para los inversionistas norteamericanos que el gobierno colombiano retome por la fuerza, mediante la guerra, territorios ricos en recursos naturales donde el campesinado y los indígenas se oponen a la explotación por razones ecológicas y también los hoy controlado por las fuerzas subversivas y los mineros ilegales?

Este no es un país cuya dirigencia política y económica se haya distinguido por la pulcritud ética. La corrupción del la administración pública está ligada a la corrupción privada, o, ¿con quién se han celebrado los leoninos e inescrupulosos contratos que han permitido el saqueo de las arcas del Estado colombiano? En realidad, la renuncia de Fiscal General de la nación no se puede entender como un acto de protesta, puesto que el acuerdo con las Farc no es nuevo y el ya había manifestado su desacuerdo con el mismo.

¿Por qué aceptó entonces la Fiscalía? Y si el gobierno norteamericano no quiso facilitar oportunamente las pruebas a la JEP, ¿por qué aparecen ahora como por arte de magia? Hay demasiadas cosas oscuras en todo este proceso como para creer que en realidad al fiscal que acaba de renunciar y al gobierno nacional los mueve el deseo de “salvar el orden constitucional y jurídico del país” que, dicho sea, frecuentemente es violado o ignorado para favorecer intereses y personajes de los escenarios político y económico de Colombia.

Lo que si es verdad es que está en crisis todo el ordenamiento social, político, económico y ético del país y que esta crisis no se superará con pañitos de agua tibia, como la llamada a un pacto social entre las fuerzas de la derecha (moderada y radical) porque las fallas son estructurales y cuando las estructuras fallan el edificio tarde o temprano se derrumbará. Por tanto, la solución es generar una nueva estructura acorde con las nuevas condiciones sociopolíticas y económicas.

Esa es la verdadera necesidad del país, porque el pueblo colombiano esta absolutamente desreferenciado, no cree en ninguna institución, ni en ninguna guía, puesto que todo está fallando. Pero la propuesta de Duque –que excluye a la izquierda y a todo movimiento con visión realmente diferente a la de su jefe-, sólo da para algunas reformitas que en poco tiempo serán obsoletas y solo logrará que la entropía crezca hasta niveles inmanejables.

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