Crónica de un calvario ciudadano en Cota

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La comunidad integrada por cerca de 35 familias ubicadas sobre un tramo de la calle 13 entre carreras 8.ay 9.a, zona centro del municipio de Cota, hemos solicitando a lo largo de siete largos años la apertura y continuidad de esta calle.

 

Cota | Por Luis Gerson Parada, ciudadano afectado | Denuncia |
 Esta vía hoy se encuentra cerrada en aproximadamente 31 m de longitud aunque en el PBOT vigente se relaciona como una proyección vial entre las carreras 8 y 8A, dándole continuidad a la calle 13 hasta el piedemonte de los Cerros de Majuy.

La apertura de esta vía (que en una extensión de 278 m de longitud le fue entregada al municipio el 13 de mayo de 2005, mediante escritura de cesión n.o325) nos permitiría a las cerca de 120 personas que integramos esta comunidad, acceder a servicios públicos hoy interrumpidos como gas natural, telefonía e internet, y a otra comunidad vecina ampliar la red de agua potable de dos a tres pulgadas (obra que no se pudo continuar en abril de 2011). La habilitación de esta vía también nos beneficiaría facilitándonos el acceso a las viviendas, toda vez que con la apertura de la calzada solicitada, el trayecto para llegar se reduciría de 14 a 4 cuadras, que es la distancia real que existe de nuestros hogares a la vía principal de Cota.

Por lo anterior, es claro que los derechos e intereses colectivos que le asisten a esta comunidad previstos en el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, y enunciados en la Ley 472 de 1998, hacen referencia a “EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA, EL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO”.

No obstante, lo más grave que esta comunidad ha tenido que afrontar es que de los 278 metros de vía entregados en el 2005, el alcantarillado sanitario, instalado por la administración municipal, se hizo solo en 178 m con la particularidad de que las aguas negras se dirigen hacia la montaña (sentido contrario en 180 grados al resto de la red), con una pendiente insuficiente que provoca que estas aguas se devuelvan en épocas de fuertes lluvias.

Al respecto, tanto la empresa de servicios públicos, EmSerCota, como las tres últimas administraciones han reiterado la necesidad urgente de abrir este paso dado que es obligatorio redireccionar el alcantarillado sanitario existente (178 m), por esta vía proyectada de 31 metros que conectaría la red del sector afectado (carrera 8A) con la existente al otro lado (carrera 8). La lentitud administrativa  para habilitar esta vía de escasos 31m ha impactado a esta comunidad por más de siete años, afectando nuestra salud, movilidad y seguridad, entre muchos otros problemas.

A lo largo de estos siete años los residentes del sector, le hemos dado trámite a 17 derechos de petición, hemos solicitado el seguimiento de la Personería y de la Gobernación de Cundinamarca sin resultado alguno, lo que hace indignante esta situacion para la comunidad. La negligencia manifiesta de esta y las dos anteriores administraciones, nos ha llevado a suplicar soluciones por años, mientras que el gobierno municipal, conocedor al detalle de esta problemática, juega con nosotros a su antojo, mientras se nos va la vida pasando papeles, haciendo trámites y asistiendo a reuniones donde nos aseguran soluciones que no llegan, que no se cumplen, que no son ciertas.

En consecuencia, entre otras respuestas dadas por la administración municipal, se cuentan las siguientes: en abril de 2011 “…este tramo, estaba próximo a su apertura”. Para agosto de 2011 “…ya se habían adelantado las gestiones con la oficina de Planeación para lograr la cesión del tramo correspondiente” y en diciembre la Secretaría de Obras se comprometía “…a iniciar el alcantarillado faltante y a realizar el mejoramiento de la vía”. En febrero de 2012 “…aparece un contrato de alcantarillado sanitario, que debía ir incluido en dicho proyecto”. En los años 2013 y 2014 “…la vía en mención no estaba entregada al Municipio, por lo tanto, la Secretaría no está facultada para intervenirla”.

En marzo de 2016, el actual alcalde Carlos Moreno, manifiesta su interés por atender y resolver nuestra  problemática, adicionalmente, nos dice que “el lunes 7 de marzo en reunión con sus secretarios tratará el tema”; y recalca “que el interés general prima sobre el individual, y que, si es preciso expropiar, él lo hará’’.Treinta (30) meses después (septiembre 2018), el último dato aportado por la administración municipal es que existe un Proyecto de Acuerdo mediante el cual se autoriza al alcalde hasta el 31 de diciembre de 2019 para adquirir a título de compra dos predios ubicados en la vía proyectada de 31m.

Esta absurda situación deja en evidencia la forma sistemática en que hemos sido burlados, año tras año, por las tres últimas administraciones, y se corrobora el ejercicio de prácticas irresponsables y dilatorias de sus funcionarios; es obvio que la voluntad política que el actual alcalde mostraba al comienzo de su gobierno, queda nuevamente endosada al gobierno entrante en el 2020; en consecuencia, la comunidad de este sector, en ejercicio al derecho que los asiste, interponen UNA ACCIÓN POPULAR, la cual fue admitida el 27 de septiembre en los juzgados de Facatativá.

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