Llegó el momento de reformar el sistema nacional ambiental
Expertos en medio ambiente aseguraron que algunos de los grandes retos de 2017 serán: cumplir con los compromisos internacionales de cambio climático, poner en marcha la ley del pago por servicios ambientales y coordinar la gestión del territorio en sintonía con la paz.
Expertos en medio ambiente aseguraron que algunos de los grandes retos de 2017 serán: cumplir con los compromisos internacionales de cambio climático, poner en marcha la ley del pago por servicios ambientales y coordinar la gestión del territorio en sintonía con la paz.
Foto: Mario Carvajal
En abril de 2016 la ciudadanía impidió que la empresa Hupecol hiciera exploración de hidrocarburos en 15 puntos de La Macarena, muy cerca de Caño Cristales, una de las maravillas ambientales del país.
Durante este año el sector ambiental deberá enfrentar grandes retos. Uno de los más urgentes será reformar el Sistema Nacional Ambiental (Sina) que, como dijo el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, está en desventaja frente a los otros sectores: por cada peso que el sistema tiene para su funcionamiento, otros, como infraestructura o vivienda, tienen 13.
El Sina, como explicó Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, tiene muchas ruedas sueltas por falta de diseños y problemas estructurales que no le permiten garantizar el flujo de información y la coordinación operativa. Este sistema, compuesto por corporaciones autónomas regionales, institutos de investigación, autoridades ambientales urbanas y Parques Nacionales Naturales, “sigue apagando incendios porque hay situaciones urgentes por todas partes. Y no hay unos protocolos. No hay una financiación persistente para que Colombia conozca de manera robusta qué le pasa a su medioambiente”, resaltó.
Otro asunto de gran envergadura será cumplir con los acuerdos de cambio climático sellados en París, que buscan metas colectivas y ambiciosas para detener el aumento de la temperatura global. El país, también, deberá reducir drásticamente la deforestación e incrementar las áreas protegidas para frenar la conversión de bosques y otros ecosistemas.
Colombia ya tiene un plan de acción de biodiversidad, oficial, adoptado por el Minambiente y presentado ante organizaciones internacionales que está listo para ser implementado de aquí a 2030. “De manera que tenemos una carta de navegación. Hay que ponerla en práctica”, dijo Baptiste.
Además, tendrán que firmarse proyectos de ley como el pago por servicios ambientales, que compensan el buen uso de los recursos naturales con incentivos económicos para los ciudadanos y campesinos que cuidan de ellos. “Igualmente, que se emita la ley de minería ilegal que permita fortalecer la acción estatal para abordar esta problemática y que apruebe la ley de páramos y la de tasas por uso de agua pues son dos instrumentos que nos ayudarán a proteger el recurso hídrico que es el más preciado para nuestra subsistencia”, complementó Mary Lou Higgins, directora de WWF Colombia.
Como aseguró Brigitte Baptiste, lo más complejo este año será “recuperar la gobernabilidad ambiental en el territorio e involucrar a los distintos sectores de la economía en la gestión ambiental. Yo creo que uno de los aspectos que no se han entendido bien en los últimos años es que el resultado ambiental de la política se vea en el sector agropecuario, en el minero, de comercio, infraestructura y desarrollo urbano”, dijo. Para Baptiste, no debería existir un sector ambiental a cargo del ambiente exclusivamente, sino más bien un sector ambiental que debe articular el buen gobierno ambiental. “En eso estamos crudos. Sigo sin escuchar al ministro de Agricultura defender la sostenibilidad agropecuaria con base en el buen manejo de la biodiversidad, el agua o el suelo”, aseguró.
En esto coincide Mary Lou Higgins, directora de WWF Colombia, quien resaltó la importancia de enfrentar las contradicciones en la gobernanza de los recursos naturales y en los territorios, pues actualmente hay políticas que buscan reducir la deforestación, impulsar un desarrollo bajo en carbono y adaptarse al cambio climático. Pero al mismo tiempo hay otras políticas que fomentan un modelo extractivo que tiene impactos en los ecosistemas estratégicos y disminuyen la resiliencia para la adaptación a climas cambiantes.
En el 2016 salieron a relucir varios movimientos ciudadanos que les pusieron un tatequieto a los proyectos que atentaban contra el medioambiente. Uno de los más ruidosos fue el que logró quitarle la licencia ambiental a una empresa extranjera para que hiciera exploración de hidrocarburos en La Macarena, muy cerca de una de la maravillas ambientales del país: Caño Cristales. Higgins, de WWF, sostiene que “en los últimos años, hemos sido testigos de cómo se están fortaleciendo movimientos de la sociedad civil que utilizan medios alternativos, como las redes sociales, para movilizarse. En Colombia, estas últimas han tenido un eco tan fuerte que han frenado proyectos extractivos con potenciales impactos negativos. Tenemos que buscar la forma de seguir fortaleciéndolos para garantizar una mejor gobernanza de nuestros recursos naturales”.
Baptiste refuerza la idea de cualificar estos movimientos. “Las cortes han sido importantes en recoger ese sentimiento y en hacer que el Estado reflexione sobre la manera en que se construye la normatividad ambiental. La participación ciudadana tiene que ser constructiva en la medida en que requiere formular propuestas. Y a eso invito yo en el 2017: a que haya un posconflicto ambiental y que los ciudadanos preocupados por las decisiones participen, no sólo a través de las redes, sino en la solución de los problemas regionales , temáticos e institucionales”.
De hecho, el 2017 será el año en el que se pondrá en marcha el posconflicto. Sin embargo, son muchos los problemas ambientales que persisten en el terreno y que no dependen de la firma del Acuerdo de Paz: la minería ilegal con sus efectos contaminantes, altos niveles de contaminación de agua por falta de tratamiento y el avance de la frontera agrícola. “Con el Acuerdo de Paz, Colombia tiene una gran oportunidad para atraer inversión y forjar alianzas estratégicas en el sector energético que impulsen el desarrollo de energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica”, concluyó Mary Lou Higgins.
Para el ambientalista Julio Carrizosa, las prioridades ambientales en el 2017 deben estar ligadas a la construcción de la paz. “Hemos solicitado al Gobierno y a las Farc que la mejora del ambiente sea considerada como un objetivo común en el cual todos podríamos estar de acuerdo para reconstruir la nacionalidad. En lo práctico creemos que trabajos urgentes como la restauración ecológica o la descontaminación de los ríos piden generar espacios comunes de trabajos conjuntos de desempleados y desmovilizados en sitios prioritarios como la ciénaga de Santa Marta o las cuencas del Cauca y el Magdalena”.
