El rey de Cundinamarca
El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel ha sido mencionado en varias denuncias por estos hechos pero nada ha sucedido. La mayor parte de las investigaciones por el “volteo” quedaron frenadas en el escritorio del director anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, hoy detenido después de ser grabado por la DEA en Estados Unidos recibiendo sobornos del ex gobernador de Córdoba.
Rey es un político local de Funza, Cundinamarca, que ganó poder y notoriedad usando la maquinaria de numerosas juntas de acción comunal. Gracias a ese aparato ha llegado a la alcaldía de Funza, a la Cámara de Representantes y a la gobernación de Cundinamarca.
Mientras era alcalde de Funza estallaron escándalos de corrupción que fueron prontamente sofocados. Uno de esos escándalos tiene que ver con el no cobro de plusvalía para favorecer a un particular.
El tema fue documentado por denuncias ciudadanas, por la investigación del senador Carlos Fernando Galán y por la revista Semana.
Estos negocios generalmente se orquestan en temporadas festivas cuando hay menos atención sobre los actos públicos. El viernes 30 de diciembre de 2011, un día antes de terminar su administración, el entonces alcalde de Funza y hoy gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expidió una resolución determinando el monto que deberían pagar por plusvalía varios predios beneficiados por un acuerdo del concejo municipal.
En la lista fue incluido un gigantesco terreno perteneciente al señor Mario Angulo. De acuerdo con el documento, el propietario debería pagarle a Funza más de 950 millones de pesos por plusvalía.
Así empezó la alcaldía de Jorge Enrique Machuca, sucesor y subalterno de Jorge Emilio Rey. Basta decir que ya como gobernador Rey nombró a Machuca gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca.
Diez semanas después la jefe de planeación de Funza –es decir una subalterna del alcalde- otorgó licencia de urbanismo al mismo predio identificado desde ese momento como “Parque Industrial San Pedro” mediante la resolución 366 del 12 de marzo de 2012. El número es importante, ya verán ustedes por qué.
La misma resolución 366 identifica a tres documentos distintos que fueron cambiados de manera sucesiva e irregular. La primera resolución hablaba de una área de 168.950,30 metros cuadrados y 34 lotes.
La última resolución, bajo el mismo número, sube el área autorizada para construcción a 176.234 metros cuadrados y a 41 lotes. Es decir le otorga un millonario beneficio al constructor sin cambiar el valor de la compensación.
La jefe de planeación de Funza que firmó estas resoluciones irregulares se llama Adriana Milena Orozco Quecano y es la esposa de Giovanni Villarraga, ex alcalde de Madrid, Cundinamarca, capturado por acusaciones de corrupción. Villarraga, también de la cuerda del gobernador Rey, había sido nombrado por este en la dirección de la función pública de Cundinamarca.
Esta semana le imputarán cargos por “volteo de tierras” al ex alcalde de Mosquera, Álvaro Rincón. Varios de los documentos que comprometen a Rincón están firmados por quien fuera su secretario de gobierno Nicolás García. García es hoy el jefe de gabinete del gobernador Rey.
Una foto que ustedes pueden ver en semana.com muestra de izquierda a derecha a Nicolás García, al detenido ex alcalde de Mosquera Raúl Emilio Casallas, al gobernador Jorge Emilio Rey, a la abogada de varios implicados en estos hechos Nohora Milena Mallarino y a Jorge Machuca el ex alcalde de Mosquera y hoy flamante gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca.
Existen numerosas pruebas que muestran que en municipios de Cundinamarca está funcionando un cartel de “volteo de tierras”. La operación consiste en cambiar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o expedir planes parciales que modifiquen el uso de la tierra de rural a urbano mediante pago de sobornos a concejales, alcaldes y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. De esta manera las tierras multiplican por miles de veces su valor. Lo que se compró en hectáreas se vende en metros cuadrados. Otra modalidad del mismo delito consiste en rebajar o eliminar irregularmente el cobro de plusvalía, un tributo que debe pagar el propietario de tierras beneficiado por la medida que valoriza su propiedad.
El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel ha sido mencionado en varias denuncias por estos hechos pero nada ha sucedido. La mayor parte de las investigaciones por el “volteo” quedaron frenadas en el escritorio del director anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, hoy detenido después de ser grabado por la DEA en Estados Unidos recibiendo sobornos del ex gobernador de Córdoba.
Rey es un político local de Funza, Cundinamarca, que ganó poder y notoriedad usando la maquinaria de numerosas juntas de acción comunal. Gracias a ese aparato ha llegado a la alcaldía de Funza, a la Cámara de Representantes y a la gobernación de Cundinamarca.
Mientras era alcalde de Funza estallaron escándalos de corrupción que fueron prontamente sofocados. Uno de esos escándalos tiene que ver con el no cobro de plusvalía para favorecer a un particular.
El tema fue documentado por denuncias ciudadanas, por la investigación del senador Carlos Fernando Galán y por la revista Semana.
Estos negocios generalmente se orquestan en temporadas festivas cuando hay menos atención sobre los actos públicos. El viernes 30 de diciembre de 2011, un día antes de terminar su administración, el entonces alcalde de Funza y hoy gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expidió una resolución determinando el monto que deberían pagar por plusvalía varios predios beneficiados por un acuerdo del concejo municipal.
En la lista fue incluido un gigantesco terreno perteneciente al señor Mario Angulo. De acuerdo con el documento, el propietario debería pagarle a Funza más de 950 millones de pesos por plusvalía.
Así empezó la alcaldía de Jorge Enrique Machuca, sucesor y subalterno de Jorge Emilio Rey. Basta decir que ya como gobernador Rey nombró a Machuca gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca.
Diez semanas después la jefe de planeación de Funza –es decir una subalterna del alcalde- otorgó licencia de urbanismo al mismo predio identificado desde ese momento como “Parque Industrial San Pedro” mediante la resolución 366 del 12 de marzo de 2012. El número es importante, ya verán ustedes por qué.
La misma resolución 366 identifica a tres documentos distintos que fueron cambiados de manera sucesiva e irregular. La primera resolución hablaba de una área de 168.950,30 metros cuadrados y 34 lotes.
La última resolución, bajo el mismo número, sube el área autorizada para construcción a 176.234 metros cuadrados y a 41 lotes. Es decir le otorga un millonario beneficio al constructor sin cambiar el valor de la compensación.
La jefe de planeación de Funza que firmó estas resoluciones irregulares se llama Adriana Milena Orozco Quecano y es la esposa de Giovanni Villarraga, ex alcalde de Madrid, Cundinamarca, capturado por acusaciones de corrupción. Villarraga, también de la cuerda del gobernador Rey, había sido nombrado por este en la dirección de la función pública de Cundinamarca.
Esta semana le imputarán cargos por “volteo de tierras” al ex alcalde de Mosquera, Álvaro Rincón. Varios de los documentos que comprometen a Rincón están firmados por quien fuera su secretario de gobierno Nicolás García. García es hoy el jefe de gabinete del gobernador Rey.
Una foto que ustedes pueden ver en semana.com muestra de izquierda a derecha a Nicolás García, al detenido ex alcalde de Mosquera Raúl Emilio Casallas, al gobernador Jorge Emilio Rey, a la abogada de varios implicados en estos hechos Nohora Milena Mallarino y a Jorge Machuca el ex alcalde de Mosquera y hoy flamante gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca.
Si las investigaciones lo siguen favoreciendo -como hasta ahora- el señor gobernador Jorge Emilio Rey será la única oveja blanca de este tremendo rebaño.
Bueno y la Moraleja es que sentencian a alguien como en este caso a Adriana Milena Orozco Quecano, a ella por haber otorgado con falsedad y más delitos estos predios. Y a Mario Angulo, por ser el directo responsable del delito de fraude Procesal en esto del tema del Parque Industrial en la Sabana Occidente de Bogotá. Pero entonces, los otros procesados el alcalde y demás involucrados, porque no los tocan ni nada pasa. ¿Eso es actuar bien y para la Fiscalía, eso es hablar con resultados? ¿Sentencian a la Sra. de Planeación de Funza en esa época y la primera autoridad que era el alcalde sale limpia, como así? Y hay muchas más aristas. A este cuento le falta una parte o algo pasa ahí. Escribe. Luis Torres. D/tor de: http://www.elportalsemanario.com. Les dejo ese trompo en la uña. Gracias.