Duro de Interpol, ficha clave en chuzadas que enredan a Guatibonza

Fiscalía va por otro ‘hacker’, un israelí y por gente en las telefónicas. Aún faltan los clientes. El general (r) llegó a sonar como ficha clave en seguridad del actual Gobierno.

General (r) Humberto Guatibonza. Foto: Rodrigo Sepúlveda, EL TIEMPO

La escena se registró la mañana del miércoles, cuando el nuevo escándalo de chuzadas a empresarios y políticos estaba llegando a su clímax, luego de que se reveló que entre los objetivos de la red ilegal, descubierta en agosto pasado, figuraban el fiscal Néstor Humberto Martínez, su esposa, el penalista Jaime Lombana y su hijo.

De hecho, mientras Guatibonza, el otrora condecorado oficial que sonaba para director de la Policía, era conducido al búnker de la Fiscalía, el senador de ‘la U’ Armando Benedetti empezó a desmentir que estuviera detrás de los seguimientos e interceptaciones a Martínez y a Lombana, a quienes tiene graduados como sus detractores.

“Tendría que ser uno James Bond enrazado con imbécil para querer chuzar a Martínez, el segundo hombre más custodiado del país”, dijo en su defensa. Y atribuyó las acusaciones en su contra a una persecución.

Pero el escándalo está tomando tal dimensión que hasta el presidente Iván Duque se pronunció, luego de que EL TIEMPO reveló que Guatibonza hizo parte de su equipo de empalme: “Que se le garantice su debido proceso, pero la evidencia es comprometedora. Esperamos que la justicia opere”.

‘Barbas’ y ex-Interpol

Los señalamientos contra Benedetti, uno de los salpicados de mayor calibre, aparecieron en la confesión de Jorge Humberto Salinas, coronel de inteligencia del Ejército, capturado el 4 de agosto en calidad de jefe de la red de chuzadores.

Según dijo, tras su retiro del Ejército montó la firma JHS Consultores, que usó para ejecutar actividades ilegales en asocio con Guatibonza y con los otros dos oficiales retirados: Carlos Andrés Pérez y Luis Mesías Quiroga, ya capturados.

Acceso a información privada de teléfonos, interceptación de WhatsApp, desencriptación de correos y tracking de ubicación eran parte del portafolio ilícito que ofrecían en un intento por montar una especie de ‘policía paralela’ al servicio del mejor postor.

Y fue Salinas quien juró que el ingeniero Juan Carlos Madero Mendieta –capturado el viernes en la terminal de transporte de Bogotá– les presentó a ‘Barbas’, el apodo con el que se conocía a Benedetti.

Según dijo Salinas, el senador les pidió, además, blindar contra chuzadas su teléfono y el del Euclides Torres, padre del exrepresentante Efráin Torres, su fórmula política. Y agregó que le entregaban la información a través de un guardaespaldas, aunque a veces no pagaba.

Y agregó que Madero, con su firma de fachada, Quarkcom, enganchó a clientes como Jesús Guerrero, socio de Servientrega; Álvaro Estupiñán, jefe de seguridad de la multinacional Pepsico, y a Víctor Maldonado, protagonista del escándalo del fondo Premium.

Entre otras cosas, la captura de Madero es clave pues permitirá establecer si es cierto que se reunió en varias ocasiones con Benedetti, Euclides Torres y un asesor de nombre Diego Rayo, para afinar las tareas de espionaje. De ellas, según la Fiscalía, hay registros.

Por ahora, el testimonio de Salinas, unido al de la ‘hacker’ Alicia Pinzón, ‘la dama de las interceptaciones’, fue suficiente para sellar tres órdenes de captura. Además de la de Guatibonza, se hicieron efectivas ese mismo miércoles las de Carlos Arenas, amigo y socio del general en la empresa HG Consultores, y un tercer sujeto, Julián Villarraga.

Para ese momento, la Fiscalía ya tenía grabaciones en las que se escucha a Guatibonza y a Arenas asignándole tareas a Salinas.

En una de ellas, el general (r) pregunta por supuestas interceptaciones: “¿Hizo algo de los de WhatsApp, hermano? ¿Ya tiene algo de lo que le pedí la semana pasada?”. En otra más, Salinas asegura que Arenas ordenó un trabajo a espaldas de Guatibonza sobre hurto de marca de Davivienda, que iba a “pagar en cash”.

Pero la atención de los investigadores se empezó a concentrar en Villarraga, ficha cercana a Guatibonza.

EL TIEMPO investigó y estableció que se trata de un curtido investigador a quien el general conoció en la Policía Antinarcóticos, en donde el hombre hacía operaciones encubiertas y análisis de comunicaciones.

Luego, Villarraga, de 42 años, saltó a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Y luego de 13 años allí y 20 en la Policía, fue nombrado jefe de investigaciones de Coca Cola-Femsa, desde agosto de 2014.

“Coca-Cola Femsa tuvo conocimiento de las actividades imputadas al señor Villarraga, en relación con la red ilegal de interceptación, a partir de su captura (…). Inmediatamente, la compañía prestó su máxima colaboración a las autoridades, y continuará apoyando la investigación”, dijeron voceros de la multinacional.

Según la Fiscalía, Villarraga fue enganchado para que moviera sus viejos contactos en empresas de celulares y extrajera datos de blancos, entre quienes había médicos de una IPS, supuestamente vinculados al negocio de las incapacidades ilegales, y ladrones de cobre.

El ex-Interpol habría sido el encargado de establecer las tarifas. Los datos biográficos de una persona costaban 400.000 pesos, y el reporte de llamadas de un celular variaba según el tiempo. Por tres meses costaba un millón; por seis meses, un millón y medio, y por un año costaba dos millones.

En 176 carpetas encontradas en allanamientos aparecen otras referencias a víctimas y victimarios: Prosegur, Cobre, Avianca, Acacias, Servientrega, Gaula, Carreño, Bucaramanga, Gaula 2, Cultivos de flores, Cafetero, Providencia, Girasol, Gordos o Barbas, Pepsico, Goodyear, Fiducia, Palmira y Sijín son algunos. Además, Carpetas VIP, Súper Giros, Alcaldía de Mesitas, Bayer, Davivienda, Rolex, Argos, Llanos, Panamá, España, Pinocho, Herencia, Oro, Estudio 28.000, Premium y Santo Tomás.

Israelí y ‘hacker’

Hay una base de datos con la información de cada carpeta y los números o correos por interceptar.

En el ‘caso Providencia Incauca’, supuestamente uno de los presidentes de la empresa había recibido correos amenazantes, en enero pasado. Quien llevó el trabajo habría sido Guatibonza, que ubicó direcciones de las IP de donde salían las amenazas. Por eso cobró cuatro millones de pesos.

Ahora, la Fiscalía espera que los capturados, especialmente Madero, empiecen a colaborar y, a través de sus testimonios, se llegue a otras fichas de la red.

Uno de ellos es el ‘hacker’ que apoyaba a María Alicia Pinzón. Aunque esta venía ayudando con otros datos, se negó a revelar esa identidad y cesó su colaboración.

También se quiere establecer quién es el excoronel del servicio de inteligencia israelí que, según Salinas, estaba interesado en los servicios de la red para comercializarlos entre estamentos del Estado. El extranjero fue a una reunión que organizó Carlos Arenas con otros potenciales clientes. Los servicios también se habrían ofrecido en Ecuador, tras el secuestro de los periodistas.

La tercera fase del caso consistirá en establecer si los clientes de la red conocían los métodos ilícitos que usaban en esa especie de ‘policía paralela’. Ni Guatibonza, ni Arenas ni Villarraga aceptaron cargos. Pero el martes se sabrá si los envían a la cárcel. Por ahora, están en calabozos de la Fiscalía.

La defensa de Benedetti

El senador Armando Benedetti dijo que el caso en su contra está basado en la “vanidad y prepotencia” del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por involucrarlo “en hechos mediáticos” sobre los que no hay pruebas. Dijo que supuestamente hay una retaliación del abogado Jaime Lombana contra su familia, que afecta su seguridad. Según Benedetti, las ruedas de prensa del Fiscal sobre el escándalo de chuzadas violaron el debido proceso y su presunción de inocencia.

Hablan empresarios y firmas señalados

Jesús Guerrero, accionista de Servientrega, le dijo a EL TIEMPO que no conoce ni ha tenido relación con ninguno de los mencionados en el escándalo de las chuzadas. En tal sentido, le envió una carta a la Fiscalía en la que expresa su disposición para colaborar.

En similar sentido se pronunció Coca Cola-Femsa: “Tuvimos conocimiento de las actividades imputadas al señor Julián Villarraga en relación con la red ilegal de interceptación a partir de su captura y de la información divulgada (…). Inmediatamente la compañía tuvo conocimiento del operativo de captura por parte de la Fiscalía, prestó su máxima colaboración a las autoridades, y continuará apoyando la investigación con el fin de brindar lo que el proceso requiera para conocer y validar información sobre la conducta del señor Villarraga”.

“En caso de que en la investigación haya algún indicio de que Argos pudo ser víctima de interceptaciones ilegales, la compañía formulará las denuncias correspondientes”, dijo en un comunicado.

Avianca señaló que, si bien la empresa de Guatibonza buscó encargarse de la seguridad de la aerolínea, no pasó los filtros. Pero la Asociación de Aviadores Civiles aseguró tener información de que eran víctimas de la red, por lo que le pidieron a la Fiscalía hacerse parte del proceso.

Y los ingenios Providencia e Incauca dijeron no tener relación con Guatibonza ni con ninguno de los señalados. Mientras tanto, Víctor Maldonado calificó como infamia y persecución su mención y se solidarizó con su abogado, Iván Cancino, otro de los supuestos chuzados.