La bancarización busca motivar u obligar a las personas a tener algún producto o servicio financiero. Con especial atención en contextos rurales, este proceso ha sido presentado como motor de desarrollo y de superación de la pobreza. El tema, sin embargo, resiste unos cuantos cuestionamientos.

Para iniciar, hay que resaltar que las estrategias para lograr incrementar la cobertura de adultos bancarizados en Colombia han sido promovidas por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y por los gobiernos y congresistas de turno, buena parte de ellos como retribución a la financiación recibida para sus campañas.

Las entidades financieras, en manos de Luis Carlos Sarmiento Angulo, los fondos de pensiones, el Grupo Bolívar, grupos españoles y norteamericanos, entre otros, han encontrado en el programa de educación financiera “Saber más, ser más”, con iniciativas para niños, jóvenes y adultos, una herramienta para motivar la bancarización y conseguir nuevos clientes.

Desde el Estado, mediante disposiciones administrativas y normativas se ha trabajado en el mismo sentido. La política de la Banca de Oportunidades busca crear condiciones para facilitar el acceso a servicios financieros a las poblaciones que no lo han tenido. Con esta política se autoriza a los establecimientos de crédito la realización de contratos con terceros no necesariamente de carácter financiero para prestar sus servicios como Corresponsales No Bancarios (CNB).

En favor de la bancarización tributaria, la Ley 1430 de 2010 estableció que los medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables debían ser los de los servicios bancarios. Por su parte, la Ley 1532 de 2012 priorizó como mecanismo de pago para los beneficiarios del programa Familias en Acción “cualquier producto financiero transaccional, a fin de lograr mecanismos de bancarización e inclusión financiera”. El enrolamiento financiero o bancarización también se ha desarrollado mediante la vinculación de los participantes del Programa Jóvenes en Acción a un producto financiero por parte de la entidad definida en cada vigencia, mediante el cual se efectúa la entrega de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC).

Con la Ley 1735 de 2014 también se dictaron medidas tendientes a promover el acceso a los servicios financieros transaccionales y se estableció que “El Ministerio de Educación Nacional incluirá en el diseño de programas para el desarrollo de competencias básicas, la educación económica y financiera, de acuerdo con lo establecido por la Ley 115 de 1994”.

Con todo, no pretendemos navegar contra la corriente. Es cierto que los procesos de bancarización permiten tener mayor acceso a posibilidades de crédito formal, previniendo que las personas busquen obtenerlo a través de modalidades informales caracterizadas por la usura, como los prestamistas “gota a gota” o “paga diario”; pero no se puede dejar de lado que para que se otorgue un crédito las entidades piden requisitos que la mayoría de las veces no están al alcance de la población. La ausencia de historial crediticio, la falta de bienes de respaldo o garantía y la disponibilidad de un codeudor, hacen difícil la consecución del crédito.

Ciertamente, el acceso ideal al sistema financiero es aquel en el que las personas generan un excedente que les permite disponer de ahorros, pero si los ingresos ni siquiera alcanzan para cubrir las necesidades básicas, menos alcanzarán para adherirse como usuario financiero, sometido a las condiciones que le establezca el banco, relacionadas con el uso del dinero, las transacciones y el cobro de servicios (cuota de manejo, retiros, consultas de saldos, etc.).

Además, si se trata de provisión de créditos, una cooperativa de ahorro y crédito exige menos requisitos y maneja en promedio tasas de alrededor del 20%, mientras que en los bancos están en 25%. En relación con los ahorros las cooperativas reconocen una rentabilidad superior a la de los bancos. Por último, el capital de las cooperativas es de propiedad colectiva de los socios.

Los dueños de los bancos no tienen que preocuparse sino por seguir ampliando sus consumidores financieros. Durante el primer trimestre de 2019 los bancos sumaron $2,74 billones en utilidades, cifra similar a la destinada en el presupuesto nacional a la implementación de la paz para todo el año. De esta forma, la propuesta de “bancarizar a los pobres” como lo propone el colombiano Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, está cargada de contrasentido. Antes que bancarizar a los pobres hay que acabar con la pobreza y la indigencia. Esa es una tarea del Estado Social de Derecho.