El homónimo

El gobernador Cruz, hábilmente, le dijo al diario ‘El Tiempo’ que si aparece algún registro de propiedades a su nombre en el exterior, debe tratarse de un homónimo.

El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, lleva dos años negando su participación en el carrusel de la contratación de Bogotá. Las evidencias se han ido acumulando sin que a Cruz le pase nada. Como van las cosas va a terminar su periodo en la Gobernación antes de que la Justicia evalúe las pruebas que están a la vista de todos.

En el centro del escándalo está una empresa llamada ICM, beneficiaria de multimillonarios contratos de pavimentación en Bogotá, algunos de los cuales habría logrado sobornando políticos. Aunque el gobernador lo niega, hay evidencias de que Cruz es uno de los dueños de la compañía.

En esa condición ha actuado y se ha presentado por fuera de Colombia. La prueba inicial fue casi anecdótica. Álvaro Cruz ha sido seguidor de un líder espiritual de la India, ya fallecido, llamado Sai Baba. En devota peregrinación Cruz viajó hasta la lejana localidad de Puttaparthi, en el sur de la India, donde funcionaba el monasterio del gurú.

La presencia del político colombiano en el místico paraje debió llamar la atención del equipo de Sai Baba, que registró su llegada con estas palabras en una página oficial: “Álvaro Cruz cabalga entre dos mundos, los negocios y la política. Es el dueño y CEO de una gran empresa constructora, ICM Ingenieros Ltda. en Colombia, América del Sur, y ha sido el gobernador de Cundinamarca, el mayor estado de Colombia”. (Ver registro)

Cuando descubrí esta información, hace dos años, llamé al gobernador para preguntarle por qué en la página del sabio Sai Baba afirmaban que él era el dueño de ICM. Cruz me dijo que quizás se debía a un malentendido idiomático: “Es que yo no hablo inglés”, afirmó.

Sin embargo, eso no parece haber sido una barrera para el gobernador-empresario. Hace unos días la unidad investigativa deCaracol Noticias reveló que el gobernador había hecho un negocio –todo en inglés– para comprar una propiedad por 7,5 millones de dólares en Homestead, Florida. Una población al sur de Miami.

Lo revelador es que la propuesta de titulación de la propiedad salió del correo alvarocruzv@gmail.com, la misma dirección electrónica desde la cual el señor gobernador me envió un correo en el año 2013. (Ver correo)

En la comunicación presenta un documento en inglés cuya metadata lo identifica como “first amendment Cruz proposal”. (Ver identificación electrónica)

La enmienda propuesta por Cruz contiene un párrafo según el cual es válido identificar a la empresa ICM como Álvaro Cruz Vargas y Luis Guillermo Mesa Sanabria: “ICM, Álvaro Cruz Vargas (‘Vargas’) y Luis Guillermo Mesa Sanabria (‘Sanabria’) que se unen en la ejecución de esta primera enmienda…”. (Ver documento)

La enmienda consagra que en el resto del documento Álvaro Cruz se llamará ‘Vargas’ y su socio Mesa se llamará ‘Sanabria’. Luego establece cuál es la participación en la millonaria propiedad que incluye a un empresario cubano Manuel Dorta-Duque con el 37,5 %, un porcentaje igual para Abraham Casallas, un próspero excontralor de Cundinamarca, y el 25 % restante para ICM, es decir, “Vargas/Sanabria”.

Si estuviera en español el párrafo sería: “A cada uno de los beneficiarios le corresponde la siguiente parte: Dorta-Duque (37,5 %), Casallas (37,5 %) y Vargas/Sanabria (25 %)”. (Ver participación) 

El documento está firmado de puño y letra por el señor gobernador Álvaro Cruz Vargas y por su socio en ICM Luis Guillermo Mesa Sanabria. Copia de este documento está en los registros públicos de Florida. (Ver firmas)

El gobernador Cruz, hábilmente, le dijo al diario El Tiempo que si aparece algún registro de propiedades a su nombre en el exterior, debe tratarse de un homónimo.

Hoy la propiedad figura a nombre de otra compañía que compró la hipoteca del lote, ubicado sobre la autopista Florida’s Turnpike.

Esa sociedad, llamada Inmacon Corporation, es también llamativa. Fue constituida el 21 de abril de 2011 en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal que vive de guardar secretos sobre el origen de grandes fortunas.

Lo curioso es que la críptica compañía solo tiene un representante cuya identidad se conoce y es –increíblemente– un colombiano. Como director y tesorero de Inmacom figura Alex Yesid Belalcázar Guerrero, un abogado que suele prestar sus servicios a firmas constructoras. (Ver carta del director)

Entrevista con el gobernador de Cundinamarca

“Que prueben que he cometido algún delito”

Álvaro Cruz cuenta su versión sobre el negocio de la tierra comprada en Miami por ICM Ingenieros, una de las firmas involucradas en el carrusel de contratos.

En las investigaciones que adelanta la Fiscalía por el conocido carrusel de la contratación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, ha sido llamado a interrogatorio para que aclare algunas denuncias en su contra hechas por concejales y contratistas vinculados al proceso, quienes han dicho que recibió comisiones y arregló contratos a través de la firma ICM Ingenieros, empresa en la que ha trabajado cuando no hace política. Desde que se mencionó su nombre, Cruz ha desmentido cada señalamiento e instado a sus acusadores a que muestren las pruebas.

Uno de los puntos de las denuncias lo señala como socio de la empresa ICM Ingenieros. Él enfatiza que fue asesor financiero, pero no ha tenido participación accionaria. Recientemente apareció un nuevo personaje que insiste en señalarlo como socio de ICM. Se trata del empresario cubano Manuel Dorta, que, con papel en mano, dice que Cruz firmó un contrato en Miami (EE.UU.) como socio de esa compañía. En entrevista con este diario, el gobernador desmiente la versión.

¿Cómo va su caso con la Fiscalía?
El 30 de abril concluyó el interrogatorio. Contesté las dudas que tenían y llevé documentos que respaldan mis argumentos. Estoy optimista por ese lado.

El comerciante Manuel Dorta dice que usted participó en 2006 en una compra de tierras en Florida como socio de ICM. ¿Es cierto?
Es falso. Nunca he sido socio ni representante legal de ICM. Dorta dice que “cree” que soy socio. Hay un documento donde aparece mi firma, pero porque actué como testigo en la negociación. Fui empleado de ICM, como asesor financiero.

¿Cómo se vinculó ICM al negocio?
La idea inicial era comprar dos predios, uno de 20 acres y otro de 27. Por el de 27 acres se suscribió un acuerdo, en el que participaron Abraham Cazallas, Manuel Dorta e ICM Ingenieros. Los dos primeros con una participación cada uno de 37,5% e ICM de 25%. ¿Por qué intervine? Porque Abraham Cazallas, a quien conozco desde 1992, dijo que querían comprar esos predios, donde se podría desarrollar un proyecto urbanístico grande, pero que no tenía toda la plata. Me consultó si conocía a alguien interesado y lo puse en contacto con ICM.

Y usted por qué aparece firmando esos documentos.
En EE.UU., cuando se hacen acuerdos de este tipo, se requiere de alguien que dé fe de que existe la sociedad extranjera. En el documento, quien firma como gerente de ICM es Luis Guillermo Mesa, y yo como testigo. Ahora Dorta me hace ver como si fuera el representante de ICM, pero tengo papeles que muestran la realidad.

Dicen que se compró ese terreno con dinero obtenido del carrusel.
ICM tuvo que poner US$750.000. El carrusel es un escándalo de 2009 y ese negocio en Florida fue en 2006. Eso se pagó a plazos, y como asesor financiero firmé algunos de esos pagos, por encargo del gerente y como empleado de la empresa. Ese dinero se transfirió a la empresa Inca Investment, firma de Abraham Cazallas, con quien ICM hizo el negocio.

Pero no fue sólo un testigo.
En las empresas no sólo firma el gerente. Muchas veces son los asesores y los contadores quienes lo hacen. Firmé en nombre de la empresa. Es usual en este gremio, porque a veces los directamente responsables no están.

Entonces, ¿cuál fue su interés en este negocio?
Participé como empleado y no me tocó poner ni un peso. Simplemente hice el contacto, y si ese terreno se desarrollaba urbanísticamente, como era el objetivo, yo recibía una comisión de éxito como ingeniero en la obra. Sin embargo, eso no sucedió.

¿Por qué ahora Dorta lo acusa?
En su momento, Dorta no tenía el dinero para pagar su parte. Inca Investment se la prestó, pero luego este señor nunca le pagó. Eso se convirtió en una pelea que ahora está en los tribunales de Estados Unidos. Soy un testigo clave de ese caso, que podría perjudicarlo.

Con su cercanía al poder, cuando ejerce como ingeniero, eso no le abre puertas más fácil.
Es como decir que un ministro no puede ejercer su profesión después de salir del cargo, porque le pudieron abrir las puertas por su trabajo. Eso no está prohibido. Lo importante es no usar el poder para eso.

Emilio Tapia dijo que se reunió con usted para acordar apoyo a su candidatura y contratos para ICM en la Unidad de Mantenimiento Vial. ¿Qué tiene que decir ante esto?Eso es falso, tanto que ICM Ingenieros se presentó a la licitación de la avenida Sirena de la calle 153 y no ganó. Ese contrato se lo dieron a una de las empresas de Julio Gómez. ¿Qué sucedió después? Les declararon la caducidad y la obra pasó a ICM Ingenieros por haber quedado de segundo en el proceso. Eso fue en octubre de 2011, cuando ya estaba en campaña y no trabajaba en ICM.

Muchos de los que han dicho que no están metidos en el carrusel terminan negociando. ¿Por qué su caso es diferente?
El sistema penal da beneficios a quienes logran involucrar a personas de jerarquía alta. Como yo soy gobernador, me están involucrando para ver qué logran. Que prueben con documentos si he cometido algún delito. Cualquiera puede revisar si en mi campaña hay un peso de estas personas.

 ¿A ICM Ingenieros se le ha comprobado algún delito por el carrusel?
Ninguno. Si los contratos hubieran sido obtenidos ilegalmente, hubieran sido demandados. Si hubiera existido  violación de algún derecho, hubiera existido una queja, pero no hay. Competimos en varios contratos limpiamente. Si a alguien le quedan dudas, para eso está la justicia.

Dicen que antes de que ICM perdiera una licitación usted se reunió con los que iban a ganar para arreglar el pago de unas comisiones. ¿Cómo responde a este señalamiento?
Otra falsedad. No soy un mercenario de la profesión. Como profesional sólo he sido asesor de IMC Ingenieros. No trabajé para otra empresa. Es traído de los cabellos decir que si uno asesora una empresa para que se gane una licitación y no se la gana, luego supuestamente reciba beneficios de otra compañía. Nos descalificaron, entonces ¿qué poder tenía? En esta licitación participaron ocho empresas y ganó Pavimentos Colombia.

¿Por qué no habló ante los medios cuando salió la acusación?
Porque son temas que se pueden demostrar con papeles y en la radio y la televisión se descontextualizan las versiones. Además, no estoy obligado porque los cuestionamientos son por situaciones de cuando actué como particular y no como funcionario público.

¿Qué buscan con las acusaciones?
Hay varias personas procesadas por el carrusel que tenían contratos con la Gobernación, y cuando yo llegué puse muchos en orden, los acabé y cobré multas. Por eso varios de ellos están bravos conmigo. Con esos antecedentes es evidente que quieren debilitarme. Pero se equivocaron. No me he reunido con ninguno de estos contratistas, aunque intentaron contactarme con intermediarios.

Cruz cuenta su versión sobre el negocio de la tierra comprada en Miami por ICM Ingenieros, una de las firmas involucradas en el carrusel de contratos.

En las investigaciones que adelanta la Fiscalía por el conocido carrusel de la contratación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, ha sido llamado a interrogatorio para que aclare algunas denuncias en su contra hechas por concejales y contratistas vinculados al proceso, quienes han dicho que recibió comisiones y arregló contratos a través de la firma ICM Ingenieros, empresa en la que ha trabajado cuando no hace política. Desde que se mencionó su nombre, Cruz ha desmentido cada señalamiento e instado a sus acusadores a que muestren las pruebas.

Uno de los puntos de las denuncias lo señala como socio de la empresa ICM Ingenieros. Él enfatiza que fue asesor financiero, pero no ha tenido participación accionaria. Recientemente apareció un nuevo personaje que insiste en señalarlo como socio de ICM. Se trata del empresario cubano Manuel Dorta, que, con papel en mano, dice que Cruz firmó un contrato en Miami (EE.UU.) como socio de esa compañía. En entrevista con este diario, el gobernador desmiente la versión.

¿Cómo va su caso con la Fiscalía?
El 30 de abril concluyó el interrogatorio. Contesté las dudas que tenían y llevé documentos que respaldan mis argumentos. Estoy optimista por ese lado.

El comerciante Manuel Dorta dice que usted participó en 2006 en una compra de tierras en Florida como socio de ICM. ¿Es cierto?
Es falso. Nunca he sido socio ni representante legal de ICM. Dorta dice que “cree” que soy socio. Hay un documento donde aparece mi firma, pero porque actué como testigo en la negociación. Fui empleado de ICM, como asesor financiero.

¿Cómo se vinculó ICM al negocio?
La idea inicial era comprar dos predios, uno de 20 acres y otro de 27. Por el de 27 acres se suscribió un acuerdo, en el que participaron Abraham Cazallas, Manuel Dorta e ICM Ingenieros. Los dos primeros con una participación cada uno de 37,5% e ICM de 25%. ¿Por qué intervine? Porque Abraham Cazallas, a quien conozco desde 1992, dijo que querían comprar esos predios, donde se podría desarrollar un proyecto urbanístico grande, pero que no tenía toda la plata. Me consultó si conocía a alguien interesado y lo puse en contacto con ICM.

Y usted por qué aparece firmando esos documentos.
En EE.UU., cuando se hacen acuerdos de este tipo, se requiere de alguien que dé fe de que existe la sociedad extranjera. En el documento, quien firma como gerente de ICM es Luis Guillermo Mesa, y yo como testigo. Ahora Dorta me hace ver como si fuera el representante de ICM, pero tengo papeles que muestran la realidad.

Dicen que se compró ese terreno con dinero obtenido del carrusel.
ICM tuvo que poner US$750.000. El carrusel es un escándalo de 2009 y ese negocio en Florida fue en 2006. Eso se pagó a plazos, y como asesor financiero firmé algunos de esos pagos, por encargo del gerente y como empleado de la empresa. Ese dinero se transfirió a la empresa Inca Investment, firma de Abraham Cazallas, con quien ICM hizo el negocio.

Pero no fue sólo un testigo.
En las empresas no sólo firma el gerente. Muchas veces son los asesores y los contadores quienes lo hacen. Firmé en nombre de la empresa. Es usual en este gremio, porque a veces los directamente responsables no están.

Entonces, ¿cuál fue su interés en este negocio?
Participé como empleado y no me tocó poner ni un peso. Simplemente hice el contacto, y si ese terreno se desarrollaba urbanísticamente, como era el objetivo, yo recibía una comisión de éxito como ingeniero en la obra. Sin embargo, eso no sucedió.

¿Por qué ahora Dorta lo acusa?
En su momento, Dorta no tenía el dinero para pagar su parte. Inca Investment se la prestó, pero luego este señor nunca le pagó. Eso se convirtió en una pelea que ahora está en los tribunales de Estados Unidos. Soy un testigo clave de ese caso, que podría perjudicarlo.

Con su cercanía al poder, cuando ejerce como ingeniero, eso no le abre puertas más fácil.
Es como decir que un ministro no puede ejercer su profesión después de salir del cargo, porque le pudieron abrir las puertas por su trabajo. Eso no está prohibido. Lo importante es no usar el poder para eso.

Emilio Tapia dijo que se reunió con usted para acordar apoyo a su candidatura y contratos para ICM en la Unidad de Mantenimiento Vial. ¿Qué tiene que decir ante esto?Eso es falso, tanto que ICM Ingenieros se presentó a la licitación de la avenida Sirena de la calle 153 y no ganó. Ese contrato se lo dieron a una de las empresas de Julio Gómez. ¿Qué sucedió después? Les declararon la caducidad y la obra pasó a ICM Ingenieros por haber quedado de segundo en el proceso. Eso fue en octubre de 2011, cuando ya estaba en campaña y no trabajaba en ICM.

Muchos de los que han dicho que no están metidos en el carrusel terminan negociando. ¿Por qué su caso es diferente?
El sistema penal da beneficios a quienes logran involucrar a personas de jerarquía alta. Como yo soy gobernador, me están involucrando para ver qué logran. Que prueben con documentos si he cometido algún delito. Cualquiera puede revisar si en mi campaña hay un peso de estas personas.

¿A ICM Ingenieros se le ha comprobado algún delito por el carrusel?
Ninguno. Si los contratos hubieran sido obtenidos ilegalmente, hubieran sido demandados. Si hubiera existido  violación de algún derecho, hubiera existido una queja, pero no hay. Competimos en varios contratos limpiamente. Si a alguien le quedan dudas, para eso está la justicia.

Dicen que antes de que ICM perdiera una licitación usted se reunió con los que iban a ganar para arreglar el pago de unas comisiones. ¿Cómo responde a este señalamiento?
Otra falsedad. No soy un mercenario de la profesión. Como profesional sólo he sido asesor de IMC Ingenieros. No trabajé para otra empresa. Es traído de los cabellos decir que si uno asesora una empresa para que se gane una licitación y no se la gana, luego supuestamente reciba beneficios de otra compañía. Nos descalificaron, entonces ¿qué poder tenía? En esta licitación participaron ocho empresas y ganó Pavimentos Colombia.

¿Por qué no habló ante los medios cuando salió la acusación?
Porque son temas que se pueden demostrar con papeles y en la radio y la televisión se descontextualizan las versiones. Además, no estoy obligado porque los cuestionamientos son por situaciones de cuando actué como particular y no como funcionario público.

¿Qué buscan con las acusaciones?
Hay varias personas procesadas por el carrusel que tenían contratos con la Gobernación, y cuando yo llegué puse muchos en orden, los acabé y cobré multas. Por eso varios de ellos están bravos conmigo. Con esos antecedentes es evidente que quieren debilitarme. Pero se equivocaron. No me he reunido con ninguno de estos contratistas, aunque intentaron contactarme con intermediarios.