CHILE Y LA IMAGEN DE SUS INSTITUCIONES
Por: M. Ignacia Fernández G, Directora Ejecutiva de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
Los chilenos llevamos décadas acostumbrados a repetir y confiar que, en nuestro país, las instituciones funcionan. Esa frase, que hace ya varios años acuñó el ex Presidente Lagos, conlleva una serie de certezas sobre la calidad de nuestra democracia y la existencia de reglas del juego transparentes y conocidas por todos, tanto en el plano político, como en el económico.
Tomada de RFI
La incapacidad del gobierno de controlar la crisis es cada día más evidente. No lo logró criminalizando a los manifestantes y restringiendo las libertades personales para intentar restituir el orden público; tampoco a través de un paquete de medidas sociales a todas luces insuficientes para aplazar los ánimos de una sociedad que demanda un mejor trato, más derechos y menos privilegios; ni parece que lo vaya a lograr invitando al diálogo con su renovado equipo político, más joven y “cercano” a la ciudadanía.
Así las cosas, este miércoles 30 de octubre el gobierno anunció la suspensión de las cumbres APEC y COP 25, a realizarse en noviembre y diciembre próximos, marcando con ello el quiebre definitivo de las certezas sobre la fortaleza institucional con que Chile construía su imagen en el exterior. “Bienvenida a América Latina”, me dijo un colega centroamericano comentando estos sucesos.
La fortaleza institucional de un país es una medida crítica de la calidad y sostenibilidad del desarrollo. Muchas de las dificultades que enfrentan los países de América Latina para dar el salto al desarrollo pasan, justamente, por debilidades institucionales de carácter estructural.
Reglas del juego poco claras, transparentes y equitativas; fuertes asimetrías de poder y control de las instituciones de parte de las elites; y, lamentablemente en muchos países de la región, el creciente predominio de instituciones informales que promueven el uso de la violencia y las actividades ilegales, caracterizan la experiencia cotidiana de los latinoamericanos con sus instituciones.
Chile se vanagloriaba de ser una excepción al respecto. Hasta ahora. El estallido social de estos días nos muestra que ya no son suficientes instituciones que funcionen en lo formal. Necesitamos instituciones inclusivas, que aseguren una distribución amplia del poder político y económico, que garanticen el uso óptimo de los recursos de interés público, y que promuevan la construcción de alianzas, condiciones que, desde el trabajo de Acemoglu y Robinson sobre el rol de las instituciones en el éxito o fracaso de las naciones, han sido puestas de relieve como las funciones claves que deben cumplir las instituciones para asegurar el desarrollo y su sostenibilidad.
Lamentablemente hay quienes no quieren ver que este es el problema de fondo. Para innovar en políticas públicas eficaces para responder a problemas tan complejos como la construcción de un sistema de pensiones justo, la equidad de género, la migración, los problemas medioambientales derivados del uso indiscriminado de los recursos naturales, la persistente vulnerabilidad que aqueja a la clase media, las brechas que enfrentan territorios urbanos y rurales, o la falta de oportunidades laborales para los jóvenes; se requiere a la base, de instituciones sólidas e inclusivas en el sentido antes descrito. No podemos poner el debate sobre la crisis institucional en un lugar distinto y separado del de las políticas públicas. Llevado a la discusión que abre en Chile la actual crisis, esto significa que antes de cualquier agenda reformista de políticas públicas, debemos construir un nuevo pacto social que siente las bases para un nuevo diseño institucional, más justo, inclusivo y sostenible.
