En su columna, José Clopatofsky habla sobre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y su cuestionada eficacia.

   Hace 7 años, se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial bajo el mandato de una ley de la República, la 1702 del 2013. Pasaron 24 meses para que el entonces presidente, Juan Manuel Santos, la declarara formalmente en funcionamiento, por lo cual la entidad ya anota solo cinco años de “trabajo”, en los cuales los resultados no han sido alentadores a pesar de los esfuerzos que suponemos de muy buena fe hicieron cinco directores en propiedad y varios encargados en las transiciones, rotación que nos indica que en materia de políticas poco se ha desarrollado y menos que haya continuidad, dada la fragilidad de los titulares de estas responsabilidades.

El actual director, Luis Felipe Lota, está ahora en el centro de las turbulencias y en el ojo directo de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien lo conminó a dar explicaciones inmediatas, por encima del hombro de la directa jefa de Lota, que es por naturaleza la actual ministra del Transporte.

La razón para la intervención de la vicepresidenta es la firma de un contrato directo por casi 900 millones de pesos con una empresa en la cual figura como socio un cuestionado empresario que estuvo preso en los Estados Unidos, para realizar una campaña de concientización que circuló en todos los medios en diciembre pasado llamada “En Navidad el mejor regalo es llegar a casa”. Loable idea y eslogan. Pero Daniel Coronell, en Semana, destapó el tinglado y de inmediato desde la Casa de Nariño pidieron las explicaciones con una carta contundente y exacta que debía tener respuesta antes del 27 de febrero. Indagamos por ese contenido en la agencia, pero nos dijeron que era reservado, aunque la petición de la señora Ramírez fue pública. Se sabrá algún día cercano, porque las aclaraciones se imponen, si son válidas, para conocer la verdad sobre lo que la ‘vice’ y la secretaria de Transparencia de la Presidencia, Beatriz Elena Londoño, califican de antemano como una adjudicación “aparentemente arbitraria y a dedo…”. El olfato de esas funcionarias debe estar muy activado y motivado.

Bien. El tema de ese contrato, de singulares efectos y cuyas cifras de impacto son enormes y fantásticas de ser ciertas, porque los beneficiados le reportaron a la ANSV -desde cuando pusieron su obra al aire, que era “más que el diseño de un moño- según dijo Lota, que el alcance de las campañas generó más de 90,7 millones de impresiones en las redes sociales, lo cual sería una muestra de inusitada voracidad de los colombianos por esos mensajes. Esa cifra es el doble de la población que reporta el Dane.

Más allá de esas consideraciones legales y preguntas cuyas respuestas todos los ciudadanos tenemos derecho a conocer con inmediatez y que ojalá sean satisfactorias, pues cualquier vacío que haya implica la salida de los funcionarios cuestionados en el caso, el tema más de fondo es que la agencia ha sido un botín político, aunque la hayan dirigido algunos técnicos en la materia que no sobrevivieron precisamente por los apetitos a esas cuotas de poder que los deben sostener y a las cuales tienen que responder con el tapizado presupuesto de la entidad, que camina por los 250.000 millones de pesos.

Esas platas, hasta donde sabemos y lo que se ve, se invierten esencialmente en campañas como esta y otras tantas que le generan a la ANSV una reputación más mediática que práctica y efectiva en las vías, en las cuales la accidentalidad se debe controlar y reducir con medidas más allá de cuñas de radio y TV que se vuelven insulsas y repetitivas.

Porque pocos otros resultados se le conocen a la agencia, que suele limitarse al reporte de firmas de convenios y muchas sentadas en mesas protocolarias, salvo obligar a que en la publicidad de los vehículos se coloquen unos signos sobre los equipos de seguridad que ofrecen -muchos de los cuales son de ley- y que en nada cambian las decisiones de compra de la gente en esa materia, pues estas se dan luego de largas discusiones y ofertas en las vitrinas. Situación diferente a coger una lata de salchichas en el mercado y verificar sus características con los escuditos de calorías, azúcares y sales.

A la agencia le cae este escándalo como el destapador de muchos interrogantes que rondan los alcances y la efectividad de sus gestiones, y es para los ciudadanos una excelente oportunidad para que nos expliquen sus logros. Pero no en cuñas de radio y televisión o en puras cifras de accidentes que nunca serán buenas noticias, así disminuyan.

Se necesitan políticas de fondo, gestión, autoridad, mando o al menos ascendiente sobre las policías de carreteras y tránsito, independencia del mismo despacho del ministro que debería estar subordinado en el buen sentido de la palabra a esta entidad especializada, y que saquen un ratico para proponer un nuevo código de tránsito, pues la obsolescencia y la desactualización del actual es la base para el descontrol vial y, de alguna manera, para que la ANSV tenga las manos atadas, más allá de lo que las necesita para firmar contratos.