Chía pedirá en mesa de diálogo con MinTransporte tarifa de peaje $0
El Alcalde la Personera y representantes de las veedurías y diferentes gremios de la ciudad, harán parte de este encuentro.
La comitiva, encabezada por el alcalde de Chía, Luis Carlos Segura y la Personera municipal Faisuly Blanco, se hará presente junto a quince representantes de los sectores del transporte público, los volqueteros, las veedurías y la ciudadanía en general.
El por qué de esta petición
La propuesta al Gobierno Nacional, se hace con base en que para obtener 29 años de cobro del peaje, la ciudad fue dividida como territorio y obligada como población a pagar este tributo en tarifa plena, por escasos 4 km de recorrido, frente a los 70 km que abarca la concesión.
Así ha sido durante los 348 meses que ha durado la concesión anclada en el territorio de Chía, sin ninguna contraprestación que se conozca, por el usufructo de la tierra y sin que se vea el beneficio para la ciudad o sus habitantes.
Durante este lapso nunca se ha tenido en cuenta ni la constitución en materia de igualdad, ni la ley 105 de 1993, artículo 21, literal D, al igual que la Ley 787 de 2002, que modifica el artículo 21, pero en ningún caso el literal D que reza: “Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de operación”.
Los impactos negativos de la concesión
En Chía este peaje ha generado a lo largo de 29 años un rechazo de la ciudadanía, la cual se ha manifestado con enfrentamientos y manifestaciones en busca de un tratamiento más equitativo. Toda vez que el modelo impuesto por el concesionario para relacionarse con la comunidad ha sido el del abuso, la tiranía y la imposición, según indican los propios veedores.
Esto ha sido propiciado en buena parte por los alcaldes y concejales que en tres décadas ninguno ha asumido con preocupación, carácter y entereza la defensa del territorio y sus gentes.
Es así como el peaje de los Andes fracturó el territorio al ponerle tres peajes a una sola vereda, Fusca. Allí una parte de la población quedo secuestrada y sus residentes perdieron su identidad de ciudadanos, al no poder movilizarse libremente por la ciudad, donde pagan sus impuestos. Ya que no pueden salir de su casa al centro a menos que paguen un peaje de $9.600 por ir al médico, a la plaza, a visitar a sus familiares o sencillamente a asistir a sus servicios religiosos.
Tampoco hay en este sector, servicio de transporte público, ni escolar de colegios oficiales, por los costos que representa el valor del peaje para los prestadores de este servicio.
Otro aspecto más delicado aún, es la indiferencia y desatención que ha tenido la concesión para con las víctimas que por años han puesto las comunidades de Fusca y de otros sectores, con muertos, heridos e incapacitados que ha dejado la falta de puentes peatonales en los puntos más concurridos de la concesión. Como es el caso de la autopista, la vía a Cajicá y en el trayecto a Zipaquirá. Todo porque el gobierno nacional a través del Ministerio y la entidad a cargo de las concesiones, en este caso la ANI, nunca se han preocupado por atender o retribuirle a la gente estos accidentes a causa de los fatales vacíos de las estructuras viales, las que deben estar contempladas en los contratos de concesión de peajes.
A esto también se suma el grave impacto que significó el exceso de peso del puente peatonal de Centro Chía, construido por Accenorte, donde según los expertos consultados este incidió en el colapso del tubo matriz del agua potable, razón por la cual la ciudad se quedó sin agua en varias oportunidades.
Y con respecto a este inventario, lo que más inquieta a la gente, es el afán por conocer los costos financieros de lo que significa para el municipio mantener un concesionario de este calado en las puertas de la ciudad. Saber en cuanto se estiman los impactos negativos y positivos antes mencionados, así como conocer los montos de las inversiones del concesionario. Estas son entre otras las claridades que busca conocer la población sobre este peaje, del que exige tarifa diferencial y si no se logra este propósito, sus líderes ya han anunciado la realización de un paro para el 18 de mayo.
Los actores ocultos
Si bien el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte, la ANI y el concesionario Accenorte, han sido los protagonistas visibles de estas desafortunadas relaciones con el municipio, existen actores menos visibles que fueron quienes determinaron, con su acción o su omisión, el destino de la actual situación.
En este sentido, fuero los exalcaldes Jorge Orlando Gaitán Mahecha, (en 1994, por 23 años con Devinorte) y Leonardo Donoso Ruiz, (en 2017, por 25 años con Accenorte), quienes negociaron con las autoridades los beneficios, condiciones y acuerdos con esta concesión para Chía y sus habitantes. ¿Y el resultado cuál fue? Ningún beneficio.
Lo que sale a relucir siempre, es el desempeño de la ANI para defender intereses del concesionario. No podemos dar parte de un buen diseño porque nos partieron el territorio y sometieron a Fusca, Torca y Yerbabuena. Cambian y recortar diseños de lo Socializado para construir sin exigir crédito por los cambios. Para esta entidad somos solo proveedores.