El trancón de la Autopista Norte puede solucionarse si se destruye un humedal
La troncal de Los Andes, que descongestionaría el tránsito entre Bogotá, Cota, Chía y Cajicá, está paralizada porque amenaza con destruir el humedal de Los Andes. Todavía no hay alternativas para la vía ni para la conservación del ecosistema.
La sabana de Bogotá es, en buena parte, un inmenso humedal que no solo es el hogar de flora y fauna nativa, sino que sirve de regulador hídrico al río Bogotá.
Si se eliminan los humedales en virtud de ampliar las avenidas y construir nuevas vías, no solo se generaría una catástrofe ambiental, sino que no habría cómo controlar la arremetida de las aguas sobre los viaductos.
Si no se construyen nuevas vías o se amplían las que ya existen en virtud de conservar los humedales, no habría manera de reducir la congestión vehicular, que tiende a empeorar y afecta notablemente la calidad de vida de los habitantes.
El ejemplo palpable de este dilema es el de la Troncal de Los Andes, una obra de poco más de tres kilómetros y medio de extensión que promete descongestionar el tráfico que sufre Chía por cuenta de los vehículos que llegan de Cota y se dirigen hacia Cajicá o hacia Bogotá. La obra, que pretende conectar directamente Chía con la Autopista Norte a la altura del peaje Los Andes, inició en septiembre de 2016, pero hace dos años el Tribunal de Cundinamarca –en respuesta a una demanda de los habitantes de Chía– decidió detenerla por razones ecológicas: la obra destruiría el humedal de Los Andes, un cuerpo de agua de seis hectáreas que regula la cuenca del río Bogotá entre la vereda Samaria, en Chía, y la Autopista Norte, justo por donde está planeada la vía.
¿Es o no un humedal?
El humedal de Los Andes es el hábitat natural de especies endémicas de la sabana de Bogotá, entre ellas la tingua de pico verde, registrada en la lista roja de especies en peligro de extinción, del águila paramuna, que desciende de los cerros de Bogotá a planear sobre sus aguas; del gavilán coliblanco. Es, además, el cuerpo sobre el que el río Bogotá extiende y contrae su cauce, dependiendo de las épocas de lluvia o de sol.
Los humedales, como su nombre lo indica, son estructuras naturales que regulan el agua en los suelos y tienen un papel fundamental en los ecosistemas. Son tan importantes como los páramos y, en consecuencia, están protegidos por el Estado. La Ley 99 de 1993, que creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el decreto nacional 3570 de 2011, que la modifica, prohíben expresamente la alteración de los humedales si excepción de ningún tipo. Sin embargo, algo es lo que va del dicho al hecho.
Aunque varios estudios realizados en 2016, 2017 y 2018 por la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, máxima autoridad ambiental de la región, dan cuenta de que el de Los Andes es, efectivamente, un humedal (de hecho, el más grande del municipio), en los últimos años esa misma entidad ha cambiado de opinión. En 2019, emitió un concepto, según el cual el humedal de Los Andes no era un cuerpo de agua natural, sino hecho por el hombre, de manera que podía ser intervenido sin ningún problema. De hecho, este argumento le permitió a la propia CAR ordenar la construcción de un jarillón (mecanismo de contención de agua) que, según los ecologistas, ha secado varias hectáreas del humedal. La CAR no ha explicado por qué mandó atravesar el humedal con un jarillón que no tiene utilidad alguna.
Un estudio del Instituto Humboldt corroboró lo que la CAR había determinado en un principio: que el de Los Andes era un humedal natural. El propio Ideam, en las planchas del Pomca –instrumento sobre las que se planifica el uso del suelo y de las aguas alrededor de la cuenca de los ríos– estableció que toda esta zona pertenecía al humedal y a la ronda del río Bogotá, y que, por lo mismo, debía ser protegida.
Las planchas fueron suscritas por la CAR,y también por CorpoGuavio y CorpoOrinoquia, las dos corporaciones más que velan por el río Bogotá. Cualquier modificación a este acuerdo, habría necesitado el concepto de las tres entidades. La CAR, no obstante, emitió el concepto sobre el «humedal artificial» sin contar con sus otros dos pares. ¿Con qué motivo? Eso es algo que todavía no se sabe.
Las curiosas cesiones de terreno del alcalde Donoso
Además de la discusión sobre el impacto ambiental, la Troncal de Los Andes ha estado envuelta en otras controversias que comprometen al exalcalde Leonardo Donoso, quien hoy aspira a ganar nuevamente la Alcaldía del municipio.
Un informe presentado por la Alcaldía de Chía al Tribunal Superior de Cundinamarca cuestiona las cesiones de los terrenos que fueron utilizados para la construcción de la troncal, que está a cargo de la firma Accenorte S.A.S.
Según el informe, el Concejo de Chía había autorizado cuatro veces la cesión de los terrenos, pero bajo un título oneroso, es decir, a cambio de una retribución económica para el municipio.
La Ley 388 de 1997 establece como ilegal la cesión de terrenos que, a su vez, hayan sido cedidos por privados a los municipios. Esto pasa cuando los constructores deben ceder a las ciudades y municipios una parte del terreno como contraprestación por el proyecto que van a desarrollar.
Esta figura de cesión de privados a los municipios se conoce en el POT como cesiones Tipo A, y esos terrenos únicamente pueden utilizarse para proyectos que vayan a beneficiar ampliamente a la comunidad local, con bienes de uso público: es decir, parques, jardines infantiles, vías locales o centros de atención social y proyectos similares. En ningún caso se pueden utilizar para vías nacionales.
Sin embargo, el exalcalde determinó entregar los terrenos a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sin que existiera un motivo claro y sin tener en cuenta que no estaba autorizado para hacerlo de esta manera. Así quedó depositado, además, en las actas del Concejo de Chía, donde se señala, también, que el regalo no fue autorizado. Esto se puede ver en el acta 14 del 10 de octubre de 2017, y en el acta 147 del 13 de octubre de 2017.
A su vez, la ANI cedió también gratuitamente los terrenos a Accenorte SAS, la constructora encargada de la troncal. En ambos casos, tanto la ANI como Accenorte SAS han asegurado que ellos confiaron en que su contraparte había confirmado este proceso y que, por lo mismo, actuaron de buena fe.
Lo cierto es que, durante el discurso de inicio de la obra, el exalcalde Donoso agradeció a Néstor Franco, exdirector de la CAR, por su apoyo para solucionar «momentos neurálgicos» que no permitían que se organizara la obra. En 2019, Franco enfrentó un proceso disciplinario que lo había inhabilitado durante diez años por irregularidades en la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Chía. Sin embargo, la Procuraduría revocó la sanción que se le había impuesto.
En el mismo discurso, Donoso se dirige a Franco –quien entonces aún era director de la CAR–, para pedirle un inmenso favor en nombre de él y de Accenorte: «Necesitamos poder rellenar una parte de estos predios alrededor del puente». Donoso hace referencia a los predios por donde pasará la troncal y que hacen parte del humedal.
En medio de todo este lío también sobresale la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que intervino para otorgar la licencia de construcción a Accenorte en tiempo récord: un proceso que usualmente toma más de 300 días, se redujo a poco más de 80. La licencia, además, fue otorgada sin concepto previo de la CAR, y –según consta en actas– sin haber visitado los predios.
Los veedores de Chía aseguran que esta solo es otra más de una serie de manejos altamente irregulares protagonizados por el exalcalde Donoso. De acuerdo con las denuncias, los sobrecostos en diversas obras y procesos liderados por él durante su alcaldía superan los 127.000 millones de pesos.
Dos de los procesos más controvertidos han sido los sobrecostos en construcciones de dos colegios y un centro administrativo municipal. En el caso de los colegios, los sobrecostos superan los 35.000 millones de pesos e involucran a la empresa Intec de la Costa, liquidada por la Superintendencia de Sociedades por hacer parte de la Unión Temporal Centros Poblados.
Por otra parte, la construcción del Centro Administrativo Municipal tuvo sobrecostos por más de 10.000 millones de pesos. Esta obra fue asignada al Consorcio Construcam, uno de cuyos socios es un ciudadano español que fue judicializado por la Fiscalía tras demostrarse que participó en el desfalco de los juegos de Ibagué, luego de que se lograra demostrar que se había apropiado de más de 1.600 millones de pesos.
En ambos casos, las obras se entregaron funcionales, pero no terminadas. En ambos casos, fue la misma administración de Chía la que reconoció que hubo mala administración por parte de los constructores y así quedó registrado en las actas del Concejo de Chía.
CAMBIO envió un cuestionario a Leonardo Donoso, quien aseguró que todos los procesos han sido un ataque personal en su contra por parte de uno de los veedores del municipio de Chía. Aseguró tener todas las pruebas que demuestran que en ningún momento actuó incorrectamente y que nos haría llegar los documentos necesarios para demostrarlo. Sin embargo, para esta publicación el señor Donoso aseguró no haber alcanzado a recolectar todas las pruebas y por eso no fueron incluidas.
¿Y las alternativas?
El 19 de mayo de este mes, dos días antes de esta publicación, la ANLA solicitó a Accenorte, por medio de una resolución, la modificación de la licencia original para que el trazado no toque el cuerpo de agua ni altere el humedal.
Por ahora, las obras de la Troncal de Los Andes continúan detenidas. El Tribunal de Cundinamarca ordenó el diseño de proyectos alternativos que no afectaran el humedal. A lo mismo se comprometió, durante una visita al lugar, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Susana Muhamad. No obstante, dos años después del fallo, no se conocen los diseños nuevos.
Aclaro que Néstor Franco demandó a la Procuraduría y llegaron a un «acuerdo» para revocar la inhabilidad y la demanda. Las Veedurías no tenemos información de entrega en estado «FUNCIONAL» de los colegios o del Centro Administrativo