El exalcalde, Leonardo Donoso Ruiz, cedió a cambio de nada y a favor de un privado (Accenorte), 114.000 m² de tierra de cesiones tipo A, para la troncal de los Andes.

Ningún problema hubiese podido resultar más oportuno para Chía que el de la Troncal de los Andes. La carretera y su cruce sobre el río Bogotá se convirtió en un punto de inflexión donde se creó como en las mejores películas de Marvel, un vórtice energético de gran poder. Analogía de ciencia ficción que ilustra cómo esta controversia de tierras ha servido para destapar muchas de las arbitrariedades, desfalcos, engaños, trampas, abusos de poder y costumbres enquistadas por décadas en el municipio. En las que los más afectados, los ciudadanos, terminarán por reconocer que en Chía la realidad supera la ficción.

No en vano este asunto de la Troncal se convirtió, desde la venta de Emserchía al grupo Hydros, en otro de los conflicto más sonados del municipio. Este con un tema de tierras y demandas jurídicas con una gran dosis de ilegalidad y muchos delitos por resolver, con un futuro incierto ante la falta de justicia.

Esta carretera de 3.200 m de extensión y dos puentes, cuenta con recursos adicionales e independientes al contrato de ampliación de la autopista, por valor de 116 000 millones de pesos para su construcción. Esto es más de 24 millones de dólares, lo que significa que el kilómetro sale a más de 8 millones de dólares. Aunque estas cifras hacen suponer una supervía de ciudad del futuro, la propuesta inicial de seis carriles quedó reducida a solo cuatro con bermas en cada costado. Se eliminaron los andenes, se redujeron a un solo costado las ciclorrutas y también se eliminó la iluminación en la vía, solo habrá luz en el puente.

Sobre su eficiencia y funcionalidad se puede decir menos, ya que solo evitará el tráfico pesado por la Av. Pradilla al sacar a la autopista todas las tractomulas. La situación es, que como muchos carros van hacia el norte tendrán que devolverse, lo que se convertirá en un maremágnum por los minúsculos retornos que no darán abasto ante la creciente masa vehicular que sigue en ascenso en la autopista. Por ello, para la comunidad de Chía esta vía no dará una solución de fondo a la movilidad del municipio, mientras si servirá  para engrosar las arcas del concesionario del peaje. 

Lo que la ciudad espera y necesita es una carretera que saque el flujo vehicular a un viaducto sobre la autopista con cuatro intercambiadores amplios y seguros. Que garanticen la movilidad y se ajusten a los estándares de las vías 4 y 5G que existen ya por todo el país, y que este antes del peaje de los Andes. Y no, que se construya una variante como la de Cota, para terminar convertida en una insufrible calle de acceso para los conjuntos residenciales que en esta vía esperan construir a su alrededor.

Esta es la historia

El 50 % de los terrenos por donde se planeó el trazado de la Troncal de los Andes no fue cedido gratuitamente por sus dueños en el 2018. Como sí lo hicieron los otros propietarios a cambio de licencias y beneficios de construcción en altura sobre la nueva vía. 

La negativa solitaria de los dueños de la Hacienda San Jacinto, propietarios de ese 50 %, se convirtió en un acto desafiante e imperdonable para los poderosos, los “dizque dueños” de la verdad y de los grandes beneficiarios que dejará esta vía: Accenorte, Alcaldía de Chía, Gobernación de Cundinamarca, la CAR, ANI, ANLA, el IGAC y las constructoras participantes y beneficiadas. Todos pesos pesados del poder local, regional y nacional.

El contrato de la Troncal de los Andes se firmó en diciembre del 2017, pero solo se comenzó a construir en septiembre de 2019. La obra realizada por Accenorte, concesionario del peaje y a su vez del contrato de concesión bajo el esquema APP-IP- No. 001 de 2017, implica llevar a cabo “la financiación, los estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental” para la ampliación de la Autopista Norte, desde la 245 a la Caro (unidad funcional 1); ampliación de la séptima (unidad funcional 2) y así la troncal de los Andes se convirtió para Accenorte en la (unidad funcional 3).

La construcción se inició por los extremos de la variante Chía Cota hacia el oriente y de la Autopista Norte hacia el occidente, con la esperanza de que el 50 % de la tierra no adquirida para este desarrollo vial fuera expropiada mientras la obra avanzaba. Sin embargo, llegó la pandemia y con ella el encierro y el aislamiento y fue ahí cuando el humedal de los Andes emergió con todo su esplendor, para darle posada y abrigo a toda una variedad de fauna endémica, nativa y migratoria después de permanecer mimetizado entre los potreros.

Con la aparición del humedal se extendió la controversia de la Troncal de los Andes al campo ambiental, pues seguir con el trazado vial y continuar su construcción significaba secar el humedal. 

Gracias al fuerte e importante activismo ciudadano, integrado por colectivos ambientales de la ciudad y de toda la región, de las veedurías y de los habitantes de Chía, quienes salieron en defensa del humedal. El 16 de octubre de 2020 la Personería presentó Acción Popular en contra de la ANLA, ANI, CAR, Accenorte y el Municipio de Chía con la finalidad de proteger el humedal.

Fue así como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante Providencia de 18 de marzo de 2021, decretó la medida cautelar solicitada por la Personería Municipal de Chía. Dicha decisión, si bien calmó los ánimos, fue apelada por Accenorte ante el Concejo de Estado, alto tribunal que, en un nuevo revés para el concesionario, confirmó la medida cautelar el pasado 3 de febrero y dio 90 días a la ANLA para que determine las acciones ambientales a seguir. Esto significa que el 3 de mayo debía conocerse si el humedal vive o muere. 

El humedal de los Andes

¿Pero cuál es la verdad del humedal que en tanto tiempo no se ha podido resolver? La verdad siempre tiene dos caras: por un lado la que manifiestan agitados a los cuatro vientos con ardor y vehemencia los dueños del poder, y del otro, la verdad verdadera que es la que se demuestra por sí misma con hechos y pruebas.

Lo que hasta hoy está claro es que el Humedal de los Andes figura en los mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y está registrado en sus aerofotos desde 1938, además, aparece en el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) del río Bogotá, en la Carta de la CAR, y en su cartografía 228 IC1 de 2011.

Por otro lado, el humedal ha sido certificado como tal por la bióloga Loreta Rosselli, así como por el doctor y Ph.D en Biología, Gary Stile, además ha sido estudiado, analizado y conceptuado como humedal luego de que 227 estudiantes y 23 docentes liderados por la bióloga Clara Santafé, directora del programa de Biología de la Universidad del Bosque, estuvieran analizándolo por tres días y concluyeran que, es humedal.

Frente a ese cúmulo de evidencias, es sospechoso que la única entidad que no acepta que este cuerpo de agua, como le dicen para no calificarlo como humedal, sea la CAR. Y si la CAR, como autoridad ambiental no lo avala, pues el humedal no es humedal. Esta decisión lo convierte en un charco de agua artificial, por lo que no habría que protegerlo, se puede secar y le pueden pasar por encima una carretera, la Troncal de los Andes.

Esta controversia es la que el juez le dice a la ANLA que decida en 90 días. Si muere el humedal, o si conviven los dos Andes, el Humedal de los Andes y la troncal de los Andes con otro trazado, tal y como lo ordenó un juez hace meses. Lastimosamente, la soberbia terminó llevando al concesionario, además de insistir en lo jurídico, también a presionar en lo físico. Así fue como Accenorte luego de dejar un fragmento de puente tirado sobre la variante a Cota, inició la construcción acelerada de otro pedazo de puente, en esta ocasión sobre el río Bogotá, frente al humedal. 

Lo inquietante de este asunto es que el problema de la carretera era de tierras y frente a la realidad del humedal se convirtió además en un problema ambiental. En los estudios realizados a los terrenos y sobre los cuales la ANLA otorgó al concesionario  Accenorte la licencia ambiental no había humedal, y la ANLA es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Grave error. 

Esto sucedió porque la CAR, entidad que debía dar un concepto previo de la situación de los terrenos por donde pasaría la carretera, nunca lo hizo. Además, la ANLA entregó a Accenorte la licencia ambiental con base en el estudio de tierras que adelantó este concesionario, quien tampoco realizó el reconocimiento de campo de este 50 % de los terrenos de la Hacienda San Jacinto.

Fue entonces que, en medio de esta serie de errores oficiales, apareció el humedal como una némesis de la naturaleza que se enfrenta hoy a la CAR, entidad que a toda costa busca  evitar el reconocimiento del cuerpo de agua como humedal, toda vez que reconocerlo confirmaría que todas las instituciones oficiales involucradas, incluida la propia CAR, habrían incurrido en un prevaricato.

Mientras tanto todos los colectivos ambientalistas, las veedurías y la ciudadanía consciente y activa de Chía se encuentran cada día más inquietos al ver la complacencia de las autoridades ambientales que dejan con el correr de los días que los “poderosos” sigan depredando la tierra, el aire y el agua del territorio para convertirlo en concreto.  

A la fecha el humedal de los Andes, que era de 6.6 hectáreas, quedó reducido a solo dos debido a la expropiación y construcción de un jarillón en su entorno, por donde precisamente circulan vehículos y maquinaria. Y si los tribunales no actúan a favor, el humedal morirá a manos de lo que podríamos llamar, de manera análoga, el nuevo santo oficio de la naturaleza. 

Esto porque la CAR, como máxima autoridad ambiental, puede a través de sus 31 funciones: “Dictar normas, realizar estudios, ejercer control de los usos del agua, el suelo y el aire”, además de ejercer como“Policía e imponer sanciones”. O también “recaudar contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas”entre otras. En resumidas cuentas, la CAR es juez y parte frente a todo lo relacionado con el medioambiente y, por lo tanto, tiene potestad absoluta de decidir que lo negro es blanco y que lo blanco es negro o que el humedal no es un humedal.

Así las cosas, la defensa de este humedal seguirá con más ahínco desde la comunidad del municipio y de la región. Toda vez que gracias a esta lucha sin cuartel que ha venido dando la Hacienda San Jacinto por su territorio y la naturaleza, la población de la ciudad ha podido ir conociendo irregularidades. Como que el exalcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz, cedió a cambio de nada y a favor de un privado (Accenorte), 114.000 m² de tierra de cesiones tipo A. Estimadas en un valor que oscila entre 150 y 200.000 millones de pesos, un detrimento que está por encima del doble del sonado caso de MinTic y Centros Poblados.

Por este hecho, la oficina de Defensa Judicial de la Alcaldía instauró demanda contra el exalcalde Leonardo Donoso, que posiblemente se extenderá a los 15 concejales, quienes en un inexplicable quince a cero aprobaron un convenio interadministrativo con la ANI, a través del cual le cedieron los mencionados terrenos a un privado. Accenorte.

También se conoció otros 200 000 metros más de tierras que el municipio no ha recibido por concepto de cesiones de años atrás, que corresponde a centros comerciales Universidades y condominios.

Junto a ellos seguramente también deberán responder los alcaldes, secretarios de planeación y directores de urbanismo, quienes desde hace 35 años han permitido tantas violaciones e ilegalidades en el territorio, ya sea por interés personal o por física ignorancia administrativa, lo que ha llevado al municipio al borde del colapso en materia ambiental, urbana, de movilidad y servicios públicos.

Y cierro con esta singular respuesta de un veedor al preguntarle sobre estos hechos dijo: “Lo que el país necesita es la paz, por eso lo que queremos y exigimos para esta ciudad es la verdad, la reconciliación y la reparación, porque eso nos da paz y la paz empieza por casa y nuestra casa es Chía”.