El rey y sus alfiles

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Rey, pese a haber sido investigado y señalado por volteo de tierras, sigue sin que nada le pase y, peor aún, cada vez más fortalecido, porque continúa siendo el rey de los alfiles de la región. 

Por: Yohir Akerman | Tomado de Cambio Colombia| Opinión | La Región desde los Medios |
El municipio de Funza, en cabeza de su alcalde, Daniel Felipe Bernal, vuelve a ser protagonista del escándalo por las irregularidades en el tema de volteo de tierras. Pero ahora por no acatar los fallos de la justicia, que ordenan realizar la liquidación del efecto plusvalía sobre algunos predios con los parámetros legales.

Esto hace parte de una técnica y oscura cadena de hechos que se iniciaron con uno de los personajes más influyentes que ha tenido Cundinamarca, el señor Jorge Emilio Rey Ángel, cuando fue alcalde de Funza, entre 2008 y 2011. 

Rey, pese a haber sido investigado y señalado por una serie de delitos relacionados con estos hechos, sigue sin que nada le pase y, peor aún, cada vez más fortalecido, siendo el rey de los alfiles que pone en esa y otras alcaldías de la región. 

No solo eso, sino que Rey parece ser el seguro ganador, nuevamente, de la Gobernación de Cundinamarca en las próximas elecciones, por eso vamos al principio de esta partida de ajedrez. 

Rey es un político local de Funza, que ganó poder y notoriedad usando la maquinaria de juntas de acción comunal donde su familia era influyente. Para los aficionados al ajedrez, eso podría equipararse a la famosa jugada “apertura italiana”. Gracias a ese aparato llegó a la Alcaldía de Funza, a la Cámara de Representantes y posteriormente a la Gobernación de Cundinamarca.

Recordemos que existen numerosas pruebas que muestran que, en varios municipios de Cundinamarca, entre ellos Funza, ha funcionado un cartel de volteo de tierras, una modalidad delictiva que ha hecho millonarios a empresarios y a políticos cundinamarqueses. 

El procedimiento, que fue denunciado en 2017 por el entonces senador Carlos Fernando Galán, consiste en cambiar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, o expedir planes parciales que modifiquen el uso de la tierra de rural a urbano mediante pagos irregulares y favores a concejales, alcaldes y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional.

De esta manera las tierras multiplican por millones de veces su valor. Lo que los afortunados compraron en hectáreas se termina vendiendo en metros cuadrados. 

Otra modalidad del mismo delito, importante en este caso, consiste en rebajar o eliminar irregularmente el cobro de la plusvalía, un tributo que debe pagar el propietario de las tierras beneficiado por la medida que valoriza su propiedad. 

El exgobernador de Cundinamarca Jorge Rey ha sido mencionado en varias denuncias por estos hechos, pero nada le ha sucedido. La mayor parte de las investigaciones por el volteo de tierras quedaron frenadas en la Fiscalía, incluso unas que comprometen a la reina mayor.  

Sigamos por ahí. El 1 de diciembre de 2016 el entonces alcalde del municipio de Nocaima, William Ospina, presentó ante el Concejo un proyecto para cambiar el uso del suelo de un terreno de 6.900 metros cuadrados en donde funcionaba una planta de tratamiento de residuos para construir un proyecto de vivienda social denominado Ciudadela Altos de San Felipe. 

El Concejo debatió el proyecto el 7 de diciembre, aprobándolo con cuatro votos a favor. Pero, oh sorpresa, el documento fue modificado a mano y, en vez de 6.900, se aprobó un área de 53.900 metros cuadrados. Uno que otro metrico más. Como se ha denunciado en esta columna, fue la señora Mercedes Ángel de Rey, la madre de Rey y una mujer de mucho poder en Cundinamarca, la que hizo parte del lobby para que ese proyecto saliera adelante, según las fuentes cercanas al proceso. El proyecto no se efectuó, es decir que fue un gambito de dama mal realizado para seguir con las metáforas del ajedrez. 

Ahora vamos a la investigación. Un fallo del Consejo de Estado del 25 de julio de 2019 y ratificado en dos oportunidades por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la última el 22 de octubre de 2021, ordenó al alcalde de Funza realizar nuevamente la liquidación del efecto plusvalía sobre algunos predios con los parámetros legales que incluye la sentencia. 

Pero el alcalde Bernal, un peón de Rey, ha decidido no acatarla. Algo parecido a la jugada ajedrecística inventada en 1750, llamada “mate del legal”, donde se sacrifica a un peón para hacer creer al contrario que lleva las de ganar. 

Yohir Akerman

El plazo legal con que contaba el municipio de Funza para dar cumplimiento integral a la sentencia proferida por el Consejo de Estado venció el 11 de julio de 2020, y como dice ese fallo: “sin que sea legalmente viable para la administración prorrogar, suspender, dilatar o ampliar los términos dispuestos por el legislador para el cumplimiento y acatamiento de las decisiones judiciales”. Van dos años sin acatar esa orden. 

El alcalde Bernal, quien fue secretario privado de Rey en la campaña que este ganó para la gobernación en 2015, ha prorrogado, suspendido y dilatado el mandato del Consejo de Estado, estableciendo que se debe esperar, para que se haga más adelante, sin decir fecha precisa, incluso utilizando escusas como la pandemia del covid.  

Esto ha ocasionado un detrimento patrimonial para el municipio que va en aumento porque los procesos para el cobro de la plusvalía han sido viciados y han terminado en demandas, tutelas, derechos de petición y quejas por los pagos que no cumplen con la ley y por las coimas que dicen que presuntamente se han cobrado. 

Algunos dueños de predios afectados que se fueron por la vía legal, interpusieron quejas disciplinarias ante la Procuraduría General de la Nación, pero afirman que las actuaciones van a paso de tortuga, ya que siempre este tipo de denuncias terminan en manos del procurador provincial, que, obviamente, es otra ficha de Rey. 

Expliquemos eso. Rey se ha encargado de poner alfiles, no solo en las alcaldías importantes sino también en los entes de control locales. Por ejemplo, en la procuraduría provincial de instrucción de Facatativá, que es la que termina viendo los asuntos disciplinarios de Funza. La procuradora para ese cargo inicialmente fue la doctora Martha Toro, del círculo de Rey. Posteriormente se encargaron de poner al señor Carlos Fernando García Reina y este, fue el antecesor de la actual, la doctora María Claudia Caicedo González. Llamémoslo Enroque, famosa jugada ajedrecística donde el Rey y la torre se intercambian de posición al mismo tiempo, para ganar una posición, en este caso, de defensa.

En la Fiscalía también reposa una demanda penal contra el alcalde Bernal y su secretario de Planeación Jaime Alejandro Angarita a fin de que se adelante la investigación penal respectiva, que conduzca y culmine con la individualización e imposición de sanciones correspondientes por el no acatamiento del fallo del Consejo de Estado. 

Es por eso que, aunque el Consejo de Estado dice que “el incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar”, asombra la conducta de Bernal a sabiendas de las sanciones a las que está expuesto.  

Pero es que parecen ser intocables. El 9 de abril de este año, Daniel Coronell en su columna “Sigue siendo el Rey” llamó la atención sobre ese tema teniendo en cuenta las primeras condenas contra del cartel de volteo de tierras que ha habido en Cundinamarca. 

Los primeros condenados fueron el empresario Mario Angulo, a seis años y tres meses de prisión por el delito de fraude procesal, y la exjefe de planeación de Funza, Adriana Milena Orozco Quecano, que enfrenta siete años por los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. La señora Orozco Quecano está casada con el exalcalde de Madrid, Cundinamarca, Giovanni Villarraga, quien fue director de Función Pública de la gobernación de Rey hasta su captura por hechos de corrupción. Jaque doble. 

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Pese a todo esto, nadie toca a Rey. Y no es sorpresa, ya que desde que Funza decidió cobrar la plusvalía, y hacer maniobras oscuras con ese pago, el, de nuevo candidato a la Gobernación de Cundinamarca, ha logrado poner a sus alfiles en la administración del municipio con el fin de protegerlo. 

Por allí han pasado Jorge Machuca entre 2012 y 2015, al que, para pagar los favores recibidos, nombró como gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca. Le siguieron Manuel Antonio Montegú, entre 2016 y 2019 y el actual alcalde Daniel Felipe Bernal a quien dicen, Rey le ha prometido un cargo en la gobernación para que se prepare y en cuatro años sea el siguiente gobernador del departamento.

Según uno de los afectados consultados por esta columna, el alcalde Bernal para seguir dilatando la sentencia, afirma que no ha contratado un nuevo avalúo porque no tiene los recursos para esto. 

Ahora bien, en las calles de Funza también se habla de que esa dilación, por parte de la administración municipal, obedece al interés que se tiene para dar tiempo a que en las elecciones que se avecinan, quede en la alcaldía la nueva ficha de Rey. Esto con el objetivo de seguir maniobrando la situación y dándole conducción al volteo de tierras y los tributos por debajo de la mesa. De lo contrario, el municipio tendría que pagar por la negligencia de su Rey. Y de sus peones. 

La elegida por Rey para esta alcaldía es una de las candidatas más opcionadas para ocupar el cargo. Se trata de Jeimmy Sulgey Villamil Buitrago. Recordemos que Villamil Buitrago ha pasado por casi todos los cargos en el municipio de Funza. Fue inspectora de policía en la Secretaría de Gobierno, secretaria de Movilidad, secretaria de Gobierno, jefe de la oficina jurídica de la alcaldía y también secretaria de Planeación. En este último cargo, tuvo que lidiar con todo el cobro de la plusvalía y con las controversias de este. Lo que más sorprende es que de llegar a la alcaldía sería la encargada de volver a modificar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio.

Vale la pena recordar que en 2019 la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Funza Jorge Enrique Machuca, a Jeimmy Sulgey Villamil Buitrago y a diez exconcejales, por participar en la formulación y adopción aparentemente irregular de dos modificaciones excepcionales del PBOT del municipio. 

Sin embargo, Jeimmy Villamil ha sido jefe de la Oficina Jurídica de la Licorera de Cundinamarca y gerente de la Empresa Férrea donde lideraba el proyecto del tren de cercanías, RegioTram, al que renunció en octubre del año pasado para poder aspirar a la Alcaldía de Funza, como alfil del Rey. 

Volviendo al tema de la plusvalía y, para terminar, resulta interesante que si no hay recursos, como dice el alcalde actual, es curioso que en Funza el secreto a voces, según los corresponsales y colaboradores de esta columna en la región, es que se han destinado dineros de la administración pública para apoyar las nuevas candidaturas de Jorge Rey a la gobernación y la de Jeimmy Sulgey Villamil a la alcaldía. Y con eso mantener la monarquía de Rey, con sus torres, caballos, peones y alfiles. Y con todas sus jugadas. Parece un jaque mate para la justicia y la gente de Cundinamarca. 

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2 comments

  1. Consuelo Reyes De Ramírez 17 agosto, 2023 at 08:37 Responder

    Qué buena investigación. Esto mismo está pasando en nuestro municipio de Chía, dónde se dejaron vencer los términos. Tanto que tuvimos que pagar finalmente por esa negligencia!!! Qué entramado corrupto y politiquero!! Hasta Cuando???

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