Álvaro Cruz hizo buena parte de su carrera política con el Partido Liberal. Con su renuncia irrevocable a la Gobernación de Cundinamarca, este martes, Álvaro Cruz conjuró la posibilidad de que fuera puesto preso el próximo 2 de septiembre, cuando sería la audiencia en su contra en el Tribunal Superior de Bogotá por su participación en el conocido ‘carrusel’ de la contratación.

Con esa decisión, Cruz pierde el fuero como gobernador, que obligaba a que el juicio en su contra fuera llevado a cabo en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la Fiscalía, que tenía previsto imputarle en dos semanas los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza ante el Tribunal Superior, tendrá que pedir que esa diligencia se adelante ante un juez de Paloquemao. Los allegados de Cruz consideraban que un juicio en la Corte Suprema sería más estricto a la hora de imponer sentencias ejemplarizantes en casos de corrupción.

De hecho, como lo informó este diario en julio pasado, Cruz venía negociando con la Fiscalía la aceptación de cargos por corrupción. El Gobernador notificó ayer de su renuncia al presidente Juan Manuel Santos, mediante una carta pública. “Debo informarle que la Fiscalía está adelantando una investigación frente a mi ejercicio profesional como ingeniero civil independiente, en el mes de diciembre del año 2009, lo que me obliga a atender los requerimientos de ese organismo constitucional”, señala Cruz en la carta, en la que asegura que no quiere afectar la gobernabilidad del departamento. La renuncia se hará efectiva desde el próximo martes.

La justicia considera que en el 2009 Cruz fue uno de los empresarios que pagaron millonarios sobornos a concejales y miembros de la administración del exalcalde Samuel Moreno a cambio de los megacontratos de Bogotá. Su dimisión, que es inusual porque el afectado la toma sin que medie aún un fallo en su contra, deja sin gobernador a uno de los tres principales departamentos del país. El fiscal del caso, Juan Vicente Valbuena, señaló que, bajo las nuevas condiciones, se examina qué tipo de medida se pide para Cruz, pero que en principio sería una prohibición para salir del país.

Si la negociación es avalada por un juez, el saliente mandatario cundinamarqués lograría una rebaja de hasta la mitad de la sentencia, que originalmente podría llegar hasta los catorce años. Fuentes que conocen el proceso señalan que Cruz no sería testigo contra otros enredados en el ‘carrusel’.

El contrato que lo tumba

El Gobernador tendrá que responder penalmente por el contrato 193 del 2009, por 23 mil millones de pesos, del cual se habrían usado 800 millones de pesos del anticipo para pagar sobornos a concejales y funcionarios de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá.

Esos pagos, según la tesis de la Fiscalía, se hicieron entre diciembre del 2009 y febrero del 2010, y fueron justificados con diez facturas de la firma ICM Ingenieros en Bogotá, a la que estaba vinculado Cruz. Aunque el Gobernador ha negado que ICM, empresa en la que figuran como accionistas su esposa y sus cuñados, fuera de su propiedad, los investigadores consideran que hay evidencias para señalar que él la controlaba y era quien tomaba las decisiones de fondo.

La Fiscalía señala que los exconcejales Orlando Parada, Hipólito Moreno y Andrés Camacho Casado habrían recibido plata para presionar la entrega del contrato. Moreno, condenado a seis años de cárcel, ya reconoció ante la Fiscalía que recibió el soborno en efectivo para que el contrato fuera entregado a la firma de Cruz. Entre tanto, el contratista Julio Gómez dio cuenta de las reuniones en las que se habría acordado el pago de las coimas a cambio de ese millonario negocio.

También hace parte del expediente el testimonio del abogado Manuel Sánchez, que negoció con la Fiscalía y recibió un principio de oportunidad, y quien dijo a los investigadores que Cruz hizo parte de “una organización criminal” que se conformó para obtener millonarios contratos de obra en Bogotá.

Gobernó dos veces Cundinamarca

Cruz, ingeniero civil, nació en San Juan de Rioseco, pequeño poblado del occidente de Cundinamarca. Inició su vida política como concejal de su municipio a comienzos de los 80, con el Partido Liberal. Luego fue diputado con el Nuevo Liberalismo y en 1986 fue designado gerente de Corabastos. En el 92 fue nombrado Secretario de Hacienda departamental.

En 1994 fue candidato independiente a la Gobernación y en 1997 fue precandidato, pero se adhirió a Andrés González. En el 2001, con el liberalismo, logró la Gobernación con 414.000 votos. En el 2007 volvió a intentar con Cambio Radical. Ya en el 2011, con la Unidad Nacional, logró el 67 % de los votos.