La revocatoria no es solo un acto político, es la expresión ciudadana que exige calidad de vida, respeto por el medioambiente y buena gestión pública y sin corrupción.
Foto, alcaldía de Chía. Imagen de campaña intervenida
Dicha petición fue aceptada en los últimos días por el CNE a través de la entrega del formulario de firmas al promotor de la iniciativa, el veedor Carlos Nicolás Casas, para que se proceda a la recolección de firmas y así dar paso después a las votaciones que confirmarán si la revocatoria se cumple o no.
A continuación, presentamos los primeros argumentos de las voces de la Red Municipal de Veedurías de Chía, quienes puntualmente manifiestan: “La revocatoria de mandato del actual alcalde es una necesidad urgente”.
Chía al borde del colapso sanitario: Las promesas
incumplidas y una construcción desmedida asfixian al municipio
El dulce aroma de la sabana se transformó en un fétido olor que flota sobre Chía, desde hace décadas, mientras la comunidad clama por soluciones a una crisis sin precedentes de saneamiento ambiental.
Un velo de denuncias oscurece la gestión del alcalde Leonardo Donoso, acusado de incumplir promesas de campaña, ignorar normativas ambientales y priorizar un supuesto desarrollo cuando la realidad es un urbanismo sin medida, que parece empujar al municipio hacia el abismo.
El fantasma de las Promesas Incumplidas:
Calidad de vida y medio ambiente en jaque
La denuncia central de la Red Municipal de Veedurías apunta a un rotundo incumplimiento del Plan de Gobierno con el que el alcalde Donoso se eligió.
¿Dónde quedó la “calidad de vida” prometida? La realidad, según los veedores, es una población expuesta a “olores fuertes y dañinos (ácido sulfhídrico), que emanan de los sumideros de muchas de las calles de la ciudad”. Una problemática directamente ligada a la falta de soluciones estructurales en el alcantarillado y la deficiente separación de aguas mixtas.
Esta situación, lejos de ser un mero malestar, eleva el riesgo de enfermedades, afectando especialmente a los más vulnerables: niños, niñas, personas mayores y enfermos crónicos.
Además, la promesa de descontaminación del río Bogotá, una orden clara del Consejo de Estado, se diluye en la neblina mental de una gestión administrativa cuestionada que solo le ha dejado a Chía, un exagerado crecimiento urbano, sin la existencia de una infraestructura de servicios públicos completa y eficiente.
Las PTAR:
Un problema que crece, una solución que NO llega
El epicentro del descontento ambiental se encuentra en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Los veedores denuncian que la laguna de oxidación, ubicada a la entrada del municipio, “permanece colmada”. Lo más grave, aseguran, es que la mal llamada PTAR I no ha sido intervenida.
Peor aún, se permitió la construcción de cientos de mini apartamentos para estudiantes a menos de 200 metros de esta planta, un hecho que no solo incumple leyes y normas, sino que desafía el “sentido común” y que pone en riesgo la salud de nuevos habitantes.
Surgen entonces cuestionamientos entre los veedores sobre ¿Cómo es posible que se aprueben construcciones residenciales tan cerca de una infraestructura de tratamiento de aguas residuales en estado crítico? Lo que indica que la lógica de la planeación urbana y la protección de la salud pública parecen haber sido sacrificadas en el altar del “desarrollo”.
La situación se agrava con la denuncia de que la PTAR II, diseñada en el 2017, para atender el 70 % de una población no mayor a 129.000 habitantes, ya es insuficiente. El propio alcalde, según los veedores, admite una población actual de 220.000, muy por debajo de los 365.000 caracterizados por la administración Varela, anterior al 2016.
La urgencia de PTARs con capacidad para hasta 900 litros por segundo, “cuatro veces lo existente”, es evidente. Además, se señala que la otra planta (lagunas de oxidación o Ptar I)supuestamente “trata” el 30 % restante, dejando pasar directamente al río Bogotá más del 60 % de lo que recibe sin tratamiento alguno, permitiendo el vertimiento de sólidos contaminantes.
Pese a esto, la CAR habría aumentado los permisos de vertimiento de 92 lts/seg a 180 lts/seg, “sin actualizarla ni hacer ninguna modificación al sistema”.
La desactualización y el aumento de permisos de vertimiento sin mejoras sustanciales plantean serias dudas sobre la supervisión de las autoridades ambientales y la prioridad real que se le está dando a la descontaminación del río Bogotá, una obligación legal que tampoco se cumple, en detrimento de los ecosistemas hídricos y de salud de los habitantes de Chía.
Finalmente, se subraya la ausencia de los Planes Maestros de Saneamiento, Vertimientos y Alcantarillado en Chía, una omisión grave que se evidencia en el propio Plan de Gobierno del alcalde.
La magnitud del problema se dimensiona al recordar que diariamente se deberían recoger alrededor de 22 toneladas de sólidos altamente contaminantes, de las aguas residuales que a diario producen los 220.000 habitantes, que dice el alcalde hay hoy en Chía, más las treinta mil personas que constituyen la población flotante de la ciudad.
Esta carga, que es, además, la que produce el ácido sulfhídrico con sus respectivos y terribles olores, demanda una tractomula diaria para movilizar dichos residuos. Que a su vez impactaría todo el entorno del recorrido con el aroma que ya la ciudad conoce. Pero dicho proceso No se está haciendo.
De ahí que los veedores se pregunten, ¿dónde están estos desechos y a dónde se están llevando? Pero ellos insisten en que nadie les contesta, que por eso habrá que preguntarles a los ríos Frío y Bogotá, que, en últimas, indican, son las verdaderas Ptar de Chía.
Para mayor ilustración, es importante aclarar que por esta contaminación que el municipio hace de los ríos, debe pagar millonarias multas a la CAR, recursos que además terminan saliendo de los bolsillos de los contribuyentes, tal y como hoy se ve reflejado en los cobros del impuesto predial, donde se incluye la cuota a la CAR.
Así las cosas, la falta de un plan maestro de saneamiento es una bomba de tiempo sanitaria. Toda vez que estos planes son la columna vertebral de cualquier desarrollo urbano responsable.
La evidente desconexión entre el crecimiento urbanístico descontrolado y la falta de una infraestructura básica de servicios públicos bien planificada, es una señal de alarma que Chía no puede seguir ignorando.
El Desarrollo Desaforado:
POT y Sentencia del Río Bogotá Ignorados
La denuncia no se queda solo en el saneamiento. Los veedores acusan al alcalde de aprobar y promover un “desarrollo desaforado de construcciones en todo el Municipio”, incumpliendo flagrantemente los artículos 70 y 71 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente, que exige a los proyectos de más de cinco unidades de vivienda construidas, tener sus propias PTAR. Sin embargo esta norma no solo no se ha cumplido, sino que el descontrol urbanístico se ha extendido a la aprobación de licencias sin que el municipio tenga “estudios socioeconómicos, excediendo densidades de construcción e invadiendo zonas protegidas”.
“El desarrollo, dicen los veedores, debe ser sostenible e inclusivo. Ignorar el POT y la capacidad real del municipio no solo es una irresponsabilidad administrativa, sino que condena a Chía a un futuro de sobrepoblación, colapso de servicios y deterioro ambiental “.
Terminan anotando que “La historia nos ha enseñado que las grandes EPIDEMIAS ocasionadas por el mal manejo de aguas residuales”, son un riesgo real, que parece estar siendo subestimado por la actual administración.”
Gestión Administrativa Cuestionada:
La Casa de Justicia y las Cifras Ignoradas
La mala gestión no se limita al medioambiente. La denuncia revela “artilugios para tapar lo intapable” en la construcción del Centro Administrativo Municipal (CAM).
La demolición de la Casa de Justicia, donada por USAID de EE. UU, sin aprobación del Concejo Municipal y sin reservar un presupuesto para su reposición, es un claro ejemplo de una administración improvisada y perjudicial para las finanzas públicas.
Además, hay que anotar la incomodidad a la que son sometidos tanto los funcionarios públicos como los ciudadanos al tener que trabajar los unos y ser atendidos los otros, en “precarios y reducidos espacios” de “onerosos arriendos” que desde hace casi una década paga el municipio, por la demora y sobrecostos del CAM.
La ciudadanía, a través de sus veedores, ha puesto sobre la mesa pruebas y alertas. Ahora, corresponde a las autoridades competentes, pronunciarse y a la ciudadanía decidir, a través de la revocatoria, si esta es la “calidad de vida” que merece.
Las seis ponencias presentadas por los veedores, no son solo una lista de incumplimientos, sino un grito de auxilio por el futuro de Chía. La revocatoria no es solo un acto político, es la expresión de una ciudadanía que exige un municipio donde la calidad de vida, el respeto por el medioambiente y la buena gestión pública dejen de ser promesas y se conviertan en realidades.
Y concluyen los veedores, la pelota está en la cancha de los ciudadanos, quienes con su firma ahora y su voto más tarde, tienen el poder de darle un positivo viraje al municipio. Y tal y como lo manifiestan, “es la hora de la acción, no politiquera sino ciudadana.”
Excelente reportaje si no se logra que Chía comience a leer y haga un debate ciudadano sobre la certeza de las denuncias para tomar acción y sentar un precedente y exigir a los futuros aspirantes a Alcaldes
Debemos cuidar del bienestar de Chia y que todo esté en regla.
Somos los directamente beneficiados o afectados por eso debemos cuidar y proteger de nuestro entorno
Buenas noches
El alcalde no tiene compromiso con el pueblo ni mucho menos palabra, cuando presento el programa de gobierno en este periodo prometió disque construir el tercer carril de la Av Pradilla disque iba a repavimentar todas las calles del municipio!!!!!!!
Periódico de chía Ya es hora que ustedes tengan tik tok, reels, pequeños cortos en YouTube, para manejar más las redes sociales
Las expresiones ciudadanas desde la objetiva visualizacion de problemas merecen tomar decisiones consonantes
Debe asumir la responsabilidad de todo lo anterior y de su nefasta y nula intervención como autoridad del Municipio de Chia en el Catastro Multiproposito pues no cumplió con el IGAC la ruta de socialización, divulgación, como tampoco exigió supervisión de los compromisos del contrato con el Gestor Catastral.