La autoridad ambiental encontró “documentos expedidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que no estaban incluidos en el expediente”.
Render de 2019. Proyecto de la Troncal de los Andes, ya adelgazado a 4 carriles, sin bermas, sin andenes, ciclorrutas ni luminarias.
La audiencia, inicialmente programada para el 27 de septiembre de 2025 en Chía, queda en el limbo, demostrando que la transparencia y la participación ciudadana son ahora pilares innegociables en la toma de decisiones.
La suspensión, oficializada mediante un acto administrativo de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental. Responde a un hallazgo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la que ha hecho saber, que cuenta con nueva y crucial información hasta ahora no incluida en el expediente, y la cual ha sido calificada como potencialmente determinante para el análisis técnico ambiental y para el ejercicio pleno del derecho a la participación.
Las piezas que faltaban
El documento de la ANLA subraya la existencia de “observaciones sobre la posible afectación de cuerpos de agua como el Canal Proleche y el Humedal San Jacinto”. Pero lo que realmente detonó la suspensión fue la aparición de “documentos expedidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que no se encontraban en el expediente”.
Esto no solo evidencia una falla en el proceso de consolidación de la información, sino que también refuerza la necesidad de una vigilancia constante para garantizar que todas las voces y datos relevantes sean considerados.
Además, la ANLA ha solicitado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que precise el alcance de una medida cautelar vigente sobre el predio Las Veguitas. La pregunta es vital: ¿las restricciones aplican a todo el predio o solo al cuerpo de agua que se encuentra en él? La respuesta a esta incógnita podría alterar radicalmente la viabilidad del proyecto y, por ende, debe ser resuelta antes de cualquier deliberación pública.
La participación ciudadana. De derecho a protagonista
La decisión de suspender la audiencia no es solo un acto burocrático; es una declaración de principios. En esencia, la ANLA está reconociendo que la participación ciudadana no es un simple formalismo, sino un mecanismo real y poderoso para garantizar la idoneidad y la legalidad de los proyectos.
El rol de los ciudadanos, de las veedurías y de las organizaciones ambientales se fortalece. Este caso demuestra que su labor de escrutinio, su capacidad para detectar inconsistencias y su persistencia en el ejercicio del derecho de petición son más importantes que nunca. La suspensión de esta audiencia es una victoria para la democracia ambiental, un claro recordatorio de que la presión ciudadana puede y debe influir en las decisiones que afectan nuestro entorno.
Alianza estratégica con Dinamarca. Un nuevo enfoque de licenciamiento
El documento también destaca otro evento clave que, aunque no directamente relacionado con la suspensión, sí se alinea con la nueva visión de la ANLA: un convenio de cooperación firmado con el Instituto Danés de Derechos Humanos.
Esta alianza es una apuesta audaz por un nuevo modelo de licenciamiento ambiental. Su objetivo no es solo evaluar impactos, sino incorporar un enfoque de derechos humanos en los procedimientos. Esto implica capacitar a los equipos técnicos en estándares internacionales como el Acuerdo de Escazú y los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos.
El convenio busca fortalecer la gestión participativa y territorial, fomentando un diálogo genuino y la prevención de conflictos socioambientales. En palabras del documento, esta alianza es un “vehículo fundamental para consolidar la gobernanza ambiental”, buscando que las decisiones sean más transparentes, inclusivas y sostenibles.
Un futuro de transparencia y diálogo
El caso de la “Troncal de Los Andes” es un termómetro de los nuevos tiempos. El modelo de “licenciamiento a puerta cerrada” está dando paso a un enfoque más colaborativo, donde la información es pública y la voz de la comunidad es una fuerza determinante.
El convenio con Dinamarca, por su parte, no es solo un intercambio de conocimientos, sino una hoja de ruta para una “nueva generación de licenciamiento ambiental en Colombia”. Una generación que se basará en la comunicación, el diálogo y, sobre todo, en la acción transformadora de los derechos humanos.La suspensión de la Audiencia Pública Ambiental de la “Troncal de Los Andes” es un hito. Nos muestra que el camino hacia el desarrollo sostenible no puede ignorar los ecosistemas ni, mucho menos, a las comunidades. Es una señal clara de que la transparencia y la participación ciudadana no son obstáculos, sino los cimientos de una política ambiental robusta y legítima para el futuro de Colombia.
