La investigación preliminar de la Secretaría de Transparencia se centra en la naturaleza del proyecto y en el modelo de Alianza Público Privada (APP) bajo la cual se ejecuta la Unidad Funcional 3 (UF·).
Andrés Idárraga, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la Republica, en rueda la prensa
Andrés Idárraga, secretario de la entidad, ha alertado sobre lo que denomina “posibles irregularidades” que, de confirmarse, podrían configurar un grave caso de afectación al patrimonio público y presuntos delitos de corrupción. La compleja denuncia, con múltiples variables ha sido compulsada a los organismos de control, y apunta a una compleja red de presuntas ilegalidades que involucran la supuesta entrega gratuita de terrenos públicos, la celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y un posible “volteo de tierras” a gran escala.
La investigación preliminar de la Secretaría de Transparencia se centra en la naturaleza del proyecto y en el modelo de Alianza Público Privada (APP) bajo el cual se ejecuta la Unidad Funcional 3 (UF3), más conocida como la troncal de los Andes. La denuncia principal es contundente: se habría entregado de manera ilegal y gratuita, por parte del municipio de Chía, terrenos públicos a privados, cuando estos estaban destinados a vías locales.
Cuadro sobre las cesiones tipo A, presentado por la Secretaria de Transparencia
Estos predios, que por su naturaleza son inalienables, habrían sido incorporados a la concesión vial para la construcción y aprovechamiento económico de una vía nacional, sin que existiera en el contrato de APP un aporte de recursos públicos de la Nación. Es decir, el Estado, en su conjunto, habría cedido de facto un patrimonio invaluable sin recibir una contraprestación justa, lo que implica una potencial afectación al patrimonio público.
Idárraga ha sido enfático en su llamado a la acción. En sus declaraciones, ha urgido al alcalde de Chía a “retomar el control sobre esos bienes públicos” que, según sus palabras, están siendo “utilizados de manera al parecer ilegal por el concesionario”.
Cuadro sobre la cronología clave identificada, presentado por la Secretaria de Transparencia
Este llamado no es menor, pues implica un reconocimiento tácito de que el municipio podría estar perdiendo la soberanía sobre sus propios terrenos, un hecho de una gravedad política y jurídica considerable. La situación se agrava al considerar que la Troncal de los Andes, concebida como una vía alterna para descongestionar el tráfico de Chía, en realidad estaría beneficiando a intereses privados a expensas de la comunidad.
El “Volteo de Tierras” y la red de presuntas ilegalidades
El “volteo de tierras”, como lo calificó el mismo secretario, alude a la presunta ilegalidad de cambiar el uso del suelo y el dominio de los predios. La denuncia de Idárraga sostiene que se habrían modificado de manera ilegal los registros notariales para facilitar la concesión vial.
Cuadro sobre qué es el volteo de tierras, presentado por la Secretaría de Transparencia
Si esta afirmación se prueba, las implicaciones serían enormes, no solo para la concesión Accenorte, sino para los funcionarios públicos que, al parecer, habrían participado en esta maniobra.
Cuadro sobre las acciones jurídicas tomadas, presentado por la Secretaría de Transparencia
La Secretaría ha compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación, solicitando que se investigue la posible comisión de delitos de prevaricato por acción y omisión, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.
El alcance de la denuncia es amplio y preocupante, pues el mismo Idárraga ha señalado que “estarían inmersos al menos 30 funcionarios de distintas entidades del Estado”, lo que sugiere una red de complicidad que trasciende una única entidad.
La investigación no se limita a un simple error administrativo, sino que apunta a un entramado de decisiones deliberadas para favorecer a un privado.
Cuadro sobre los presuntos responsables, entregados por la Secretaría de Transparencia
Alcances y consecuencias de la denuncia
Las denuncias del secretario de Transparencia tienen múltiples alcances que podrían reconfigurar el futuro del proyecto y sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en la infraestructura del país.
Cuadro sobre las recomendaciones que hace la Secretaría de Transparencia
Consecuencias penales y disciplinarias: Si la Fiscalía determina que se cometieron los delitos señalados, los 30 funcionarios mencionados podrían enfrentar cargos y, de ser hallados culpables, penas de prisión.
La Procuraduría General de la Nación, por su parte, podría iniciar procesos disciplinarios que lleven a la destitución o inhabilidad para ejercer cargos públicos. El mensaje sería claro: la celebración de contratos irregulares no quedará impune.
Riesgo para el contrato: La investigación penal y los procesos disciplinarios podrían llevar a la anulación del contrato de concesión. Si se demuestra que hubo un vicio de nulidad absoluta en su origen, la concesión podría ser liquidada, lo que tendría un impacto directo en el proyecto y en las finanzas de la empresa. Además, se abriría la puerta para que el Estado recupere los bienes públicos presuntamente afectados.
Afectación al patrimonio público: Más allá de las responsabilidades individuales, la denuncia pone de manifiesto una posible afectación millonaria al patrimonio del municipio de Chía y, por extensión, de la Nación. El valor de los terrenos públicos que se habrían cedido de forma gratuita es incalculable y su pérdida representa un desfalco a los recursos que podrían haberse destinado a obras de interés social.
Revisión del modelo de APP: El caso de Accenorte podría ser un catalizador para una revisión exhaustiva de las Alianzas Público Privadas en Colombia.
Toda vez que la denuncia evidencia la vulnerabilidad de estos modelos cuando la transparencia y el control no son rigurosos. La Secretaría de Transparencia ha prometido un análisis “con rigor y objetividad” para revelar las posibles irregularidades, lo que podría conducir a cambios en la normativa y en los protocolos de celebración de contratos.
El funcionario del gobierno ha manifestado que este análisis está en procura de “la búsqueda de una solución que cumpla con la ley en aspectos ambientales, económicos y sociales”. Esto implica que la resolución del caso no se limitará a castigar a los responsables, sino a corregir los errores estructurales que permitieron que esta situación ocurriera.
La ciudadanía, a su vez, espera que esta denuncia trascienda y se convierta en hechos y que el Estado se ponga “del lado de la gente”. Ya que con esta denuncia, el futuro de la Troncal de los Andes, y la confianza en la gestión pública, penden de un hilo.
Las irregularidades para Chia comenzaron desde el inicio de la concesión ya que nunca cumplieron el artículo 21 de la Ley 105 ( cobro por recorrido) al cobrar tarifa plena por un recorrido ínfimo por esa razón es el Peaje más productivo del País y el Sr. Donoso nos comprometió hace seis años a pagar otros 25 años para lo mismo con las mismas dichosa TRONCAL ANDES para ellos