La mayoría de nuestros gobernantes, tal y como lo interpreta este refrán, cuando se trata de enfrentar un problema, su sabio actuar más que a buscar solucionarlo, tienden a convertirlo en una verdadera crisis.
El alcalde Leonardo Donoso nuevamente saca de la manga la restricción para el tráfico pesado en Chía. Argumento que utilizó el 16 de agosto de 2016 con el Decreto 031, para declarar por primera vez esta medida, que le sirvió para conseguir con su amigo, el gobernador de entonces y de ahora, Jorge Emilio Rey, ciento veinte mil millones de pesos para la construcción de la Troncal de los Andes.
Lo que estos funcionarios no esperaban es que, a nueve años de distancia, dicha carretera no existiera y fuera el eslabón más importante de las múltiples crisis que hoy afronta el municipio de Chía.
La movilidad en Sabana Centro alcanzará un punto de inflexión, no solo por el colapso vial que se avecina, sino por la compleja telaraña de decisiones políticas que se están tejiendo. Al parecer, para exacerbar el problema y así generar una cortina de humo frente a las graves denuncias hechas en los últimos días por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
Dichas denuncias no solo señalan al alcalde y a un relevante número de funcionarios de su primera y actual administración. Si no, en principio, a 30 funcionarios más de diferentes e importantes entidades del estado.
La reciente decisión de Leonardo Donoso, de restringir totalmente el paso de camiones por la avenida Pradilla entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche a partir del 15 de octubre, tiene diferentes lecturas. Los veedores y ambientalistas de la ciudad, la ven como “una medida desesperada para disimular lo que él mismo creó con las ilegalidades que cometió y la falta de gobernanza y planeación que han caracterizado a su gobierno”.
El propio alcalde, en un acto de incoherencia, anunció la restricción y se presentó como víctima del “abandono” del Gobierno Nacional en el apoyo a la carretera. Cuando ha sido el propio gobierno quien ha apoyado este proyecto vial desde el inicio con millonarios recursos. Es más, en dos oportunidades trajeron al presidente Duque a Chía a inaugurar lo que no existía.
Por el contrario, lo que hay que reconocer es que el apoyo a la carretera ha sido permanente e irrestricto por parte del gobierno, a lo largo de ocho años, a través de entidades como la CAR, la ANI, la ANLA, el IGAC y la Gobernación. Oficinas que, junto con el concejo municipal y la administración de Chía, por parte del sector oficial (gobierno) y Accenorte, por el sector privado. Han trabajado mancomunadamente por años, para sacar adelante este proyecto, mal planteado, mal planeado y mal gestionado.
Sin embargo esta vía siempre ha contado con el apoyo, los recursos y las conexiones necesarias para su construccion pero, no ha fluido, porque ha sido la justicia la que la ha frenado. Toda vez que esta vía ha estado enmarcada en un sin numero de mentiras y actos abusivos e ilegales. Que si bien se conocían someramente ahora con la investigaciones abierta por la Secretaría de la Transparencia, seguramente estos hechos escalarán niveles más altos.
A la restricción, que anuncia el alcalde, para forzar a los vehículos de carga a buscar rutas alternas. Se suma el apoyo del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aumentando más la restricción. Ya que, como se anunció en medios, la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca alista una resolución que busca restringir el paso de camiones pesados, categoría C3 y superiores, en varios municipios de la provincia de Sabana Centro, como Cajicá, Tabio, Tenjo, Subachoque y El Rosal.
Estas decisiones evidencian, a su vez, una fuerte confrontación entre la Alcaldía de Chía y la Gobernación de Cundinamarca contra el Gobierno Nacional. Donde, en lugar de buscar soluciones conjuntas en beneficio de la comunidad de Chía y la región, lo que tratan es de agudizar la crisis de movilidad para el sector transportista. El objetivo parece ser contrarrestar las graves acusaciones presentadas por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el alcalde Donoso y otra treintena de funcionarios.
Idárraga ha señalado una supuesta ilegalidad en la entrega de terrenos públicos de Chía para la concesión privada de la Troncal de los Andes, una vía que, según la Secretaría de Transparencia, no podía recibir recursos públicos, ni monetarios, ni en bienes.
Por su parte, el alcalde Donoso también ha justificado la restricción del tráfico pesado, argumentando que la falta de infraestructura lo tiene “agotado” y “cansado”. Además, afirma que siete años de controversias ambientales sin resolver y el cuestionamiento a la labor del ANLA y la ANI por parte de la Secretaría de Transparencia han “generado una mayor problemática”.
El corazón de esta disputa es la Troncal de los Andes, un proyecto vial que siempre ha sido presentado como la gran solución para la movilidad de Chía y la región, aunque la realidad es que tampoco cumple con esta premisa. La Secretaría de Transparencia, que lleva seis meses estudiando el caso, ha enviado copias a la Fiscalía para que se investiguen los presuntos delitos de prevaricato, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.
El alcalde Donoso, quien ya enfrentó una sanción de inhabilitación por un contrato de alumbrado público en su administración anterior, se encuentra ahora en el centro de una nueva controversia.
La decisión de la Alcaldía de Chía y la Gobernación de Cundinamarca de crear intencionalmente una crisis de movilidad en Sabana Centro, evidencia la altura intelectual, política y social de nuestros gobernantes, quienes optan por asumir las problemáticas municipales y regionales mediante la confrontación, en lugar de proponer planes y alternativas de bajo impacto social, buscando la resolución de los conflictos que ellos mismos han generado.
El riesgo es que esta “guerra de desgaste” entre las diferentes jerarquías de gobiernos y entidades oficiales involucradas, sumada a la lenta gestión de la justicia, termine por seguir afectando de manera directa y exponencial a los ciudadanos, atrapados en un caos de corrupción y un ajedrez político, económico y social, que parece estar lejos de resolverse.
Revocar a Donoso de la Alcaldía es más que un repudio ciudadano a todas sus actuaciones. Él Gobierna solo para sus y intereses y los de sus “Compadres”, sin importarle el gran daño que le infringe a la Comunidad a corto y largo plazo.