La revocatoria contra el alcalde de Chía avanza tras superar el umbral de firmas. Sin embargo, apelaciones, revisiones y una alta exigencia de votación marcarán un proceso político intenso.
Magistrados del Concejo Nacional Electoral en el proceso de revocatoria del alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz
La Registraduría Nacional del Estado Civil publicó en su página el informe técnico de verificación de firmas de apoyo dentro del mecanismo de participación ciudadana.
En él se confirmó que, de las 11.525 firmas entregadas, registradas y analizadas, se aceptaron 6.468, de las 4.797 que como mínimo se necesitan para aceptar la revocatoria. Con lo cual se cumplió otro paso del proceso de destitución del alcalde.
Sin embargo, el desarrollo de la revocatoria apenas comienza y al parecer no va a ser tarea fácil. El alcalde Leonardo Donoso tiene derecho a apelar y pedir un nuevo reconteo, lo que no sorprendería, que dicha solicitud redujera las firmas hasta llegar al límite de insuficientes y así anular la revocatoria.
Tal y como lo ha hecho Donoso con otros casos. Como la absurda sorpresa que se llevó la gente de Chía cuando conoció la decisión del nuevo procurador Gregorio Ejach de levantarle la sanción de destitución e inhabilidad por 9 años a Donoso, por el corrupto contrato de alumbrado público.
Decisión que el procurador revocó de un plumazo, después de que los abogados de la misma procuraduría fueron quienes adelantaron el caso por más de nueve meses para terminar condenándolo.
Así que ya se sabe que el alcalde Leonardo Donoso se da mañas para salir airoso de los casos judiciales, aun siendo condenado. Por esta razón, la ciudadanía no puede cantar victoria hasta que no se completen cada uno de los pasos que exige el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Si las firmas terminan siendo aprobadas pese a la apelación, el paso siguiente es que el CNE certifique el cumplimiento de topes de financiación y estados contables de la campaña de recolección de firmas.
Documentos que entregan los promotores de la revocatoria en un término de 15 días después de la entrega de firmas. Al respecto, los promotores han asegurado haber hecho dicho trámite en los términos estipulados.
Sin embargo, ya circula en redes y en medios virtuales, que los propios promotores califican de noticias falsas, informaciones donde se asegura que las certificaciones no se entregaron en los tiempos establecidos y que, por lo tanto, la revocatoria se ha caído.
Al respecto, el reconocido veedor, Carlos Nicolás Casas, uno de los promotores de la revocatoria, fue enfático en descalificar tales afirmaciones y declarar que los estados financieros no solo se entregaron completos y a tiempo, sino que ellos no han recibido notificación alguna de CNE, como debe ser, sobre este mecanismo de participación, que la ciudadanía de Chía adelanta.
Así las cosas, lo que se sabe a la fecha es que la revocatoria sigue su curso normal. Una vez la Registraduría certifique los estados contables, convocará la realización de la votación para dentro de unos dos meses a más tardar, o sea que la elección se estaría celebrando entre febrero y marzo próximo.
Con este paso se cumple la acción más definitiva de la revocatoria, como es la oportunidad de darle fin a un gobierno que buena parte de la comunidad rechaza y se impone el mandato ciudadano.
Para ello es importante conocer y entender que esta elección puede convertirse en una “Guerra Fría” entre la ciudadanía de Chía que lo quiere apartar del poder y la maquinaria institucional que el alcalde maneja, tratando de desestabilizar este propósito, para que no llegue a feliz término.
Por eso hay que saber que, para las elecciones a la alcaldía en el 2023, se registraron 66.470 votos válidos. Sobre esta votación hay que sacar el 40 % más 1 voto; lo que significa que son necesarios 26.589 votos a favor de la revocatoria, y que a esto hay que añadirle unos 4000 votos más, para compensar los votos anulados.
Lo que significa que el ideal sería que 30.000 personas salieran a votar. Superando, a la hora de la verdad, la pereza, el desinterés y todos aquellos males productos del miedo y la desconfianza en el poder ciudadano.
Si en los comicios triunfa la revocatoria, el alcalde pierde su investidura ipso facto, o sea, en el acto en que se conoce el triunfo, y el gobernador debe nombrar un alcalde encargado ese mismo día, mientras la Registraduría gestiona la logística para las elecciones de un nuevo gobernante.
