Buses llenos, tarifas impuestas y al alza y silencios oficiales validan el desaforado incremento en el transporte público en Chía y otros municipios.
Imagen para ilustrar. Vehículo de Transvalvanera, una de las empresas intermunicipales de Chía.
El aumento no fue gradual ni explicado. Fue un cobro inesperado. Una cifra. Una silenciosa aceptación oficial. Para muchos ciudadanos, ese fue el momento en que entendieron que algo no está funcionando.
La reacción social no se hizo esperar y al frente de ella se plantó por Chía el veedor y líder social Carlos Nicolás Casas. Se tomó la vocería ciudadana para reunirse con otros líderes sociales de Zipaquirá, Tabio, Tenjo, Cajicá y la propia Chía y conformar el movimiento “Transporte Digno y Justo”, para analizar y defender a la gente de los abusos en el incremento de las tarifas del transporte.
Cuando la autoridad valida el aumento
El alcalde de Chía justificó el incremento con un argumento que sonó técnico y también fuera de lugar: la “libertad tarifaria” y el alza del salario mínimo. Cuando la mayoría sabe que en temas de tarifas de transporte el alcalde Donoso se declara impedido porque es socio de una empresa de transportes de la ciudad.
Lo que no tiene en cuenta el burgomaestre es que con sus comentarios no solo termina avalando las irregularidades de las alzas, sino que, de acuerdo a denuncias ciudadanas, sus palabras fueron calificadas de incompletas y, peor aún, engañosas.
“La libertad tarifaria no significa abuso”
Según Nicolas Casas, lo que se ha identificado en la ciudad es “un aumento abusivo del 16 %, sin justificación técnica, ni legal, ni clara. El alza se impuso y se validó políticamente. La alcaldía habló de libertad tarifaria. Eso es una tergiversación. La ley exige que las empresas presenten estructuras de costos. La mayoría no lo hizo y, sin eso, no hay sustento para subir tarifas”.
En ese sentido, también indico: “Le hacemos un llamado a la administración municipal, al alcalde ad hoc para esta materia y al secretario de movilidad. “Den a conocer de las 10 empresas intermunicipales que prestan su servicio en el municipio, cuáles presentaron ese análisis de costos y por qué no se socializó el incremento tarifario antes con la comunidad”.
Igualmente, queremos saber qué va a pasar con las empresas que no presentaron el estudio de costos y continúan con el incremento en el pasaje. Comportamientos estos que demuestran un desconocimiento de la normatividad del transporte por parte de la administración municipal y sus funcionarios.
¿O acaso responde a un interés político y encubierto de la administración de favorecer al gremio transportador, el mismo al que el alcalde pertenece? Se preguntan los usuarios.
El transporte intermunicipal no funciona como un mercado libre. Es un servicio público esencial, protegido por la Constitución.
Aun así, las autoridades locales parecieron renunciar a su papel en la defensa del usuario. Y así lo confirma la ministra de Transporte en este video, demostró Nicolás.
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Empresas distintas, dueños iguales
También indicó Casas que en municipios como Tabio, Chía y Tenjo, los nombres de las empresas transportadoras cambian, pero los dueños no. Lo que significa que existe un monopolio de empresas con razones sociales diferentes que operan como si compitieran, cuando la realidad es que pertenecen al mismo grupo económico.
O sea que la ilusión de la competencia se sostiene en horarios intercalados, colores distintos y logos variados. Mientras en la práctica, el ciudadano no puede elegir. Solo pagar.
El costo social del silencio
De otra parte, anota Carlos Nicolás que, mientras las tarifas suben, el servicio no mejora. Los buses siguen llenos, los trayectos más largos y la inversión inexistente. La cercanía con Bogotá, que debería reducir costos, se convierte en excusa para aumentar ganancias.
La consecuencia es clara: viajar se vuelve un lujo. Y quedarse, una condena. En Sabana Centro, el transporte dejó de ser un derecho y pasó a ser una carga diaria que nadie explica y pocos regulan.
“Aquí hay conflictos de interés”
Es evidente el conflicto. “Alcaldes y gobernadores que no defienden al ciudadano porque están ligados a las empresas que operan el transporte. El Estado y sus gobernantes están ausentes donde más se les necesita”. Es una claridad que ya tiene el movimiento.
Por eso afirma Casas: “Le solicitamos a la Superintendencia de Transporte y al Ministerio que intervengan con sanciones drásticas y con soluciones que impidan estos atropellos”. Sin control, el transporte se convertirá en un bien de lujo, y eso es inconstitucional.
También afirma Nicolás que tampoco se sabe a ciencia cierta cuál es el valor real en que quedó el pasaje para cada destino; la desinformación es total. Los medios han publicado tarifas de los destinos, pero no se tiene claridad del valor puntual de los trayectos.
Lo que cae en una anarquía de cobros por parte de los conductores o asistentes con los pasajeros, ya que el desorden y la falta de información solo llevan a más abusos. Nicolás terminó convocando a la ciudadanía a estas actividades que realizará el movimiento este 5 de febrero.
Las tarifas que se han publicado
Teletón (Clínica Universidad de la Sabana): $6.000 / Chía (centro): $7.000 / Bogotá: $10.500 / Chía (centro): $8.000 / La Ruidosa (Viotá): $6.000 / Tarifa mínima recorridos cortos: $5.000 / Cajicá: $7.500 / Zipaquirá: $10.500 hasta $11.500 / La Paz: $10.500 / Cruce de Neusa: $13.000 / Casa Blanca: $13.500 / La Ruidosa: $14.000 / Pajarito: $15.000 / Tierra Negra: $16.000 / Represa del Neusa: $16.000 / Chía (centro): $8.000.
Las 10 empresas que atienden el servicio intermunicipal en Chía.
Autoservicio / Flota Chía / Transvalvanera / Sonatrans / Ayacucho / Cotransa / Cootracar / Galaxia / Teusaca / Expreso del Sol.
