El predial de Chía se convirtió en el origen de una controversia tributaria sin resolver; ahora la comunidad exige respuestas
Imagen gráfica ilustrativa del Cabildo Abierto, que pide la comunidad de Chía
Todo por las fallas en los procedimientos y las elevadas cifras que alcanzó el cobro del impuesto, que no coinciden ni con la norma ni con la legalidad.
Adicional a estos hechos, se develó en Chía un robo millonario al erario municipal por cuenta de los escandalosos descuentos al predial que se le otorgan a un selecto grupo de beneficiados, propietarios de las mayores extensiones de tierras en el municipio.
Son 98 predios hasta ahora identificados, entre los más grandes del municipio y de propiedad de reconocidos personajes del orden nacional, departamental y local, los que se vienen beneficiando, al parecer desde hace más de 10 años, con este tratamiento preferencial y a su vez inequitativo.
Los 98 predios, una década de beneficios y una omisión costosa
Esta anomalía debió corregirse hace un año, cuando la administración municipal le pagó al IGAC más de doce mil millones de pesos por la actualización de la base catastral de Chía.
Al parecer, dicha gestión mantuvo en baja los avalúos de las grandes propiedades e incrementó el avalúo de los predios para la mayoría de los demás ciudadanos.
El IGAC no hizo bien su trabajo; tampoco lo hicieron bien los secretarios de Planeación y de Hacienda, el primero porque tenía a su cargo la supervisión del contrato con el IGAC y el segundo porque es quien fija las tarifas del impuesto.
Tampoco lo supo hacer el Concejo Municipal al establecer y aprobar tarifas sin un estudio y revisión del proceso predial y sin exigir la base catastral.
Los concejales fueron tan despreocupados con sus electores y tan laxos con sus responsabilidades que estuvieron a punto de aprobar la reforma al estatuto tributario sin tener la base catastral.
Así que, para poder justificar la aprobación, supuestamente terminaron conociendo a última hora en secreto y en silencio el esperado documento que a la fecha no se ha socializado, no se conoce y no hay dónde consultarlo, asaltando así derechos mínimos que tiene todo ciudadano propietario de un predio.
Actualización catastral y aumento del predial: el detonante social
Así fue como el detonante de este frente ciudadano que se ha creado y sigue creciendo: no fue otro que el escandaloso incremento del impuesto predial. El gravamen que se cobraba en el 2024, por lo general, no correspondía con el avalúo, el metraje o las condiciones del predio.
Pero hoy el panorama se intensifica; el recibo de este año llegó para agudizar el viacrucis de la gente, ya que en ellos solo se cobra una suma que no se sabe de dónde sale ni por qué conceptos. La gente se queja porque en dichos recibos falta buena parte de la información obligatoria que caracteriza cada predio.
Los rostros más visibles del proceso de apoyo y orientación a la comunidad son, entre otros, Batman Camargo, desde la organización social, participativa y legal, y Mauricio Mustafá, desde la argumentación jurídica, técnica y política.
Entre recibos que se duplicaron, recursos sin respuesta y familias confundidas, ambos liderazgos han tomado caminos distintos, pero complementarios, para enfrentar lo que consideran una cadena de abusos e irregularidades administrativas contra la población de Chía.
Del reclamo vecinal al Cabildo Abierto
Cuando los anteriores recibos llegaron en mayo del año pasado, Camargo empezó a recibir llamadas de vecinos que no entendían por qué ahora el predial les llegaba, por el doble o triple del valor que pagaban, sin haber recibido beneficio urbano alguno y sin haber hecho mejoras o intervención a sus respectivos predios. No se limitó a denunciar. Organizó.
Impulsó la conformación del colectivo Cabildo Abierto Impuesto Predial, con quienes está adelantando la realización de un cabildo abierto enfocado exclusivamente a tratar el tema del impuesto predial.
El cabildo es un espacio de participación ciudadana en el que los habitantes se relacionan de manera directa y pública con el Concejo Municipal y el alcalde, para expresar a través de ponencias sus puntos de vista, inconformidades e inquietudes, y recibir respuestas puntuales por parte de la administración. El proceso se está adelantando y pronto se estará realizando, afirman sus organizadores.
Batman y su equipo también se propusieron revisar, uno por uno, los actos administrativos, resoluciones y acuerdos municipales que sustentaban los nuevos cobros. Así como llevar a cabo un trabajo pedagógico y participativo,impulsando la convocatoria del cabildo para que el alcalde responda directamente ante la ciudadanía.
Camargo insiste en que no se trata de negarse a pagar impuestos, sino de cobrar lo justo conforme a la ley. Bajo su liderazgo, el movimiento dejó de ser una queja dispersa para convertirse en una estrategia organizada.
El debate jurídico escala del Concejo a los órganos de control
Mientras el colectivo ciudadano avanzaba en lo social y participativo, Mauricio Mustafá asumía un rol clave en el debate institucional.
Desde una postura legal, ha sido la voz más fuerte y rigurosa que encaró a los concejales; les solicitó el voto negativo al proyecto que modificó el estatuto tributario municipal. Pero la falta de unidad y exigencia ciudadana permitió que la aplanadora administrativa se impusiera.
Los argumentos no solo giraron en torno al monto del cobro, sino a la legalidad del procedimiento. Mustafá señaló presuntos vicios en la expedición de actos administrativos y cuestionó los tiempos en que se implementó la nueva base catastral.
Su liderazgo ha sido contundente: Sobre todo al escalar las denuncias a los órganos de control y a la Secretaría de Transparencia, así como al advertir que una norma con errores de fondo puede terminar anulada por los jueces, generando mayor inseguridad jurídica para el municipio.
Esa postura, aunque no siempre coincidió con la estrategia de reducción inmediata de tarifas impulsada por Camargo y su colectivo, comparte un mismo objetivo: que el impuesto predial se sustente en decisiones transparentes y ajustadas al derecho.
La presión ciudadana logró que el Concejo aprobara una reducción parcial de las tarifas inicialmente planteadas. No fue la rebaja total solicitada, pero sí alivió el impacto económico para miles de propietarios.
Sin embargo, el problema estructural sigue abierto: recursos sin resolver, cobros con intereses pese a reclamaciones pendientes y errores derivados de mediciones automatizadas que no siempre distinguen entre una piscina y un reservorio, o una ampliación y una simple enramada.
De 70 mil a 90 mil millones, la ampliación del “beneficio”
Tampoco hay que olvidar que hace cerca de un año y gracias a sus verticales posiciones, Mauricio Mustafá denunció la manera como la administración dejó de cobrar a familias de exministros, exalcaldes, amigos políticos y algunos otros personajes de Chía. Cerca de 70 mil millones del impuesto predial.
Esta escandalosa situación la llevó Mauricio ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y otras instancias de control, sin que nada pase y sin que la ciudadanía de Chía se enoje lo suficiente como para unirse y de manera unánime pedirle al alcalde explicaciones sobre estos cuestionables manejos administrativos con los que sigue beneficiando a familias de exministros y sus demás allegados. Mientras ahorca al resto de la población con los impuestos.
Y después de un año, volvemos al cobro de impuestos, como si fuera un siniestro déjà vu. Y tal y como lo denuncia Mustafá, los beneficios a hoy para los 98 casos del año anterior, se ampliaron a 90 mil millones para los mismos personajes, sus negocios, sus familias, y la anuencia de la SNR y el IGAC.
Actuaciones que dejan en claro para los juristas que el concejo, el alcalde, los secretarios a cargo y el IGAC se encuentran involucrados y denunciados por los delitos de prevaricato y peculado. Solo resta preguntar… ¿actuará la justicia?
