Cesión de terrenos a título gratuito pone en entredicho gestión pública y amenaza el futuro de la Troncal de los Andes.
La reciente notificación enviada por la Fiscalía General de la Nación a la Alcaldía municipal, en la que solicita con carácter urgente documentación relacionada con la cesión que la alcaldía hizo de 104 mil metros cuadrados de terrenos municipales a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se espera marque un punto de inflexión en este proceso.
La transferencia de predios, realizada mediante escritura pública y a título gratuito, es ahora objeto de investigación dentro del proceso 258996000418202412077, por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Este requerimiento constituye el primer avance concreto en materia penal sobre un caso que durante años ha generado descontentos en distintos sectores del municipio y sobre el cual la ciudadanía reclama justicia.
Según la información conocida, al menos 12 predios que eran de propiedad del municipio terminaron en manos de Accenorte, en el marco del proyecto vial de la Troncal de los Andes.
La decisión habría sido adoptada durante la administración del entonces alcalde Leonardo Donoso, con el respaldo de funcionarios de su equipo de gobierno, así como de otras instancias institucionales.
Este proceso también pone bajo la lupa la actuación del Concejo Municipal del periodo 2016-2019, cuyos ediles aprobaron de manera unánime —en lo que se conoció como el “15-0”— múltiples iniciativas presentadas por el ejecutivo local, entre ellas aquellas relacionadas con la disposición de estos predios.
Con el paso del tiempo, dichas decisiones han sido cuestionadas por la ausencia de controles políticos rigurosos y estudios técnicos suficientes.
Las dudas sobre la legalidad de estas actuaciones no son recientes. Durante años, distintos actores han advertido sobre posibles delitos en los que ha podido incurrir la alcaldía y el concejo por haber dispuesto de estos terrenos prácticamente para que pasaran a manos de privados y sus negocios. Tal y como lo advirtió y denuncio en un principio, el líder social Mauricio Mustafá.
Más tarde el secretario de la Defensa Judicial del municipio, Orlando Gaona, presentó acciones legales en 2022; y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Alejandro Idárraga, elevó denuncias ante todos los organismos de control en 2025.
Para los críticos del proyecto, lo ocurrido refleja “un patrón de decisiones sustentadas en prácticas cuestionables y reiteradas, donde la desinformación y la falta de transparencia habrían sido y aún siguen siendo una constante en el estilo de gobierno del alcalde Donoso, aún hoy, en su actual gobierno”, indican veedores y ciudadanos.
En ese contexto, la Troncal de los Andes ha sido señalada no solo por su prolongada falta de ejecución, sino también por las dudas sobre su viabilidad técnica, financiera y ambiental. Toda vez que dicha vía se vería afectada con las desiciones que se tomen sobre estos terrenos.
Dentro de los documentos solicitados por la Fiscalía se encuentran los acuerdos municipales 126 de 2017 y 155 de 2019, el convenio interadministrativo No. 019 de 2017, así como las escrituras mediante las cuales se formalizó la transferencia gratuita de los predios a la ANI.
Estos elementos serán clave para determinar la legalidad de las actuaciones y las posibles responsabilidades individuales.
Para el caso, vale la pena recordar a los concejales que en ese entonces (2016-2019) integraban el cabildo municipal: Ángel Ernesto Bueno Arévalo, Rafael Fajardo Cifuentes, David Giovany Gutiérrez Mantilla, Julio Enrique Bajonero Camacho, Carlos Enrique Galvis Galvis, Yhon Meyer Diaz Garzón, William Pedraza Sánchez, Javier Antonio Castellanos Sierra, Marco Antonio Bojacá, Luz Stella Diaz Jaller, Gina Lorena Herrera Parra, Natalia Gil Loaiza, Angelica Librada Montañez Sánchez y Jhon Edwin Fuentes Correa. Tres de los cuales (resaltados en negrilla) son actualmente concejales.
El avance de esta investigación podría tener implicaciones profundas tanto en el ámbito jurídico como en el político. Ya que no solo se busca esclarecer si existieron irregularidades en la cesión de los terrenos, sino también establecer si hubo detrimento patrimonial y vulneración del interés público.
Por ahora, el proceso entra en una etapa decisiva. La justicia comienza a desentrañar un entramado de decisiones que, de confirmarse las irregularidades, podría redefinir el futuro del proyecto vial y marcar un precedente en el destino y gestión del suelo público del municipio.
