Resulta, cuando menos, desconcertante que un gobierno elegido en las urnas busque iniciar su mandato rodeado de fusiles, uniformes y batallones.
Esta vez, el presidente electo, Abelardo De la Espriella, ha decidido desempolvar dos viejas recetas nacionales: la seguridad en manos de los civiles y la exaltación de los símbolos militares.
Sus propuestas de crear bloques de seguridad, fortalecer estructuras ciudadanas de defensa, reinstaurar el servicio militar obligatorio y trasladar la posesión presidencial del próximo 7 de agosto a una guarnición militar no son hechos aislados; forman parte de una misma narrativa que busca vender fortaleza, autoridad y orden en un país cuya violencia ya no se parece a la de hace treinta años.
La idea de organizar civiles para participar activamente en tareas de seguridad despierta fantasmas que Colombia conoce demasiado bien.
Durante los años noventa, las Convivir fueron presentadas como cooperativas de vigilancia destinadas a apoyar a la Fuerza Pública en regiones golpeadas por la guerrilla.
Sobre el papel, parecían una solución pragmática; en la práctica, terminaron convirtiéndose en uno de los primeros escalones de las estructuras paramilitares que más tarde conformarían las Autodefensas Unidas de Colombia.
Lo inquietante no es únicamente el regreso de estas propuestas, sino el contexto en el que reaparecen.
Décadas después, una parte importante de la ciudadanía no vivió los años más crudos del conflicto o los conoce únicamente a través de relatos fragmentados, redes sociales y debates ideologizados.
Hablar hoy de “bloques de seguridad”, “primeras líneas de defensa” o “ciudadanos organizados” en un país con una memoria histórica incompleta es jugar con conceptos que muchos desconocen en toda su dimensión.
Y es precisamente allí donde aparece el déjà vu colombiano: la vieja promesa de que, ante un Estado insuficiente, serán los propios ciudadanos quienes deberán llenar el vacío de la seguridad.
No es casualidad que el término “autodefensa” tenga en Colombia una carga histórica tan pesada. Surgió como la respuesta de hacendados, empresarios y sectores rurales que afirmaban defenderse de la ausencia estatal. Sin embargo, bajo el discurso de la protección, nacieron ejércitos privados que encontraron en el narcotráfico, el control territorial y la violencia indiscriminada un negocio mucho más rentable que cualquier causa política.
El resultado fue devastador: masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y millones de víctimas atrapadas entre guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales.
Por eso resulta inquietante escuchar, una vez más, propuestas que insinúan que la seguridad puede compartirse con la ciudadanía organizada.
En cualquier democracia seria, el monopolio legítimo de la fuerza pertenece exclusivamente al Estado. Delegarlo, tolerarlo o simplemente sugerirlo no fortalece la institucionalidad: la debilita.
Decirles a los colombianos que deben organizarse para protegerse es, en el fondo, admitir que el Estado no está dispuesto —o no es capaz— de cumplir una de sus funciones esenciales.
Aquí aparece la gran contradicción del nuevo discurso oficial: ¿por qué insistir en fórmulas que ya fracasaron? ¿Qué sentido tiene resucitar estrategias concebidas para un conflicto de finales del siglo XX en un país donde la guerra cambió de rostro? La violencia colombiana de hoy ya no gira alrededor de grandes proyectos ideológicos.
Las antiguas consignas revolucionarias han sido reemplazadas por economías criminales, estructuras fragmentadas y grupos armados cuya principal bandera no es política, sino financiera.
Lo que se disputa ya no es el poder del Estado, sino las rutas del narcotráfico y del microtráfico en las ciudades, la minería ilegal y las rentas ilícitas.
Después de sesenta años de guerra contra las drogas, el balance es difícil de defender: miles de muertos, millones de desplazados y un negocio ilegal que sigue intacto.
Las organizaciones armadas se fragmentaron, mutaron y aprendieron a sobrevivir. Mientras tanto, las comunidades rurales continúan poniendo los muertos y las ciudades se acostumbran a convivir con la violencia como si fuera parte inevitable del paisaje nacional.
No deja de ser paradójico que Abelardo De la Espriella haya construido buena parte de su discurso alrededor de la necesidad de reafirmar el monopolio estatal de las armas y, al mismo tiempo, impulse la creación de bloques urbanos integrados por reservistas y ciudadanos organizados.
La discusión, sin embargo, no debería agotarse en las críticas del gobierno saliente ni en el hecho de que Gustavo Petro haya prohibido el uso de instalaciones militares para la posesión presidencial. Ese no es el punto.
El verdadero problema es la facilidad con la que estas narrativas apelan a emociones profundas —miedo, frustración y nostalgia— para producir una simpatía política inmediata, aunque las recetas ofrecidas pertenezcan a un país que ya no existe.
Porque lo que propone Abelardo no surge en el vacío. Se alimenta de una sensación legítima de inseguridad y del cansancio de millones de ciudadanos, pero responde a ellos con imágenes conocidas: soldados, cuarteles, reservistas, disciplina y mano dura.
Es un ejercicio político eficaz, aunque profundamente simbólico. Un intento de convencer a la opinión pública de que la autoridad puede recuperarse reviviendo fórmulas del pasado, aun cuando muchas de ellas ya demostraron sus límites históricos.
En medio de este panorama, el presidente electo ha planteado otra decisión cargada de simbolismo: trasladar la ceremonia de posesión presidencial fuera de Bogotá y celebrarla en una instalación militar.
Entre las opciones que estudia su equipo figuran el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado entre Tolima y Cundinamarca; Larandia, en el departamento del Caquetá; el Cantón Militar Pichincha, en Cali; y el Cantón Militar José Hilario López, en Popayán. La decisión definitiva dependerá del Congreso de la República.
Sin embargo, la pregunta no es cuál de estos escenarios será finalmente escogido. La pregunta es qué intenta comunicar el nuevo gobierno. El artículo 192 de la Constitución establece que el presidente debe tomar posesión ante el Congreso de la República, integrado por 296 congresistas: 108 senadores y 188 representantes a la Cámara. Convertir una ceremonia democrática en un desfile hacia un cantón militar no solo supone un gigantesco reto logístico y económico; también altera el significado mismo del acto.
Las democracias liberales nacieron precisamente para subordinar las armas al poder civil. Las posesiones presidenciales no celebran el poder de los cuarteles, sino la legitimidad de las instituciones. Por eso resulta, cuando menos, desconcertante que un gobierno elegido en las urnas busque iniciar su mandato rodeado de fusiles, uniformes y batallones. No porque las Fuerzas Militares sean incompatibles con la democracia, sino porque una democracia sólida no necesita escenografías militares para demostrar autoridad.
La paradoja es todavía mayor cuando la narrativa de unas Fuerzas Armadas poderosas choca con la realidad. Colombia enfrenta problemas de reclutamiento, reducción del pie de fuerza y un desgaste acumulado después de décadas de guerra. En ese contexto, el presidente electo también ha defendido el regreso del servicio militar obligatorio. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿puede un Estado resolver los problemas del siglo XXI recurriendo a herramientas del siglo XX? Obligar a una nueva generación de jóvenes —muchos de ellos provenientes de regiones históricamente golpeadas por la violencia— a incorporarse a una guerra transformada por el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen transnacional parece menos una estrategia de futuro y más un nuevo episodio del eterno déjà vu colombiano.
Tal vez los bloques de seguridad y la posesión en una base militar respondan, en el fondo, al mismo objetivo político: construir la imagen de un país fuerte a través de símbolos reconocibles. Vender la idea de que Colombia recuperará el orden mirando por el espejo retrovisor. Construir la percepción de un Estado robusto mientras se reciclan estrategias derrotadas y se ignoran las profundas transformaciones del conflicto armado.
Pero la historia colombiana debería enseñarnos algo elemental: la seguridad no se construye armando civiles ni trasladando la Plaza de Bolívar a un cuartel. Gobernar un país complejo exige mucho más que prometer el regreso a un pasado que, para algunos, significó tranquilidad, pero que para millones de colombianos representó miedo, desplazamiento y muerte.
La verdadera pregunta es si este gobierno pretende construir soluciones para el siglo XXI o simplemente administrar la añoranza de un país que nunca existió del todo.
