Hasta ahora, 25 años después, el país se está dando cuenta del gran error que se cometió en la Constitución del 91, cuando bajo el pretexto de un deforme concepto de democracia se permitió que cualquier ciudadano colombiano, sin preparación académica alguna, llegara a los cargos de elección popular.
Opiniones, reflexiones y comentarios sobre la carrera 5ª este, el exalcalde Guillermo Varela, la ampliación de la autopista y el arreglo de la Diosa Chía, son entre otros los Aseguran Que, de la edición 91
El panorama es desolador. América en un laberinto, no como los de Borges, porque nada tiene de literario este desencuentro de un continente con el mundo, con la democracia, de la que se jactan sus gobernantes, algunos con cinismo, otros con cierta y advertida consideración. Nada es juicioso. Nada.
La incondicional amistad entre el alcalde Leonardo Donoso y el exalcalde Fernando Sánchez se desvaneció con los años, cuando se transformó en una declarada enemistad entre viejos amigos, todo porque los dos pusieron sus ojos en la misma seductora y traicionera política.
Tanto en la nación como en el municipio hay una rutina electoral que se realiza cada 4 años, entre un
La justicia justa debería estar por encima de los funcionarios públicos que no hacen bien su trabajo. La justicia justa debería estar encima de los congresistas que más que crear leyes,
parecen criar “micos”. La justicia justa debería estar encima de ellos y no a su lado.
Escribí un artículo titulado ¿Qué hay detrás de la intervención a la diosa Chía? comentando lo inoportuno que resultaba que
El inepto y torpe Varela entrega a Chía después de cuatro largos años de despilfarro con muchos problemas que no estaban al principio de su mandato. Nada de lo importante se solucionó, pero en cambio sí permitió que los urbanizadores siguieran con su francachela y comilona.
Infortunadamente la desconfianza que tenemos los colombianos con relación a los gobernantes, en especial a los municipales, es muy alta y mientras realizamos un proceso que democratice efectivamente la administración pública, en especial en los municipios, los alcaldes deberían estar obligados a justificar claramente sus acciones ante la ciudadanía.
