A las puertas de la elección de nuevo gobernador, la comunidad indígena del municipio se encuentra dividida y preocupada por la forma como se están manejando los recursos
Casa ceremonial del Resguardo Muisca de Chía. Imagen cortesía de la comunidad.
Si bien la comunidad Muisca de Chía se rige por un documento especial y sagrado, equivalente a una constitución interna, conocida como “Mandos, Normas y Leyes”, libro normativo con los principios que rigen toda la actividad de la comunidad del resguardo.
El documento, que define valores, autoridades, derechos y deberes del pueblo indígena, las reglas de funcionamiento del cabildo gobernador, así como los procesos electorales y los límites al ejercicio del poder.
Su libro se funda sobre valores de respeto, solidaridad, autonomía, unidad y compromiso con la comunidad y la naturaleza. Estos principios no son declarativos: constituyen obligaciones éticas y jurídicas para quienes ejercen la autoridad.
La reelección es una prohibición clara y expresa.
Teniendo en cuenta sus propias leyes, la discusión se abrió luego de que se conociera la intención de la gobernadora saliente de buscar ser reelegida. Asunto que ha generado un gran impacto e interpretaciones encontradas. Sin embargo, el documento normativo es explícito.
El Capítulo Cuarto, No. 1, literal j, se refiere a “que los dignatarios del Cabildo Gobernador podrán ser elegidos de forma consecutiva solo por un período más”.
Esto significa que una persona puede ejercer un primer período y ser reelegida una sola vez, pero no puede aspirar a un tercer período consecutivo. La norma es clara, no ambigua y no admite interpretaciones extensivas. Cabe aclarar que cada período de gobierno es de un año, máximo dos si es reelegido, y en ningún caso tres.
Este principio responde a una lógica fundamental: evitar la concentración del poder, impedir el uso de los recursos institucionales para perpetuarse en el cargo y garantizar la alternancia democrática dentro del resguardo.
Pero la polémica se intensificó tras declaraciones públicas de la actual gobernadora, quien habría manifestado que podía aspirar nuevamente al cargo al no haberse postulado directamente, sino haber sido postulada por terceros. Esta interpretación ha sido cuestionada por diversos sectores, al considerar que la postulación no reemplaza ni modifica la norma vigente.
En el resguardo, las normas solo pueden modificarse mediante un proceso formal, que incluye varias asambleas, tiempos definidos y participación comunitaria amplia. Nada de lo cual se ha surtido hasta el momento.
Otra diferencia ha sido la posible inclusión del voto en blanco en las elecciones del cabildo gobernador. Modalidad de votación que ni siquiera está contemplada como opción válida dentro del sistema electoral del resguardo.
La razón de fondo es institucional: el resguardo no puede quedar acéfalo, sin una autoridad que lo represente legal y administrativamente. Permitir un mecanismo no previsto podría generar un vacío de poder y una crisis de gobernabilidad interna.
Diversos actores han expresado preocupación por versiones según las cuales personas cercanas a la administración saliente estarían promoviendo el voto en blanco.
Lo que obligaría a convocar nuevas elecciones y abriría la puerta a la postulación de nuevos candidatos, situación que no está regulada en las normas actuales y donde lo que se busca es asirse al cargo.
Ante estas propuestas, saltaron también señalamientos de cómo, gracias a los recursos que le entrega la alcaldía al resguardo, se ha logrado el silencio y la falta de compromiso de la comunidad ante hechos como la intervención por parte del proyecto Altagracia de la quebrada de Tiquiza, considerada sagrada para la comunidad indígena.
Así como la actitud silenciosa e indiferente que han adoptado los líderes frente al decreto 369, que tiene que ver con el proyecto vial perimetral del cerro que correría por todo el borde del cerro del resguardo, generando una gran afectación al territorio muisca.
Sin embargo, la comunidad tiene sus propios mecanismos de defensa y en este momento el proceso electoral está en manos de una gobernadora ad hoc y un secretario ad hoc, designados conforme a las normas internas para garantizar imparcialidad y legalidad.
Estas autoridades ya tomaron una decisión relevante al inhabilitar candidaturas que no cumplían los requisitos, demostrando conocimiento del marco normativo y compromiso con su aplicación.
Sobre ellas recae ahora la responsabilidad de definir si el voto en blanco procede o no, una decisión que deberá basarse estrictamente en los “Mandos, Normas y Leyes” vigentes y no en presiones políticas, intereses particulares o interpretaciones acomodadas.
Contratación y manejo de recursos: un tema de fondo
Pero la cereza del pastel de todo este debate electoral que se ha abierto tiene su origen en el inquietante manejo de recursos públicos en el resguardo indígena. Toda vez que actualmente están en proceso varios contratos por valores que, superarían los dos mil quinientos millones de pesos, sin cuentas claras.
Aunque estos contratos tienen una finalidad legítima, se ha cuestionado la falta de información clara y pública sobre su ejecución, desembolsos y resultados. Veedores y defensores de derechos humanos han solicitado mayor transparencia, recordando que son recursos del Estado, sujetos a control social y fiscal.
La preocupación se agrava ante la posibilidad de que decisiones políticas internas estén influenciadas por la continuidad o no de estos contratos, lo que pondría en riesgo la autonomía del proceso electoral.
Diversos líderes comunitarios y exautoridades del resguardo han coincidido en un llamado urgente: respetar los “Mandos, Normas y Leyes”, permitir que la democracia interna fluya sin interferencias y garantizar que los recursos públicos sean administrados con total transparencia.
Sobre esto insisten los lideres, porque en las ultimas dos semanas se ha hecho evidente el derroche de recursos del cabildo con atenciones y prebendas, como son los casos del evento para adultos mayores con todo y serenata y el tour de alumbrado navideño con cinco buses llenos de gente. realizados en los últimos días.
La situación actual no solo afecta al resguardo indígena. Al tratarse de recursos públicos y de derechos colectivos reconocidos constitucionalmente, también al municipio, a los entes de control y a la sociedad en general.
Con lo que se concluye que, si las actuaciones no son claras, se pone en juego, más allá de nombres propios o coyunturas electorales, la credibilidad institucional del resguardo, la confianza de la comunidad indígena, la legitimidad de sus autoridades y el manejo responsable de recursos públicos.
La historia del pueblo Muisca de Chía demuestra que sus “Mandos, Normas y Leyes” no son un obstáculo, sino una herramienta para garantizar justicia, equilibrio y buen gobierno.
Contratos e informes adjuntos.
A continuación dejamos a los lectores copia de tres contratos interadministrativos entre la alcaldía municipal de Chía y el resguardo a cargo de su representante legal, la gobernadora Gina Carolina Socha Fajardo.
El primero es para la realización de un censo socioeconómico, y cultural por valor de $931.150.000, para realizarlo en cinco meses. A este documento se adjunta un informe de miembros de la comunidad, donde cuestionan varios aspectos del contrato.
El segundo es un contrato para el fortalecimiento de la guardia indígena, por valor de $516.165.007, por cinco meses y su respectivo informe.
El tercero es solo el contrato para la recuperación de la lengua propia, por valor de $740.000.000, para realizar también en 5 meses.
Semanas previas a este informe, el Periódico de Chía buscó a la gobernadora para hablar con ella y, aunque nos dio dos citas, no nos cumplió ninguna.
