Este jueves 28 de junio se conoció un auto judicial emitido por la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Yolanda Villamizar, con relación a la Ptar 2 de Chía.

 El auto no solamente llega con un desacato de 15 meses, en el que caen no solo la propia magistrada sino también la Car, el alcalde Donoso, el exalcalde Varela y Emserchía, sino que además el auto llega ordenando la presencia de la fuera pública necesaria para impedir cualquier acción de la comunidad del municipio que vaya en contra de la construcción de la Ptar 2.

En tiempo, la orden de la sentencia del rio Bogotá era cumplir con el tratamiento de las aguas residuales hasta marzo de 2017. Después de esta fecha todos estos funcionarios, cayeron en desacato por laxos y demorados para atender las necesidades de saneamiento básico que el municipio padece desde hace cerca de 20 años.

Tal vez esto explique por qué la magistrada Villamizar se haya pronunciado de manera tan agresiva y perentoria prácticamente anunciado la militarización de la zona de la Ptar si la comunidad llega a chistar algo frente a esta obra, luego de recibir los oficios del consorcio constructor de la Ptar, de la Car y del Propio Alcalde Leonardo Donoso, donde anuncian hechos que tampoco son ciertos, como que ya se cumplió con la socialización.

Si bien se inició un proceso de socialización, este se dió por iniciativa de la comunidad que la pidió, no fue la administración, aunque el alcalde se la apropió cuando en respuesta a la solicitud de la comunidad, este envió una convocatoria para la socialización como si él la estuviera proponiendo. Tampoco la cumplió el constructor, como lo obliga la ley, desde un año antes de que se iniciaran las obras.

Si bien el proceso se inició como ya se dijo, no llegó a feliz término porque para la CAR, Emserchía, la alcaldía y el consorcio, el concepto de socialización fue desde el inicio totalmente opuesto al de la ciudadanía. Ellos solo querían mostrar render, videos y llevar a los ciudadanos a conocer la Ptar de Cogua. Mientras lo que la comunidad reclamaba era conocer los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto, los estudios de suelos, los diseños, así como los estudios de costos, las etapas en que se realizará la obra y cómo se harán los desembolsos, pero mucha de esta información no fue entregada, como tampoco se quiso reconocer la incidencia de la comunidad frente a la obra, en las supuestas socializaciones.

Estas diferencias sumadas a la manipulación que hizo la alcaldía de las reuniones, llevando gente ajena a la comunidad de la vereda, con personajes destinados a dividir, desestabilizar y agredir verbalmente a los ciudadanos, terminó por llevar la socialización al traste.

Si a eso se suma la enorme desconfianza que la gente de este municipio siente de sus alcaldes los cuales todos, en los últimos 20 años, han dispuesto de importantes recursos económicos prometido bajo juramento, con Dios y su pueblo de por medio, realizar necesarias mega obras para el municipio, las cuales todas han quedado por décadas a medio hacer, sin que la justicia local, departamental, ni nacional haya hecho presencia o intervenido a motu propio para defender a los ciudadanos del detrimento de sus recursos municipales, el rechazo ciudadano frente a este nuevo mega proyecto comienza a tener sentido. Más cuando, hace apenas un mes, la ciudadanía conoció el audio del exalcalde Guillermo Varela afirmando que, por la construcción de la Ptar 2 el director de la Car, Néstor Guillermo Franco González y el alcalde Leonardo Donoso Ruíz, «habían recibido por este contrato una platica de 1.500 millones pesos”, declaración de la cual después se retractó sin mayores argumentos.

Con estos antecedentes y la falta de un dialogo oportuno, diáfano y transparente frente a un proyecto que es de interés para todos en la ciudad, no se entiende como la Magistrada Villamizar sale con este auto sin comprobar si lo que dice la institucionalidad es cierto o no y sin darse la oportunidad de escuchar a la comunidad. Por esta razón el Periódico de Chía la contactó telefónicamente para pedirle sus comentarios frente al auto, que tanto desconcierto, rechazo y preocupación ha causado entre la comunidad y a lo que ella respondió:

“No voy a darle ninguna entrevista porque no voy a socializar mi auto, esta es una orden y esa planta de tratamiento tiene que construirse, es una orden. Si a la gente no le gusta pues que se vayan de ahí porque los ríos Frío y Bogotá se están contaminando con las heces de todos y tenemos que limpiarlos. Aquí estoy en el ministerio de Medio Ambiente tratando precisamente el tema de la explotación minera, y ahora resulta que nadie quiere explotación minera, nadie quiere plantas de tratamiento, pero si quieren gasolina, energía y construcciones. Si la gente de Chía no quiere planta, pues tampoco podrá construir más”. Diciendo estas palabras colgó la llamada.

El Periódico de Chía busco también a los vecinos de Las Juntas dispuestos hablar sobre el auto a lo que respondieron así, no sin antes pedir que no se dieran a conocer sus nombres, por lo que los identificamos como vecino 1, 2, 3 y 4.

VECINO 1: “Nos siguen vulnerando nuestros derechos y en esta oportunidad un propio representante de la justicia, que además llega con una reacción agresiva, dictatorial y amedrentadora; mucho nos preocupa estas posiciones por parte de un delegado de la justicia. Habla de motines, ¿cuáles motines?, es el atropello a nuestra vida, a nuestras propiedades a nuestro pueblo, porque no somos solo nosotros, son todos los habitantes de Chía quienes vamos a terminar, como siempre, afectados y pagando la improvisación, los errores y los sobrecostos de una planta que no va hacer eficiente para las necesidades del municipio y de un contrato que ya hemos cuestionado porque esta lleno de vicios”.

VECINA 2: “La señora magistrada, agrega una vecina, solo ha escuchado al alcalde, al director de la Car y al contratista, ¿por qué no se ha tomado el trabajo de venir y conocer cual es el conocimiento y las reservas que tenemos de este proyecto? Sus interlocutores nunca van a reconocer las falencias y los intereses que hay por encima de la Ptar, del municipio y del mismo rio Bogotá”.

VECINA 3: “Para mi es indignante que la magistrada Villamizar nos mande decir, como le respondió a usted que, si no nos gusta la Ptar, pues que no vayamos de aquí, a lo que le quiero responder puntualmente como adalid supremo de la verdad, la justicia y la protección ambiental, que pretende ser, ¿por qué no se va más bien ella de su casa, ubicada en un sector de reserva forestal en plenos cerros orientales?  ¿Por qué la ley y la justicia es para nosotros y no para ella y sus vecinos originadores de esta debacle ambiental que hoy vivimos y que ahora pretenden solucionar de un plumazo y mediante coacción”?.

VECINO 4: “La doctora Villamizar conoce como pocos lo que es la injusticia, la arbitrariedad y los tentáculos de la corrupción. Ella tuvo el coraje y la solvencia moral para denunciar a compañeros del tribunal envueltos en negociados. Por ello fue señalada, repudiada y destituida, un trago amargo personal y profesionalmente para cualquier persona. Cinco años después la justicia se le manifestó a ella en todo su esplendor, cuando es reivindicado su nombre y restituida en su cargo. Sin embargo, todo parece indicar que la magistrada no aprendió con esta experiencia sobre el valor de la justicia. La misma que venimos pidiendo los vecinos de la Balsa, pero la justicia en este país es como los colombianos, incumplida y no llega cuando la esperamos…pero llega.”   

En ultimas deja un sabor amargo el auto de la magistrada, ya que si bien es cierto que hay un fallo en primera instancia que ordena la construcción de la Ptar, no necesariamente es en este sitio, la doctora Nelly Villamizar si debería preocuparse por ver la conveniencia de esa ubicación, dimensionando el costo social y ambiental que esta puede tener y profundizar esa decisión abalando argumentos y no manifestarse más que como un juez, como un dictador omnipotente que ni oye, ni ve, ni escucha.