Según Medicina Legal entre enero y mayo de este año en el país fueron abusados 6.469 menores de edad, 1.057 niños y 5.412 niñas.

 El miércoles 24 de junio se conoció la noticia de la violación de una niña de 11 años, de la comunidad Embera Katío en Risaralda, por siete soldados regulares del ejército colombiano. El hecho nuevamente dignó al país y despertó la consabida polémica en la que de manera periódica se sumerge la opinión publica al descubrir que sin importar la atrocidad de estos repiudiables hechos, la justicia siempre duda cómo se debe actuar frente a estos actos y que tan fuerte debe caer el peso de la Ley sobre los individuos que cometen estos delitos.

De otra parte el país viene registrado un preocupante aumento de abuso sexual a menores, tal y como lo demuestran las cifras entregadas por Medicina Legal sobre los casos registrados entre enero y mayo de este año (5 meses), en donde en el país fueron abusados 6.469 menores de edad, 1.057 niños y 5.412 niñas. (43 menores abusados diariamente en los últimos 5 meses).

Ante estas cifras y la gravedad que representa para la sociedad colombiana el reciente caso de la niña Embera, el repudio y la indignación ha sido unánime y generalizado y sobre lo cual diferentes sectores de la comunidad de Chía vienen expresando su rechazo.

A continuación entregamos dos pronunciamientos llegados a la redacción, por parte de dos grupos ciudadanos:

Veeduria Ciudadana de Presupuesto Público VEEDUPRESUPUESTO

26 de junio de 2020 Chía, Cundinamarca

RECHAZAMOS TODO TIPO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Los integrantes de la veeduría de Presupuesto Público, VeeduPresupuesto, como sociedad civil organizada del municipio de Chía rechaza rotundamente la ola de actos sexistas, machistas y patriarcales que reproducen el sistema de relaciones de dominación y que atentan contra la integridad de mujeres en todo el territorio colombiano.

De forma seguida rechaza la VIOLACIÓN cometida, por los militares contra la menor de edad indígena, del pueblo Embera Chamí, en el departamento de Risaralda y el pronunciamiento del fiscal Francisco Barbosa quien les imputa a estos VIOLADORES el delito de ACCESO CARNAL ABUSIVO suponiendo de antemano que la menor de edad aceptó que los militares abusaran de ella. Especialistas en el tema explican que el abuso sexual se da cuando una persona tiene una relación íntima consensuada, y una violación se da cuando la persona no accede voluntariamente a mantener relaciones sexuales con otra. En este orden de ideas el mensaje que se le está dando a ciudadanía es que, los siete soldados no violaron a la menor, no la ultrajaron, que nada fue en contra de su voluntad. Es decir, que la niña consintió la relación con los siete hombres.

Como Veeduría Ciudadana, que ejerce vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operan en el país, y en consonancia a lo ya expuesto EXIGIMOS al gobierno nacional, a la fiscalía, procuraduría y demás entidades de competencia:

1.         imputar los cargos correspondientes a estos VIOLADORES

2.         Prestar la atención y asistencia integral estatal a las necesidades básicas de nuestros niñas, niños y adolescentes, cuya acción radica en el verdadero compromiso político del estado con quienes son el futuro de nuestra nación.

3.         Prestar atención y asistencia integral a nivel nacional mediante diferentes órganos, dependencias y/o entidades a la violencia contra la mujer.

De igual manera invitamos a la sociedad chiense a unirse al cacerolazo nacional el día sábado 27 del presente a las 7 pm como protesta y rechazo a los actos violentos contra la mujer y en defensa de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Chía 27 de junio de 2020 

Colectivo Indígena Ubaschimasqua. 

El Colectivo de trabajo indígena Ubaschimasqua, conformado por indígenas Muiscas del Resguardo indígena Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra (Chía), rechaza y condena de manera vehemente los hechos ocurridos el día 22 de junio de 2020 en el Resguardo Gito Dokabú -Embera Katío (Corregimiento de Santa Cecilia, Puerto Rico – Risaralda), lugar en el cual una niña indígena de esta comunidad, de tan solo 12 años fue secuestrada y abusada sexualmente por un grupo de soldados del Ejército Nacional de Colombia (en servicio activo), adscritos al Batallón San Mateo. 

Nos adherimos al clamor nacional de llevar a estos agresores de la menor de edad ante la justicia Indígena para ser juzgados; ya que, la justicia ordinaria a través de la fiscalía general de la nación no ha logrado dar un fallo acertado frente al tipo penal por el cual deberían haber sido juzgados los agresores. Es evidente que la incapacidad de esta institución para reconocer la diferencia entre “acceso carnal violento” y “acceso carnal abusivo” revictimiza aún más la situación de la niña. Además, teniendo en cuenta que, es responsabilidad del Estado la protección y la garantía de los derechos de los niños y niñas, así como de los pueblos Indígenas. A todo esto, se le suma los diferentes actos que por acción u omisión históricamente han cometido las fuerzas militares en los territorios Indígenas de nuestro país y que establecen un riesgo latente en vez de una garantía de seguridad para los/ las niñas, los pueblos y naciones Indígenas. Además, debemos destacar el trato que se ha tenido hacia la mujer Indígena. Este problema estructural ha venido afectando la esfera social de este país naturalizando la violencia contra las mujeres y la niñez; hacemos un llamado a la unidad para contrarrestar todas las formas de violencia. 

Como indígenas y como sociedad civil es deber rechazar y tener cero tolerancia hacia este tipo de actos, adicionalmente el llamado a las autoridades competentes a aplicar la máxima condena establecida para este delito, así mismo la tipificación correcta del crimen. Es deber del Estado responder ante las comunidades indígenas del país, al resguardo Gito Dokabú, a la familia de la menor indígena y a ella misma por la debida aplicación de la justicia y las penas. 

Exigimos: 

-A la procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, hacer el acompañamiento respectivo del caso, previendo que no sea uno más de la larga lista de casos que quedan en la impunidad. De la misma manera que adelante todos los procesos respectivos a los responsables del hecho a fin de evitar la influencia de todos aquellos que quieran silenciar este hecho tan lamentable. -El respeto hacia la víctima, la familia y el pueblo Emberá. 

-Exigimos que los soldados que se encuentren cerca a cualquier resguardo o comunidad indígena en Colombia tengan un entrenamiento y formación especial en asuntos indígenas y derechos humanos, sea cual sea su permanencia en los territorios o en cercanía de estos.