El acto administrativo contiene irregularidades sustanciales en la fijación del Impuesto Predial Unificado, especialmente en lo relacionado con predios rurales y los mecanismos de participación ciudadana.
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La acción judicial fue interpuesta por el abogado y líder social Mauricio Mustafá, quien desde el inicio del proceso tributario en Chía viene cuestionando y descalificando el procedimiento irregular que la administración municipal viene adelantando para imponer primero el impuesto predial y ahora el estatuto de rentas.
De ahí que Mustafá no vacilara en demandar el Acuerdo Municipal 247 de 2025, mediante el cual el Concejo Municipal expidió el nuevo Estatuto de Rentas.
Mauricio Mustafá no solo interpuso la acción judicial, sino que publicó en sus redes un comunicado a la opinión pública, que resumimos aquí, donde explica y sustenta sus posiciones jurídicas.
Explica que considera que el acto administrativo contiene irregularidades sustanciales en la fijación del Impuesto Predial Unificado, especialmente en lo relacionado con predios rurales y los mecanismos de notificación a los ciudadanos.
De acuerdo con el documento conocido, uno de los principales cuestionamientos se centra en la creación de tarifas diferenciadas del impuesto predial para el suelo rural, basadas en la destinación económica de los predios.
Este criterio, señala el demandante, está expresamente reservado por la ley para el suelo urbano, por lo que su aplicación en zonas rurales constituiría una extralimitación de competencias por parte del Concejo Municipal.
Adicionalmente, la demanda controvierte el procedimiento adoptado por la administración municipal para notificar los actos administrativos de determinación del impuesto predial.
Según se expone, el Estatuto de Rentas sustituyó los mecanismos de notificación previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por simples publicaciones generales, lo que, a juicio del accionante, compromete gravemente el derecho al debido proceso y el derecho de defensa de los contribuyentes.
En el marco del proceso judicial, también solicitó la suspensión provisional de las disposiciones demandadas, argumentando que la contradicción con la Constitución y la ley es manifiesta y puede evidenciarse mediante una simple confrontación normativa.
La solicitud busca evitar que las normas cuestionadas continúen produciendo efectos mientras se resuelve de fondo la legalidad del estatuto.
Aunque la demanda presentada es de nulidad parcial, Mustafá informó que se encuentra en evaluación la posibilidad de interponer una demanda de nulidad total del Estatuto de Rentas, debido a la existencia de presuntos vicios graves, estructurales e insubsanables en el trámite de expedición del acuerdo. Esta decisión, explica, se está analizando a la luz de su impacto jurídico y social sobre la ciudadanía de Chía.
Uno de los aspectos más sensibles del pronunciamiento público es la preocupación expresada frente a la independencia e imparcialidad judicial. Sin desconocer el papel institucional de la Rama Judicial, el comunicado plantea inquietudes por la cercanía política, institucional y personal que, según se afirma, se ha evidenciado en los últimos años entre algunos actores políticos y miembros del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, instancia que podría conocer del proceso.
El demandante sostiene que, en asuntos de alto impacto económico y social —como lo es la tributación municipal—, no basta con que la justicia sea imparcial, sino que también debe parecerlo. Cualquier apariencia de cercanía indebida entre actores políticos y funcionarios judiciales, advierte, puede erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y debilitar el Estado de Derecho.
En ese contexto, hace un llamado público a la jurisdicción contencioso-administrativa para que el proceso sea tramitado con estricto apego a la ley, plena publicidad y transparencia, y que, de ser necesario, se adopten decisiones institucionales como impedimentos o recusaciones que garanticen la ausencia de cualquier duda razonable sobre la imparcialidad judicial.
El comunicado también aborda el debate político que rodeó la aprobación del Acuerdo 247 de 2025 en el Concejo Municipal. Según lo expone, la votación del estatuto dejó en evidencia una inusual reconfiguración de posiciones políticas: tres de los votos negativos provinieron de concejales de gobierno, mientras que seis de los nueve votos positivos fueron emitidos por concejales que se presentan públicamente como oposición al alcalde, a los que se sumó el voto favorable de una concejala inscrita formalmente como opositora.
Para los autores del comunicado, esta inversión de roles no es un hecho anecdótico, sino un elemento que plantea interrogantes sobre la coherencia, la transparencia y las verdaderas motivaciones que rodearon la aprobación del estatuto tributario.
Frente a los ciudadanos que se beneficiaron de una rebaja en la tarifa del impuesto predial, el demandante señala que dicha reducción no puede servir como justificación para legitimar un estatuto que, en su criterio, nació de un trámite irregular y antidemocrático.
En ese sentido, invita a quienes accedieron a ese beneficio a considerar el pago del impuesto antes de finales de abril, fecha en la que eventualmente podría presentarse la solicitud de nulidad total del acuerdo.
“El debate no es escoger entre una tarifa menos gravosa y una nulidad incómoda”, señala el documento. “Lo que está en juego es si se tolera que la autoridad pública legisle de espaldas a la ciudadanía, vaciando de contenido la democracia local y los principios básicos del Estado de derecho”.
Finalmente, el comunicado insiste en que normalizar este tipo de precedentes implicaría institucionalizar la exclusión y enviar el mensaje de que la participación ciudadana es prescindible cuando resulta incómoda para el poder.
Para Mustafá, la controversia en torno al Estatuto de Rentas de Chía trasciende lo técnico y se convierte en un debate de fondo sobre la legalidad, la transparencia y la calidad democrática de las decisiones que afectan directamente el patrimonio de miles de ciudadanos.
Queda expuesta la manipulación del Concejo Municipal que así la trate de disfrazar es evidente