En la mira, irregularidades en el POT de 15 municipios del país
El senador Carlos Fernando Galán entregó las denuncias a la Fiscalía. Chía es uno de los municipios cuestionados por su ordenamiento territorial.
En otros municipios de la Sabana hay predios en los que se ha modificado su uso de rural a urbano, lo que incrementa su valor solo por una decisión tomada en el papel, sin planeamiento.
Estas son algunas de las denuncias que ha recibido el senador Carlos Fernando Galán de concejales, líderes comunitarios y dueños de predios en 15 municipios de la Sabana de Bogotá, donde los POT fueron modificados a la medida de intereses de constructores o de particulares.
En entrevista con EL TIEMPO, el congresista de Cambio Radical denunció que privados se han enriquecido a costa de las poblaciones y se ha impactado su desarrollo, ya que en algunos casos los han librado de pagar cargas como las de hacer vías, espacio público o suplir servicios públicos como corresponde en planes parciales y proyectos de vivienda.
¿Cuáles son los problemas con los POT de la Sabana?
Comencé a recibir denuncias desde hace más de un año en el Congreso y tenían que ver con la preocupación de la gente que ha adquirido vivienda en los municipios de Madrid, Funza, Mosquera, y señalaban que los desarrollos tenían problemas porque no tenían plantas de tratamiento de aguas residuales, no había recursos para las vías ni espacio público, ni se estaban dando las herramientas para que fuera un desarrollo sostenible. En su mayoría, los problemas ocurrieron en vivienda de interés social, y comencé a investigar.
¿Qué hizo con las denuncias que recibió en el Congreso?
Le entregué eso al fiscal (Gustavo) Moreno porque él me buscó por instrucciones de Néstor Humberto Martínez, fiscal general. Eso fue en enero de este año. Sé que en uno de los casos hubo un avance, en otros no. A raíz del escándalo con Moreno, busqué al Fiscal General, quien me explicó que otros delegados tenían los procesos y que muy pronto habrá más resultados; eso me lo dijo hace dos semanas.
En los últimos años, la capital tuvo un déficit de habilitación de suelo para construcción en el perímetro urbano
¿Qué está pasando según esas denuncias?
Primero, la Sabana está cerca de Bogotá, lo que genera de arranque una presión por un valor grande. Un predio en Mosquera o en Funza, que es rural, pero que se modifica para que sea urbano, para bodegas, para industria, se valoriza de manera exponencial; vale muchísimo más, por nada distinto a una decisión que se toma en el papel. Ni siquiera porque se haya construido una carretera.
¿Y cuál es el problema de que eso pase?
Que genera corrupción. En la Sabana, por estar cerca de Bogotá se aumenta ese riesgo porque el valor por la demanda de los predios es mayor. En los últimos años, la capital tuvo un déficit de habilitación de suelo para construcción en el perímetro urbano, lo que llevó a que los municipios de la Sabana crecieran muchísimo. No es que esté en contra de que crezcan, pero sí de cómo lo hacen.
¿En cuántos municipios hay irregularidades?
Serían 15. Hay casos como el de Mosquera, que ya tiene un proceso en la Fiscalía, donde la esposa del exalcalde compra un predio, luego él solicita una modificación al POT –que incluyó a ese predio–, lo incorpora, y obviamente lo valoriza y luego lo vende. El caso de Villas de Madrid, donde un desarrollador entregó un predio en cesión para un parque. El municipio lo acogió y allí se hizo un proyecto de más de 500 viviendas.
¿Cuál es el efecto?
Esto genera un fenómeno que está favoreciendo a particulares para enriquecerlos, y no para la planeación y el desarrollo de los municipios, en donde se indique que se debe crecer por cierto sector para llevar transporte, vías, espacio público, sino que son decisiones arbitrarias que favorecen a particulares. Así se están tomando muchas decisiones en la Sabana.
¿Cómo se enriquecen los particulares?
Por una decisión administrativa se incorpora un predio al perímetro urbano, que debe tener un plan parcial, en el que se definen unas cargas para desarrollarlo y que debe pagar el constructor. Pero hay casos en los que no se cobran o aportan menos de lo que corresponde. Esas cargas hay que utilizarlas para acueducto, vías. Ahí ya hay un problema porque el resto del municipio termina pagando las obras de urbanismo que le corresponde al que desarrolla o al dueño del predio.
¿Con qué consecuencias?
A un municipio que no tiene para manejar las aguas residuales, por ejemplo, si le hacen más vivienda, le dejan un problema que es para todos. Temas viales: pueden mirar municipios como Chía, que ha tenido un desarrollo impresionante en los últimos años y hoy tiene un déficit dramático en infraestructura.
El alcalde de Chía anunció que urbanizará más…
Y dice que tiene la plata con algunos planes parciales que va a hacer para financiar nuevas vías; vamos a ver si es cierto, ojalá. Pero, ese municipio hoy en día tiene un déficit grandísimo, una planeación inadecuada. Las modificaciones de los POT que no tienen las cargas definidas y adecuadas tienen como consecuencia que las personas terminan afectadas con grandes trancones, sin espacio público, con problemas de aguas residuales, invadiendo zonas que no se deberían invadir porque tienen un elemento ecológico fundamental para el municipio.
¿Qué le diría a la gente que está pensando en comprar vivienda allá?
Tienen que mirar muy bien que sí sean proyectos que cumplen los requisitos en cargas y beneficios.
En una de las investigaciones que más avanza la Fiscalía es en la del exalcalde de Mosquera Álvaro Rincón, quien está privado de la libertad al señalársele de cambiar de forma irregular en 2009 el POT de ese municipio, en el cual se incluyó un predio que adquirió su esposa, Edith Rocío Peñuela, cuyo precio se incrementó de $ 820 millones a $ 3.800.
Entre las denuncias entregadas por el senador Galán a la Fiscalía y la Procuraduría, en las cuales habrían intervenido servidores públicos, están el cambio del uso del suelo en el predio San Judas de Tilauta, en Tabio, en el cual mediante una modificación en 2013 de su esquema de ordenamiento pasó de ser rural a urbano, lo que incrementó su precio al pasar de 1.600 millones a $ 81.470 millones. El municipio ha otorgado además 192 viviendas de interés prioritario en ese terreno.
En Cajicá, a un predio ubicado en la vereda Chuntame se le autorizó la subdivisión en 109 lotes con áreas entre 300 y 700 metros cuadrados, pese a ser de uso rural y no admitir subdivisiones menores a 20.000 metros cuadrados. Además, se le dio viabilidad para servicios públicos para 100 viviendas unifamiliares mediante una autorización que correspondía a otro proyecto de vivienda, que además se ubica en una vereda diferente y se asignó solo para nueve apartamentos, una casa y una portería.
