Ante el revés sufrido este martes en la primera reunión de concertación entre el alcalde de Chía y los gremios de carga pesada, el Secretario de Transparencia entrega propuestas.
Imagen de la fracasada primera reunión de concertación entre la alcaldía y los transportadores.
Esta medida de fuerza es la respuesta directa de los transportadores al alcalde Leonardo Donoso, quien anunció restringir durante todo el día y sin tiempo límite, la movilidad del transporte de carga en Chía, a partir del 15 de octubre.
Según el alcalde, la medida será permanente y durará en el tiempo, hasta que el gobierno nacional tome una solución definitiva, “levantar la restricción que tenemos, nuevamente convocar a la audiencia de modificación de la licencia ambiental, reactivar las obras de la unidad funcional número 3 y terminar una vía que es la solución definitiva para Chía”.
Lo que significa que el alcalde esta dispuesto a sacrificar a toda la ciudadanía de chia y encerrarnos en la ciudad, porque en un acto de legítima defensa los transportadores han reaccionado ante la arbitrariedad del alcalde y su afán de utilizarlos para chantajear al gobierno nacional, para que se haga lo que él pide. Cuando Donoso, que se dice abogado, sabe perfectamente que sus pretensiones son imposibles de resolver, por el poder ejecutivo, porque lo que pide está bajo el control e investigación, del poder judicial.
Con este actuar lo que se propone Donoso, es generar una crisis real y a todo costo para obtener una solución a un problema de congestión vehicular que pareciera local. Cuando la verdad es que la carretera es la punta del iceberg de una controversia más profunda que ha escalado hasta la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, a cargo de Andrés Idárraga Franco.
La realidad es que todo lo que pide el alcalde es una suma de irrealidades que expone motivado por su propia angustia. Ya que el gobierno nacional, luego de una investigación de fondo liderada por la Secretaría de Transparencia. Les ha entregado a los entes de control la investigación judicial de esta troncal, enmarcada en principio por cinco graves delitos.
Las transgresiones identificadas son: Prevaricato por acción y omisión, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, cohecho propio y peculado por aplicación oficial diferente.
En dichas investigaciones se encuentran involucradas hasta el momento 30 personas, entre ellas el alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz, los 15 concejales de su gobierno 2016-2019 y varios funcionarios de su administración. Además de otros empleados públicos de diferentes entidades del estado.
Es en este contexto de crisis y búsqueda de soluciones que interviene la voz del director de la Secretaría de Transparencia, Andrés Idárraga Franco, quien a través de la red X plantea una reflexión y una propuesta sobre el Acceso Norte de Bogotá.
Idárraga denuncia que, por señalar posibles ilegalidades y “actos de corrupción” en la contratación, han sido acusados de ir en contra del desarrollo del país. El funcionario es claro en su posición: no están en contra de la infraestructura, sino “en contra de los negocios ilegales que hacen algunos bajo el manto del interés general y en desmedro de lo público”.
Con el objetivo de solucionar el “trancón de Chía” de una vez por todas, Idárraga pone sobre la mesa cuatro elementos para una alternativa que sea a la vez “legal y técnica”, y que no pase por encima de la Constitución, las leyes y el ambiente.
Su propuesta incluye:
- El retorno de los predios a Chía: Idárraga plantea que los predios del municipio deben ser devueltos.
- Desarrollo sin perjuicio ambiental: La vía debe ser construida sin afectar el canal Proleche.
- Una solución contractual negociada: Propone que la controversia entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Alcaldía de Chía se transa bajo tres condiciones.
La primera es que Chía no pagará al concesionario por las inversiones realizadas en la gestión predial, ya que estas sumas ya han sido compensadas con la ampliación del plazo del contrato.
La segunda es que se establezca una tarifa diferencial en el peaje para los habitantes de Chía, con un costo menor que para los demás usuarios, sin que esto incremente desproporcionadamente el costo para el resto de la ciudadanía.
Y la tercera es que al final del contrato de concesión, (en 17 años) los 13 bienes inmuebles cedidos por el municipio regresen al patrimonio de Chía y no al Invías, como está actualmente previsto. - Revisión de avalúos y tarifas prediales: El director de la Secretaría de Transparencia sugiere una revisión integral de los avalúos y tarifas prediales del municipio de Chía para que respondan a la realidad del territorio y no a posibles favorecimientos particulares.
Esta propuesta se presenta como una mano tendida desde el gobierno nacional a todos los actores institucionales y privados, con el llamado explícito a sentarse y solucionar el problema, y así “prevenir que continúen posibles hechos que van en contra de la ley”.
El conflicto en Chía, por lo tanto, no es solo un tema de movilidad. Es un debate sobre cómo el desarrollo de la infraestructura debe equilibrar las necesidades de la comunidad, la protección del medioambiente, la legalidad y la transparencia en la contratación pública.
Esta Consecion está marcada por ilegalidades desde su primera fase ya que el artículo 21 de la ley 105 ( que el cobro de peaje debe realizarse por recorrido) no obligando al pago de tarifa plena por recorrido ínfimo como sucede con los habitantes de Chía y otros Municipios vecinos ya que al no cumplirla vulneran el artículo 13 de la Constitución Nacional (Derecho a la igualdad) por ahorrarle dinero y esfuerzo al concesionario que tendría que instalar los puntos de pago en las salidas a los destinos finales ¡Todo para facilitar la Codicia!
¿Entonces las denuncias que las Veedurias hemos hecho al cobro ilegal de tarifa plena por el recorrido ínfimo que realizamos que nos Vulnera el derecho Constitucional a la Igualdad al hacernos pagar más no se reconoce?