La alcaldía presentó al concejo un proyecto de acuerdo que busca modificar el que existe, e imponer otro con el que espera restringir drásticamente la participación, frente al presupuesto participativo.
El presupuesto participativo es un derecho ciudadano,
una dinámica social y una obligación municipal.
En Chía, dicha porción, en este cuatrienio, según la veeduría Ágora Civitas es de $45.000.000.000. Mientras que la veeduría de Discapacidad, afirma que la secretaria de Hacienda municipal establece los recursos para este renglón en $37.428.919.819. Desfase de casi ocho mil millones. Cifra real que bien valdría la pena conocerla.
No obstante, la administración busca, a través de un nuevo proyecto de acuerdo que precisamente se estudia, por estos días en el concejo municipal , reformular este proceso participativo, definido desde el 2021, en el acuerdo 157
La iniciativa de modificar este acuerdo, ha sido recibida con serias, numerosas y fuertes críticas que lo tildan de despropósito y lo acusan de instituir un sistema diseñado para validar los intereses del ejecutivo antes que para empoderar a la sociedad.
Entre los más severos críticos figura la veeduría Ágora Civitas, integrada por un equipo de profesionales de alto perfil, quienes en un análisis minucioso de la propuesta, revelan no solo graves vacíos normativos, sino una estrategia preocupante para restringir la participación y aumentar la discrecionalidad del alcalde.
El debate en torno a este proyecto no es solo una disputa técnica, sino la puesta en escena de una lucha ciudadana por la transparencia, la inclusión y la autonomía de los habitantes del municipio.
La alarma surge porque, bajo la bandera de “actualizar” la normativa, se pretende erigir un marco legal que, de aprobarse, debilitaría la democracia local de Chía, creando una herramienta de potencial clientelismo político. La veeduría Ágora Civitas lanza entonces la alerta y lee su estudio y análisis en la plenaria y entrega al concejo copia de la misma para que se pronuncien en favor de la comunidad.
Por eso resumimos aquí las reflexiones y puntos de vista que la veeduría ventila, con el ánimo de que la ciudadanía y el concejo que los representa, eviten la hecatombe.
El vacío del incumplimiento. Un precedente cuestionable
Una de las denuncias más contundentes que abre la controversia es el evidente incumplimiento normativo de la administración municipal. El Presupuesto Participativo no es una invención reciente en Chía, sino un mandato que ya contaba con un marco local vigente: el Decreto 157 de 2021.
Dicho decreto obligaba explícitamente a la actual administración a implementar el mecanismo en sus dos primeros años de gobierno. El proyecto de acuerdo que hoy se presenta ante el Concejo Municipal busca derogar esta normativa anterior, pero lo hace sin ofrecer una explicación convincente, o siquiera una mención, de por qué se incurrió en la omisión del mandato.
Esta reflexión inicial es crucial: el proceso comienza con la constatación de que la administración no ha cumplido con la ley que ella misma emitió, y su solución no es la rendición de cuentas, sino la expedición de una nueva norma que borra el antecedente.
Este incumplimiento de un mandato claro y previo sienta un precedente de desconfianza institucional. ¿Cómo puede la ciudadanía creer en la voluntad de implementar un nuevo marco si se ha demostrado la falta de compromiso con el anterior?
La reflexión necesaria aquí es que la legitimidad del Presupuesto Participativo no reside solo en su existencia formal, sino en la seriedad de su aplicación.
Un mecanismo de participación que nace del incumplimiento de una obligación previa ya arrastra consigo una profunda deficiencia ética y política. El despropósito es evidente: se utiliza el trámite legislativo para encubrir la falta de gestión en lugar de corregirla.
Los muros de la exclusión. Umbrales y restricciones a la participación
El espíritu del Presupuesto Participativo es la inclusión universal. Sin embargo, la propuesta de acuerdo en Chía introduce reglas que, en la práctica, se convierten en muros de exclusión y erosionan la base social que debería estar al frente de la decisión.
Se denuncia que las reglas propuestas restringen drásticamente la participación, particularmente mediante la imposición de umbrales desproporcionados para la validación y ejecución de las propuestas.
Si se exige un número excesivamente alto de firmas o de asistentes para que una iniciativa sea considerada, se está desincentivando y bloqueando la participación de comunidades pequeñas o de sectores sociales con menor capacidad de movilización. El mecanismo, en lugar de ser un catalizador, se vuelve un obstáculo burocrático.
El vacío más evidente y grave, sin embargo, es la exclusión de colectivos claves de la sociedad civil. El proyecto de acuerdo centra la participación casi exclusivamente en las Juntas de Acción Comunal (JACs), dejando por fuera a un amplio abanico de organizaciones sociales y económicas que son vitales para la vida municipal: ONGs, corporaciones, fundaciones, asociaciones culturales, y grupos de jóvenes o ambientales.
La reflexión que se impone es que la ciudadanía no se limita a su representación territorial por barrio. Al excluir a las organizaciones temáticas y a los colectivos de interés, el proyecto de Chía está atomizando la participación y negando la riqueza de la sociedad civil organizada.
Y solo ella, la ciudadania activa y consciente de su rol social, es la encargada de exigir a sus concejales el compromiso de sacar adelante un presupuesto participativo ético y real para los habitantes de Chía.
