Las denuncias del senador Galán contra el alcalde de Chía
El senador Carlos Fernando Galán asegura que en el municipio se están violando las normas urbanísticas. Mientras tanto, constructores aseguran que los están extorsionando a cambio de las licencias.
El senador ha recogido todos estos casos y en los últimos meses ha remitido estos a la Fiscalía y la Procuraduría. Uno de los casos a los que el senador le ha puesto la lupa es al de Chía. SEMANA tuvo acceso a una de las denuncias hechas por un constructor, en las sostiene que el actual alcalde de ese municipio, Leonardo Donoso, presuntamente está exigiendo “pagar un monto exigido para el licenciamiento de los proyectos”.
En el documento, el empresario sostiene que a través de esa modalidad se habría urbanizado la Zona Rural de las Granjas (ZRG), que hace parte del municipio y es una de las más apetecidas por los urbanizadores. “El negocio de los funcionarios de la administración municipal de Chía en 2016 fue cobrar un monto de 5 millones de pesos por cada casa licenciada en la ZRG, sobrepasando abruptamente los índices de densidad” dice el constructor en la denuncia que ya está en manos de la Fiscalía.
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El caso específico de las Granjas se refiere a que, según el Plan de Ordenamiento del año 2000 –antiguo POT de Chía—y bajo el cual se hicieron solicitudes de licencias, el uso princpal del suelo permitido en la zona es Agropecuario, las urbanizaciones están prohibidas, y la densidad máxima debe ser de cuatro viviendas por hectárea. Sin embargo la Alcaldía ha entregado al menos nueve licencias de parcelación y construcción en la zona rural, en las que es posible construir hasta 96 viviendas en un lugar en que solo se permitirían 18. “Eso, sin duda es evidencia de que se están violando los índices de densidad permitidos. Y, según las denuncias, por eso es que se estaría cobrando”, dice Carlos Fernando Galán.
El alcalde Donoso, elegido por el Partido Verde con el respaldo de la U y Cambio Radical, acude a varios argumentos en su defensa. El primero de ellos, recordar que él sancionó un nuevo POT a mediados de 2016 y que en el son aún más restrictivas las medidas para edificar el suelo rural de Chía al permitir máximo una casa por hectárea. A ese le suma uno técnico, con el cual insiste que el POT anterior y con el cual se expidieron las licencias, tiene una ambigüedad jurídica.
Por un lado, según él, permite una densidad máxima de 4 casas en Las Granjas pero, por otro, que los predios inferiores a una hectárea se agrupen en conjuntos rurales en los que puede haber más viviendas. “En ese POT había una inconsistencia”, le dijo el alcalde a SEMANA. El funcionario agrega que ante esa eventual ambigüedad, Dirección de Planeación de Chía tenía la potestad de tomar decisiones sobre el número de casas a construir en cada predio.
Por último, el alcalde asegura que en algunos casos no ha expedido licencias nuevas sino que ha modificado licencias anteriores. Esto, en plata blanca, quiere decir que consideró esos documentos vigentes y que no les vio irregularidades, en términos de la densidad aprobada, antes de modificarlas.
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Según los documentos que presentó Galán, nueve licencias que revisó presuntamente superan las cifras de densidad permitidas y fueron expedidas en 2016 para hacer viviendas en condominio. Todas ellas estarían ubicadas en la Zona de las Granjas, hoy de uso rural semi-intensivo.
El senador insiste en que los argumentos de Donoso buscan distraer decisiones que se tomaron en contra de la norma. Asegura que, contrario a lo que plantea el mandatario, que el POT anterior era explícito en permitir máximo 4 casas en la zona en cuestión. Además, que la posibilidad que ofrecía de agrupar predios menores a una hectárea en conjuntos rurales no exime la obligación de cumplir con la norma de la densidad.
El senador tiene programado para el próximo semestre otro debate con denuncias sobre corrupción de alcaldes, ligadas a cambios en los usos del suelo. Se concentrará nuevamente en los de la Sabana, en donde él ha señalado la existencia de un ‘cartel del volteo de tierras’. Mientras tanto la oficina anticorrupción de la Fiscalía, hasta hace poco ocupada por Gustavo Moreno, hoy detenido por el ‘Cartel de la Toga’, tiene en sus manos investigar si hay alcaldes cobrando a cambio de permitir que se siga urbanizando el área rural de una de las zonas más cotizadas del país.
