Las dudas que dejan los millonarios contratos para la construcción del CAM e instituciones educativas en Chía
Se trata de los colegios Josemaría Escrivá de Balaguer, José Joaquín Casas y Santa maría del Río, Además del Centro Administrativo Municipal (CAM).
A principios de septiembre se aprobó en el Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, un empréstito por 50.000 millones pesos, para la terminación de las obras correspondientes al Centro Administrativo Municipal (CAM), y a los colegios Josemaría Escrivá de Balaguer, José Joaquín Casas y Santa María del Río.
Se trata de cuatro obras que suman casi 180.000 millones de pesos, pero que según se denunció en el Concejo de este municipio, no serán terminadas en su totalidad, ni se entregarán con dotación alguna para su correcto funcionamiento.
Más allá de la aprobación de este empréstito, que obtuvo 10 votos a favor y 4 en contra, en la sesión plenaria del Concejo, el cabildante de la Alianza Verde, Batman Camargo, planteó sobre la mesa las serias dudas que dejan estos millonarios contratos, en especial por las empresas que conforman los consorcios constructores.
De acuerdo con lo dicho por Batman, Green Building Consulting Group SAS es la empresa creada para hacer los estudios y diseños para el centro administrativo municipal de Chía, a la cual, en su momento, le pagaron cerca de 1.063 millones de pesos por dicho estudio; pero el concejal advierte que la empresa fue constituida para este proyecto y liquidada después de su pago. Lo que llama la atención, según Batman, es que previamente a este contrato, la constructora Amarilo, hizo la donación de los estudios y diseños del mismo centro administrativo municipal.
“Surge entonces la incógnita: ¿por qué motivo se destinó un recurso más para contratar unos estudios y diseños que ya existían y que además fueron donados?”, se preguntó Batman.
Por otro lado, Batman señala que la unión temporal Intercam, es la interventoría para la construcción del CAM, liderada por Fernando de la Pava Puerta y cuenta con la participación de la empresa Sitelsa S.A.S., que ha sido mencionado al hacer parte de los conglomerados empresariales que participarían en la obra de la construcción del cable aéreo por el cual el ex gobernador de Santander, Richard Aguilar, fue detenido.
Así mismo, de acuerdo con el concejal de la Alianza Verde, el consorcio Construcam, que ejecuta la construcción del Centro Administrativo Municipal de Chía, tiene como consorciado a Juan Ramón Hernández González, ciudadano español, identificado con cédula de extranjería 4089987, quien, según publicaciones de la misma Fiscalía General de la Nación, fue capturado en Ibagué por estar vinculado al desfalco de los juegos nacionales y, aún así, según Batman, sigue figurando como parte de este consorcio.
Por otra parte, el concejal Batman Camargo, afirmó que para la construcción de la institución Josemaría Escrivá de Balaguer, se creó el consorcio que lleva el mismo nombre, el cual tampoco se salvaría de los cuestionamientos.
El cabildante comentó que durante su intervención, que este consorcio cuenta con la participación de la empresa Omicron del Llano S.A.S., la cual, según él, ha sido señalada por corrupción frente a los contratos del posconflicto, por incumplir con sus obligaciones en procesos de explotación minera y por dejar obras inconclusas.
De la misma forma, el consorcio, de acuerdo con el concejal de Chía, participa la empresa Luis Fernando Romero Ingeniero S.A.S. quien tiene un proceso singular de mayor cuantía, donde la señora Zulma Carolina González Barón, representante legal suplente de dicha empresa, demandó por casi mil millones de pesos al señor Luis Fernando Romero, fundador y representante legal de la misma, poniendo en riesgo la estabilidad económica de la compañía y por ende, la capacidad de responder ante cualquier reclamo contractual.
Por último, el concejal Batman también planteó algunas dudas sobre el consorcio Educativo de Cundinamarca, el cual fue contratado para la ejecución de las obras de los colegios José Joaquín Casas y Santa María del Río.
Este consorcio, explicó Batman, está representado por Galo Mauricio Lafaurie Chadid, y lo acompañan otras empresas, entre las que se encuentran Betcon Ingeniería S.A.S., Intec de la Costa y la señora Tatiana Lascarro Torres. “Esta última fue una de las personas que en medio del escándalo con el contrato de MinTIC para Centros Poblados, amaneció muerta en extrañas circunstancias en su apartamento”, dijo el concejal.
Batman recordó que Intec de la Costa S.A.S. es una empresa que tiene una inhabilidad contractual por parte de la Procuraduría desde el año 2021 y en el mes de agosto del 2022 se ordenó la liquidación de esta empresa por parte de un juez, al estar vinculada a este escándalo de Centros Poblados.
Después de la sanción contra Intec de la Costa S.A.S. y la muerte de Lascarro, el alcalde Luis Carlos Segura, según lo denunció el concejal Batman, aprobó una sesión de derechos económicos de la difunta y los consorciados, sin documento que acredite autorización de los herederos.
Pero a pesar de estos hechos revelados por el concejal Camargo, diez concejales del municipio de Chía aprobaron el empréstito por 50.000 millones de pesos, para adicionar recursos a estos consorcios.
“Lo más preocupante de todo este asunto, es que la administración municipal no ha abierto ninguna investigación, ni ha realizado actividad alguna contra estos consorcios o sus asociados, haciendo que hoy en día siga teniendo participación en estos contratos una persona fallecida, una empresa sancionada, inhabilitada y liquidada, un ciudadano español que no se sabe si se encuentra detenido, prófugo o sin identificación y varias empresas de dudosa reputación, lo que deja en entredicho las contrataciones para estas obras, poniendo en riesgo las finanzas del municipio de Chía”, puntualizó el concejal.
