La troncal de los Andes sigue siendo la vía de los conflictos. Después de las denuncias presentadas por Andrés Idárraga, el pasado 26 de agosto en rueda de prensa, llegan las reacciones.
Imagen de 2022. Territorio donde se planteó construir la troncal de los Andes. A la izquierda, el humedal que tiene suspendida la carretera..
A la derecha, los terrenos frente a la anunciada troncal y en el centro, el jarillon construido por la CAR sin que se conozca con que fin.
Aquí el comunicado textual y completo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en respuesta a lo denunciado en la rueda de prensa por Andrés Idárraga.
En atención a las afirmaciones realizadas por el secretario de Transparencia durante la rueda de prensa del 27 de agosto de 2025, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), considera necesario aclarar ciertos puntos que, por su naturaleza, no reflejan con precisión la realidad de los hechos ni el marco normativo vigente. Con respeto institucional, pero con el compromiso de garantizar la veracidad y transparencia en la información pública, presentamos las siguientes precisiones.
La Secretaría de Transparencia manifestó que existe una posible ilegalidad en el proyecto de Concesión de Iniciativa Privada Accesos Norte, pues se recibieron bienes inmuebles del municipio de Chía para la ejecución de la Unidad Funcional 3 y este proyecto «no podía tener ningún tipo de recursos públicos, ni en dinero ni en bienes, para su construcción».
Al respecto, se precisa que no existe ninguna ilegalidad en la entrega de bienes inmuebles por parte de las entidades territoriales para la ejecución de proyectos de infraestructura del transporte, pues los predios no se consideran como un desembolso de recursos públicos.
En ese sentido, los bienes inmuebles no son erogaciones del Tesoro, ni recursos del presupuesto del municipio de Chía y, en consecuencia, no se considera desembolso de recursos públicos para los proyectos de infraestructura. Por tanto, la cesión de predios del municipio de Chía no desnaturaliza la esencia de la Iniciativa Privada.
Este mecanismo jurídico ha sido aplicado en otros proyectos de infraestructura nacional y permite la optimización de recursos públicos, al facilitar la ejecución de obras de gran impacto sin recurrir a nuevos gastos en adquisición predial por parte del Estado, siempre que medie voluntad y autorización del ente territorial propietario del bien.
Por otra parte, la Secretaría de Transparencia manifestó que el proyecto de APP se estructuró sin tener en cuenta estudios técnicos. Esta afirmación no es cierta. En su etapa precontractual, la Iniciativa Privada surtió las etapas de prefactibilidad y factibilidad en las que se realizó un estudio integral del alcance de las intervenciones y del modelo financiero. Producto de este análisis, el contrato de concesión contempló dos opciones a elección de la ANI para la Unidad Funcional 3: la Conectante Hatogrande con alcance de construcción doble calzada o la Variante Chía con intervenciones de operación y mantenimiento.
Tras un análisis comparativo entre las opciones, la ANI determinó, mediante estudios técnicos y la validación de la Interventoría, que la Variante de Chía ofrece mejores condiciones de movilidad, funcionalidad vial y eficiencia del Capex disponible.
Además, para mejorar el alcance inicialmente previsto, se suscribió el Convenio Interadministrativo N.º 019 de 2017 entre la ANI y el Municipio de Chía, mediante el cual la Alcaldía se comprometió a entregar a título gratuito el 90% los predios necesarios para la ejecución de Variante Chía. Al reducirse el valor de la adquisición predial, los recursos inicialmente previstos para esta gestión se distribuyeron al interior del CAPEX de la Unidad Funcional 3, con el fin de ejecutar una obra de mayor envergadura, correspondiente a la construcción de una doble calzada de 3.4 km, dos puentes vehiculares sobre el río Bogotá y la intersección El Humero.
En otro aparte de la rueda de prensa se afirmó que «Desde abril de 2016 se daba por hecho la selección de la variante de Chía como alternativa de la UF3». Esta afirmación también es equivocada. El Contrato de Concesión del proyecto Accenorte se suscribió el 10 de enero de 2017 y contemplaba dos opciones para la Unidad Funcional 3 a elección de la ANI. Solo hasta el 13 de mayo de 2019, mediante la suscripción del otrosí N.º 1, la ANI definió contractualmente que la mejor opción desde el punto de vista técnico y financiero era la Variante Chía.
Respecto de la afirmación de que se entregaron bienes que está «usufructuando» un privado, se aclaran dos aspectos: i) los bienes no serán destinados a actividades de explotación económica del Concesionario, sino a la construcción de infraestructura de transporte, cuyos únicos beneficiarios son los ciudadanos; ii) la Variante Chía no ha podido ser construida y entregada, motivo por el cual, el Concesionario no ha percibido la retribución correspondiente a la Unidad Funcional 3.
Secretaría de Transparencia responde a declaraciones de la ANI
sobre posibles irregularidades en el proyecto Accenorte
Ante el anterior comunicado, la Secretaría de Transparencia redobló la presión sobre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al confirmar mediante un nuevo pronunciamiento que mantiene sus denuncias de presuntas irregularidades en la entrega gratuita de terrenos públicos en Chía. Que estos predios son para el proyecto vial Accenorte, una iniciativa privada. La Secretaría reveló que la ANI guardó silencio ante sus hallazgos durante meses. Además, cuestiona por qué la ANI demandó al municipio por $12 mil millones. Y argumenta que el predio cedido es parte de un “negocio que genera utilidad al particular”. El comunicado incluye análisis técnico y jurídico que refutan las aclaraciones de la ANI. La controversia pone en duda la legalidad del contrato de concesión. El objetivo es que las autoridades evalúen la cesión de bienes.
Aquí, la respuesta textual y completa de la Secretaría de Transparencia a la ANI. Para los más interesados, dejamos al final el enlace del informe de 28 páginas que el secretario le envía al Presidente de la República, explicando los pormenores de las tierras de Chía entregadas, según sostiene el secretario, de manera ilegal al proyecto troncal de los Andes.
Bogotá, 01 de septiembre de 2025 (@STransparencia)
• La Secretaría de Transparencia reitera que existen posibles irregularidades en la entrega gratuita de bienes públicos del municipio de Chía para la construcción de la Variante Accenorte, Unidad Funcional 3 (UF3).
• Sostiene que dio a conocer, con meses de antelación a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los hallazgos detectados con el propósito de conocer su postura jurídica y técnica, ante lo cual la Agencia guardó silencio administrativo y técnico.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República se permite informar a la opinión pública que, frente a las precisiones hechas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), mantiene y respalda con documentos y análisis jurídicos sus conclusiones preliminares sobre el proyecto Accenorte.
Vale la pena mencionar que al presidente de la agencia y su equipo jurídico fueron expuestas las alertas el pasado 26 de mayo. Las mismas que posteriormente esta Secretaría remitió a través de comunicación oficial el pasado 30 de julio, sustentando los hallazgos preliminares relacionados con el caso y solicitó información adicional, obteniendo pronunciamiento por la ANI, apenas 24 horas antes de la rueda de prensa anunciada por esta Secretaría. Por lo cual precisa:
1. Sobre los recursos públicos y la cesión de predios, no se afirmó que la entrega de inmuebles fuera ilegal en sí misma. Lo que se cuestiona es que, en el caso de Chía, los bienes cedidos eran de uso público, con destinación exclusiva a vías locales, según el POT y se entregaron gratuitamente para una obra regional y nacional. Además, nunca fueron valorados a precios de mercado ni incluidos en la estructuración financiera del proyecto, como lo ordenan las mismas normas que citó la ANI en sus precisiones, pero de manera parcial y sesgada. Este manejo desnaturaliza la iniciativa privada y podría viciar la legalidad del proyecto.
2. Sobre la planeación y los estudios técnicos los propios estudios de conveniencia y oportunidad del citado Convenio 019 de 2017 con el que se entregaron los predios, señalan que los diseños definitivos se realizaron en fase de preconstrucción por el concesionario. Por lo que en etapa de factibilidad no había estructuración financiera real de la UF3 con los predios de Chía, ni estudios técnicos completos. En efecto, la Gobernación de Cundinamarca anunció el 11 de abril de 2016 que la obra se haría por Chía y que en menos de un mes estaría lista la estructuración financiera, pero la aprobación del proyecto de la APP-IP ocurrió apenas 7 días después del anuncio. Es decir, la APP-IP no contaba con presupuesto, estudios, ni diseños definitivos, lo que evidencia deficiencias en la planeación.
3. Sobre la selección de la Variante Chía como alternativa para la UF3, la ANI afirma que solo hasta mayo de 2019, mediante un otrosí, se definió que la mejor opción era la Variante Chía; no obstante, la cronología demuestra lo contrario. El convenio con el municipio para ceder los predios se firmó en noviembre de 2017; la interventoría avaló la alternativa en junio de 2018, y la obra se inició en marzo de 2019. Es decir, la construcción comenzó antes de la firma del otrosí de mayo de 2019, lo que, entre otras, constituye una posible violación al principio de planeación en la contratación pública y deja en evidencia la falta de veracidad o desconocimiento de la ANI.
4. Sobre el Convenio 019 de 2017 y la entrega gratuita de predios ANI argumenta que “el convenio permitió mejorar el alcance de la obra, pues al reducirse el costo de adquisición de predios se construyó una doble calzada y puentes adicionales”, cuando lo que en realidad ocurrió fue una redistribución de recursos para cubrir mayores cantidades de obra no previstas ni planificadas, desconociendo lo establecido en el contrato de concesión sobre el manejo de remanentes. Además, el convenio se firmó sin que existiera validación técnica de la interventoría sobre los diseños de detalle.
5. Sobre la supuesta inexistencia de usufructo de bienes públicos, la ANI expuso ante el Congreso en 2024, que el peaje de Los Andes ya había recaudado más de $887 mil millones de pesos, siendo necesario que aclare al país: ¿si los rendimientos de esas sumas no están siendo percibidas por el concesionario, a qué se están destinando?, pues más allá del beneficio que reporte la vía a la comunidad, la construcción de infraestructura de transporte, es en sí, el negocio que genera utilidad al particular.
Adicionalmente, la ANI debe explicar por qué extendió el plazo de la concesión y demandó al municipio de Chía por $12 mil millones, cuando, según el contrato de concesión, la gestión predial estaba a cargo del concesionario.
Como parte de este pronunciamiento, la Secretaría de Transparencia presenta anexo un documento técnico en el que se sintetizan los hallazgos, la cronología de los hechos y los fundamentos jurídicos que respaldan cada conclusión. Este informe busca ofrecer a la ciudadanía, a la prensa y a los órganos de control, una visión práctica y comprensible de los avances en el análisis del caso Accenorte.
La Secretaría de Transparencia reitera que su deber es proteger los bienes públicos y garantizar los derechos. Los hallazgos evidencian que la entrega gratuita de predios de uso público en Chía, para el proyecto Accenorte, plantea serias dudas jurídicas y técnicas que deberán ser valoradas por las autoridades competentes.
Finalmente, insiste en que los resultados de los análisis efectuados tienen por objeto que los actores de toma de decisión sobre esta concesión, puedan anticiparse a tomar medidas judiciales, administrativas o una postura conjunta relacionada con la legalidad del contrato de concesión y de las cesiones prediales efectuadas sobre bienes que no gozaban de la naturaleza jurídica para ser entregados a dicho proyecto.
Se tiene conocimiento de que el Municipio alcanzo a comprar. Predios para entregarselos a la ANI cuando cambio el Gobierno Segura no continuo con ese despropósito; todos los bienes de el Municipio son Recursos Públicos o ¿Como los definirían?
Excelentes articulos
Es importante saber pq no se ha difundido con mayor alcance este medio informativo