Medida de aseguramiento para exalcalde de Chía por delitos de corrupción
¿Agilidad administrativa o interés corruptor bajo la manga?
El acuerdo del empréstito para la adquisición de la nueva PTAR presentó en la época una eficacia un poco sospechosa ya fue sancionado por el entonces alcalde Varela el 28 de abril de 2015 y tras cortos 5 meses, más exactamente el 28 de septiembre, se firma un leasing financiero con Bancolombia. Los eficaces funcionarios, ya casi “ad portas” de concluir su periodo administrativo, el 18 de noviembre, suscriben el contrato de aprovisionamiento 2015-CT-381, con la firma “Ghes Global Environment and Healt Solutions de Colombia” y el 10 de diciembre, hacen un desembolso por $17.857.615.335, quedando pendiente otro por tan solo $1.142.384.665 pesos. Justo a tiempo para entregar la olla raspada al Alcalde entrante.
El proyecto estuvo respaldado y asesorado por varios de los secretarios de gabinete entre ellos, el Secretario General, Luis Alejandro Prieto González; el Secretario de Hacienda, Luis Hernán Vargas Forero; la Secretaria Jurídica, Luz Aurora Espinoza Tobar; la directora del IDUVI, Luz Nancy Reyes Pulido y diez concejales que con su voto permitieron la aprobación de dicho empréstito sin que se hubieran realizado los estudios que por ley no se debieron saltar
Al día hoy, queda claro que el contrato solamente endeudó al municipio con un millonario empréstito vía leasing para la compra, funcionamiento y operación de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales, con la que se pretendía mejorar las instalaciones físicas y el servicio de la actual PTAR 1 .
Lo triste es 3 años después, la Contraloría departamental encontró que los elementos y maquinaria de dicha la PTAR están almacenados en una bodega en la localidad de Fontibón y que mensualmente se paga de arriendo por el sitio cerca de 50 millones de pesos.
Mañana miércoles se cumplirá una la audiencia verbal de control fiscal en las instalaciones de la Contraloría de Cundinamarca, en donde están citados los ex empleados del Municipio y representantes del banco por haber facilitado el leasing sin el cumplimiento de los requisitos. La pregunta que se hacen algunos funcionarios de la Contraloría es si podrán contar con la presencia física de los implicados ante la medida de aseguramiento que le impusieron las autoridades judiciales, pues al momento de redactar esta nota no sabe si han sido capturados y que tipo de medida, mural o extramural, les será impuesta.
