POT de municipio de Chía entra en suspensión provisional preventiva
Un juez de Zipaquirá concedió medidas cautelares al Plan de Ordenamiento. Alcalde se pronuncia.
Chía es uno de los municipios cuestionados por su ordenamiento territorial. Foto: Cortesía Alcaldía de Chía
Así lo anunció esta mañana el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, después de que el juzgado le notificara la decisión tomada a raiz de una demanda de nulidad al acuerdo interpuesta por un grupo de ciudadanos. Así, queda temporalmente sin efecto el POT de 2016 y el territorio se rige, desde ahora, por lo determinado en el acuerdo 17 del año 2000.
«Es un retroceso muy grande para Chía. Volvemos más de 20 años atrás en el desarrollo del territorio», aseguró Donoso este martes después de conocer la decisión.
Aseguró que las consecuencias serían de orden fiscal, legal y ambiental. «Pero confieso que me preocupa especialmente el tema ambiental», manifestó a EL TIEMPO.
De acuerdo a explicaciones del mandatario, con esta decisión quedarían desprotegidos los cerros orientales y nororientales (donde está ubicada, por ejemplo, Yerbabuena) al permitir que las grandes urbanizaciones vuelvan a aparecer sobre ellos. Afirmó que, a partir de ahora, el territorio «no tendría un POT acorde al Pomca y a la sentencia del río Bogotá».
En términos de infraestructura y urbanización, Donoso aseguró que hay riesgo de que: se supere el límite de los seis piso construidos (que se había reglamentado, según él, en el POT de 2016) y que se puedan hacer desarrollos urbanísticos sin entregar requerimientos que den respuesta a los impactos de movilidad y servicios públicos creados después de la obra. Afirmó, entre otros ítems, que se «dispararía la construcción en suelos rurales de protección».
Sin embargo, desde la otra orilla, veedores ciudadanos aseguran que el panorama no es que el indica el mandatario.
Lo que dicen los demandantes
La demanda que se llevó al Juzgado Primero de Zipaquirá a finales del año pasado está encabezada por José Antonio Pardo, candidato por firmas a la alcaldía de Chía, y unos 20 ciudadanos que veían varias falencias al POT de 2016.
Luis Alberto Correa, uno de los veedores que estuvo al tanto del proceso, asegura que la demanda demuestra, en más de 30 puntos, varias irregularidades en términos, precisamente, ambientales.
«En el POT del 2000 se había permitido que se construyera más de lo que la ley permite en predios agro ecológicos. Quedamos aterrados al ver que, cuando se firmó el de 2016, esta norma aplicaba a más de 300 hectáreas del sector rural«, explicó Correa a EL TIEMPO. En un documento enviado al juzgado de Zipaquirá, Correa advirtió que «Cualquiera que sea el motivo, queda demostrado que los suelos agro ecológicos tipo I, II, y III, de Chía, corren graves riesgos y serán pavimentados y enterrados en muy corto tiempo». Aunque Correa admite que el lío ambiental viene desde el POT del 2000, insiste en que se agrava con los dispuesto por el de 2016.
Sin embargo, el riesgo en que se ponía la estructura ecológica del municipio (representado en estos suelos) era solo uno de los puntos de la demanda. De acuerdo a Correa, también se evidenciaba en el POT 2016 una ausencia de plan de manejo y mitigación al creciente problema de urbanización en el municipio.
Por eso, al conocer la suspensión provisional, aseguró que esto era un avance importante: «es casi que ganarle la batalla al grupo de grandes urbanizadores que se están tomando la Sabana».
Frente a los señalamiento de Donoso, replicó: «decir que se atrasa el desarrollo del municipio es una desfachatez. El POT 2016 era un auténtico ‘ecocidio'».
Por ahora, el mandatario municipal aseguró que acudirá al recurso de segunda instancia frente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para tratar de levantar la suspensión preventiva.
Noticia en desarrollo…
Chía es un caos en el tráfico, y ya esta vendida a los constructores por los políticos de turno..