El pasado 24 de agosto se venció el plazo para estudiar, evaluar y llevar a los entes de control, el caso de la millonaria inversión sin resultados aun sobre  la Ptar 1 de Chía y las actuaciones del exalcalde Guillermo Varela Romero al respecto. Esta adquisición ha traído graves problemas ambientales a la comunidad.

El vencimiento fue determinado por la denominada Comisión Accidental integrada por los concejales: Ángel Ernesto Bueno; Gina Lorena Herrera; Cesar Camilo Hernández; Julio Enrique Bajonero y Meyer Díaz,  designada por el Concejo Municipal de Chía. En entrevista, la concejal Angélica Montañez dio a conocer el informe final luego de tres meses de estudio, donde no se dice nada contundente. Es un caso de derroche, corrupción e ineficiencia dejando a Chía con una deuda de diecinueve mil millones de pesos.

Este caso se trata de la escandalosa operación que realizó el exalcalde del municipio de Chía, Guillermo Varela Romero, endeudándolo con un empréstito vía leasing para la compra, funcionamiento y operación de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales, con la que se pretendía mejorar las instalaciones físicas y el servicio de la actual Ptar 1 . El proyecto estuvo respaldado y asesorado por varios de sus secretarios de gabinete entre los que se destacan, su Secretario General, Luis Alejandro Prieto González; su Secretario de Hacienda, Luis Hernán Vargas Forero; su Secretaria Jurídica, Luz Aurora Espinoza Tobar, su directora del IDUVI, Luz Nancy Reyes Pulido y del Concejo Municipal  los diez ediles que con su voto permitieron la aprobación de dicho empréstito sin que se hubieran realizado los estudios necesarios que les competía hacer.

El proceso de la “inversión”

El empréstito es aprobado en el concejo el 21 de abril de 2015, por el voto positivo de los concejales: Ángel Ernesto Bueno Arévalo; Gina Lorena Herrera Parra; César Camilo Hernández Gómez, Jorge Enrique Ramírez, Luz Alejandra Rodríguez Prieto, Rubén Darío Gómez; Francy Hernán Muñoz; Luis Alejandro Pineda; Jesús Alberto Rueda y Jorge Hernán Salazar, lo cual hace evidente que el fallo de dicha comisión no tiene validez ya que 3 de sus 5 están impedidos por haber aprobado en su gestión anterior el proyecto objeto de la investigación.

El acuerdo del empréstito para la adquisición de la nueva Ptar es sancionado por Varela el 28 de abril de 2015; el 28 de septiembre se firma el leasing financiero con Bancolombia; el 18 de noviembre se suscribe el contrato de aprovisionamiento 2015-CT-381, con la firma “Ghes Global Environment and Healt Solutions de Colombia” y el 10 de diciembre, se hace un desembolso por $17.857.615.335, quedando pendiente un desembolso de $1.142.384.665 pesos.

Luego de dieciséis meses después de aprobada la millonaria inversión, de tres acciones judiciales  y haberse iniciado procesos en entidades como la CAR, hablado con ministros de ambiente, alcaldes y funcionarios de entidades de control y justicia la planta aún no existe y  mientras tanto, nativos y visitantes continúan padeciendo a diario de sus enfermizos y fétidos olores.

Lo más grave es que los habitantes de Chía tendrán que soportar esos malos olores y seguir pagando altos intereses durante 4 o 5 años, pues según los estudios es el tiempo que tardará la instalación y puesta en marcha de la Ptar 1.