Este miércoles se le entregó a la Registraduria 11.000 firmas que respaldan la iniciativa ciudadana de revocatoria de mandato del alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz. Aquí, la cuarta de las seis ponencias que explican el porqué de esta decisión de la comunidad.
En estas ultimas ponencias veremos la gestión de un alcalde
cada vez más desdibujado y cuestionado por su propia comunidad.
Un documento presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de una audiencia de pacto de cumplimiento, ha destapado una serie de graves denuncias que señalan una alarmante cadena de incongruencias y presuntas irregularidades en la administración municipal de Chía, liderada por el alcalde Leonardo Donoso Ruiz.
El informe, abarca desde la contratación pública hasta la gestión ambiental y urbana, expone un patrón de decisiones que, según los denunciantes, contradicen la legalidad, la transparencia y el bienestar ciudadano.
A continuación, una síntesis de los aspectos más relevantes y las incongruencias administrativas señaladas:
1. Contrato de Alumbrado Público: Un negocio cuestionado y una destitución ignorada
Se denuncia
El Contrato de Concesión No. 635 de 2018, a 30 años por $14.766 millones con Iluminaciones de la Sabana SAS, es calificado como el “negocio”, por el cual el alcalde, Leonardo Donoso, fue destituido e inhabilitado por 9 años en segunda instancia por la Procuraduría. Se acusa a la empresa de ser de “Iván Acuña y Mario Castaño”, personaje este último a quien se señala ser el jefe del resonado caso de ‘Las Marionetas`, y de violar la contratación pública.
La empresa Iluminaciones Especializadas del Norte S.A. (parte de la concesionaria) acreditó experiencia de contratos de 2000 y 2001, cuando fue constituida en 2003, lo que indica un “pliego de licitación acomodado” y una experiencia “adquirida antes de la existencia de esta sociedad”.
Incongruencia administrativa
La principal incongruencia es que el alcalde, a pesar de la sanción disciplinaria por este mismo contrato, “sigue impunemente burlando la ley, ejerciendo como alcalde y nombrando al también sancionado Wilmar Torres, secretario de Obras Públicas y posteriormente asesor del despacho.”
Esto sugiere un desprecio por las decisiones de los entes de control y una continuidad de prácticas cuestionadas. El hecho de que la experiencia de un contratista fuera validada retroactivamente a su constitución, pone en entredicho la rigurosidad y la objetividad de la administración en el proceso de selección.
2. Calidad del agua. Turbiedad, emergencias sanitarias y ocultamiento de información
Se denuncia
Se reportan múltiples situaciones de “agua impotable”, llegando “amarilla y turbia” a los hogares, incluso a finales de 2023. En septiembre de 2024, el Conjunto Los Pinos (586 familias, más de 1500 personas) sufrió una “emergencia sanitaria y de salud pública”, por falta de agua potable. Se critica que Emserchía suministre el líquido en estas condiciones, ya que el “servicio público esencial, es pagado por los ciudadanos”.
Un memorando interno de la EAAB (julio de 2024) revela que Emserchía debe proporcionar información sobre las “pilas concertadas con la autoridad sanitaria”, “condiciones de operación de las plantas de tratamiento” y “monitoreos de calidad de agua” para explicar la situación.
Incongruencia Administrativa:
La administración, a través del alcalde, asegura que “la responsabilidad de que el agua no esté llegando en las condiciones adecuadas es de la Empresa de Acueducto de Bogotá”.
Sin embargo, el documento muestra que la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Chía (Emserchía), es la prestadora del servicio y que la EAAB está solicitando información a Emserchía para poder emitir conceptos técnicos.
Esto evidencia una falta de asunción de responsabilidad por parte de la administración local y un intento de trasladar la culpa, mientras la comunidad sufre las consecuencias de un servicio deficiente.
La «inasistencia» del Municipio de Chía a una audiencia judicial sobre la calidad del agua en febrero de 2024, con llamado de atención del despacho, agrava esta percepción de falta de compromiso.
3. Cultura y espacios públicos. Hacinamiento y falta de contratación
Se denuncia:
Se denuncia el hacinamiento en el coliseo. Hay varias disciplinas en precarias condiciones: Para la antigua pista de patinaje no se han contratado este año profesores suficientes, “sin descentralización hacia las veredas” y “feudos en los grupos representativos para beneficios de particulares”.
Incongruencia Administrativa:
La administración no está garantizando espacios dignos ni la continuidad de los programas culturales, a pesar de que la cultura debería ser un pilar del desarrollo municipal. La falta de contratación de profesores y la centralización de actividades contradicen una gestión que busca el bienestar y la participación comunitaria.
4. Seguridad y convivencia: promesas incumplidas y “para militarización”
Se denuncia:
Se critica que la administración “incentiva las riñas” al permitir el funcionamiento de establecimientos en las veredas que no respetan “el uso del suelo y venden licor hasta altas horas de la noche, afectando a los vecinos”.
Se menciona un “nuevo modelo de seguridad y de convivencia basado en el diálogo directo con la ciudadanía” de la Policía que “no se cumple”. Además, se denuncia la “paramilitarización del municipio con FENIX”, refiriéndose a un contrato de prestación de servicios con Seguridad Fenix de Colombia Ltda. por 6.493.000 millones de pesos.
Incongruencia Administrativa: La administración permite situaciones que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana, contradiciendo sus propias promesas de un “nuevo modelo de seguridad”. La contratación de una empresa de seguridad privada por una suma millonaria, en lugar de fortalecer la seguridad pública o comunitaria, plantea dudas sobre las prioridades y la efectividad de las estrategias de seguridad.
5. Ecocidios y volteo de tierras: Destrucción ambiental y negocios inmobiliarios
Se denuncia:
Se acusa al alcalde de “pretender ampliar la vía para presuntamente valorar tierras de su propiedad afectando los dos cuerpos de agua (Chucua de Fagua y Quebrada Tiquiza)”. Se le señala de haber “autorizado el relleno de la Chucua a Constructora Capital en 2017”, de pretender la “destrucción del Humedal de Los Andes desde 2017”, de haber “subdividido la Hacienda Samaria, dando lugar al peor ecocidio presenciado en Chía (Amarilo desapareció un humedal completo)”.
Además, se le acusa de entregar “licencia de construcción” a Marcos Barón para deforestar y hacer una vivienda privada en Yerbabuena, que “desaparece el suelo rural y con este la soberanía alimentaria” y se “taponaron kilómetros de vallados”. También se menciona el caso de “Encenillos de Sindamanoy” (tala de más de 100 árboles en zona de protección y cerramiento sobre nacimiento de agua) y el “Lote VILLA FONTANA” donde se pretendió urbanizar un lote comprado a precio rural.
Incongruencia Administrativa: La administración, que debería ser garante del medioambiente y la planificación territorial, es acusada de promover o permitir acciones que resultan en “ecocidio” y la destrucción del suelo rural, presuntamente para favorecer intereses inmobiliarios particulares, incluso aquellos vinculados al alcalde.
Esto contradice flagrantemente las políticas de protección ambiental y el ordenamiento territorial. Las denuncias de Galán en 2017 sobre el “negocio de los funcionarios de la administración municipal de Chía en 2016” de cobrar cinco millones por cada casa licenciada en la ZRG, o zona rural de granjas, sobre pasando los índices de densidad, refuerza la percepción de corrupción en el urbanismo.
6. Peajes y cesiones de terrenos. Favorecimiento a concesionarios
Se denuncia:
Se acusa al alcalde de “ponernos a pagar peaje a 15 000 400 pesos” y de “regalar 104 000 metros cuadrados de cesiones Tipo A a la ANI para FAVORECER a ACCENORTE”. Se señala que, como alcalde, “no exigió la tarifa diferencial para el municipio obligándonos a pagar la totalidad del peaje por 4 km de recorrido” y que “facilita a la concesión no construir ciclovías. Todo porque según su funcionaria, Hilda Alfonso, manifesto que esos desarrollos se iban a hacer con los planes parciales del nuevo POT”. Se menciona un “Acta de reconocimiento de afectación de ingresos al Concesionario” por el recaudo no cobrado en peajes entre marzo y mayo de 2020.
Incongruencia Administrativa: La administración, que debería defender los intereses de los ciudadanos, es acusada de favorecer a concesionarios privados, cediendo terrenos públicos de forma gratuita y no exigiendo tarifas diferenciales o infraestructuras prometidas (como las ciclovías), lo que representa un detrimento para el municipio y un beneficio desproporcionado para los privados.
7. Negocios en flotas de buses y taxis: Obstaculización del desarrollo férreo
Se denuncia:
Se sugiere que el alcalde, “desde la gobernación utilizó su cargo de Asesor grado 10 del gobernador para tomar decisiones sobre el destino de asuntos de Chía como el REGIOTRAM del norte”, y que como gerente de la empresa Férrea Regional, tuvo a su cargo una consultoría de más de $12 mil millones que “a la postre no sirvió para que la obra comenzara”. Se acusa que esto mantuvo “intactos los negocios que presuntamente tendría en flotas de buses intermunicipales, impidiendo el desarrollo férreo de la sabana”.
Incongruencia Administrativa: Se denuncia un conflicto de intereses y una inacción deliberada para no desarrollar el transporte férreo, lo que supuestamente beneficiaría negocios privados del alcalde en flotas de buses, a costa del desarrollo y la movilidad sostenible del municipio.
8. Venta de colegios y amenazas a instituciones educativas
Se denuncia:
El colegio Santander, con un área de 2.054 m² y capacidad para 330 alumnos, fue “puesto a la venta por un valor cercano a los $4.900 millones” y subastado públicamente a un único oferente. Se denuncia que el traslado de sus alumnos se haría a instituciones como José Joaquín Casas y Diosa Chía, y que la nueva sede del Santander y Josemaría Escrivá de Balaguer (también en venta) quedarían en sectores específicos.
Se acusa que los colegios Santa María del lago, San José María Escrivá de Balaguer y José Joaquín Casas “siguen pudriéndose”, y que los millones entregados a contratistas como Inter de la Costa (propiedad del condenado Emilio Tapias) y a una firma inhabilitada por el escándalo de los juegos nacionales, dejaron las obras abandonadas. Además, se denuncia el cierre del colegio privado Jorbalán y la amenaza de “expropiar por otro negociado con constructores” el colegio María Auxiliadora, patrimonio histórico.
Incongruencia Administrativa: La administración está vendiendo bienes educativos públicos y, presuntamente, favoreciendo contratistas cuestionados, lo que compromete el futuro de la educación y el patrimonio municipal.
Las amenazas a colegios privados y la falta de avance en la infraestructura educativa pública, a pesar de las inversiones, muestran una gestión que no prioriza el derecho a la educación.
9. Malos olores y las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
Se denuncia:
Se señala el incumplimiento de una sentencia de Acción Popular sobre la PTAR I, la persistencia de “olores ofensivos” en varios puntos del municipio (ej. Carrera 9.ª), y los “sobrecostos de PTAR 2 (más de 60 000 millones de pesos)” que resultó en “otra PTAR inservible”. Se menciona el caso de 4 torres de apartamentos de 10 pisos (350 apartamentos) de uso institucional, colindantes con predios agropecuarios, a menos de 250 metros de PTAR1.
Incongruencia Administrativa: La administración no ha logrado solucionar el problema de los malos olores ni garantizar el funcionamiento adecuado de las PTAR, a pesar de las inversiones.
10. El CAM: Negocio al final del mandato y cuestionamientos financieros
Se denuncia:
La construcción del Centro Administrativo Municipal (CAM), comenzó con un costo inicial de $65.665 millones, hace 7 años. Es calificado como un “negocio al final del mandato” que. contó con un proceso de aprobación en tiempo récord y con diversos cuestionamientos”.
Se critica la falta de parqueaderos para funcionarios y visitantes, y que el proyecto “arrasó con la Casa de la Justicia, la dejó volando, porque su construcción no cuenta con una meta dentro del plan de desarrollo”.
Incongruencia Administrativa: La administración prioriza la construcción de una megaobra con un costo altísimo y un proceso acelerado, sin una planificación integral (falta de parqueaderos, no hay meta en el plan de desarrollo) y a costa de otros bienes públicos (Casa de la Justicia).
Esto sugiere una gestión enfocada en el gasto rápido y la construcción, sin una visión estratégica clara ni un análisis de las necesidades reales del municipio.
Conclusión
Chía desangrada y el llamado a la acción ciudadana
El informe concluye con una imagen desoladora de “Chía desangrada”, convertida en un “inquilinato hacinado”, con inseguridad, costo de vida impagable, suciedad, microtráfico, expendios de licor y deficiencias en colegios y servicios de salud.
Se lamenta la pérdida de la “cultura del municipio que daba paz a sus habitantes, aire puro, suelo y agua limpia en espacios seguros”. El documento finaliza con un llamado desesperado a la ciudadanía a “ayudarnos a destapar esta olla podrida y a tumbar esta mafia”, para que “el pueblo soberano recupera su dignidad”.
Las denuncias, respaldadas por documentos y referencias a procesos judiciales y disciplinarios, pintan un cuadro de profunda preocupación sobre la gestión del alcalde de Chía y la necesidad urgente de una intervención por parte de los entes de control para garantizar la legalidad, la transparencia y el bienestar de sus ciudadanos.
Aquí faltó la última hazaña de Donoso al imponernos fuera de vigencia y sin Base Catastral el pago del Impuesto Predial desproporcionado, inflado en Ilegal que afecta a los propietarios de la tercera edad este tramposo mentiroso “Amangualo” el IGAC la Secretaria de Hacienda, de Planeación y el Concejo Municipal para meternos la mano al bolsillo
Totalmente de acuerdo, no más abusos a la comunidad, fuera Donoso. Estamos cansados de sus mentiras y corrupción.
Constreñimiento a la ciudadanía que no acepta su pésima gestión como administrador del Municipio de Chia, perfilándonos a nivel de sicarios desde el 8 de junio pasado cuando pasó el acto de sicariato del Dr Uribe y la violacion de un derecho constitucional como es la participación ciudadana. La unica participación que acepta es la de los empleados de turno del municipio que se congracian con sus actos corruptos que hemos denunciado y que encontramos claramente apoyándole en la socialización que si debe hacerla por sus redes de comunicaciones desde la Alcaldía y Personeria de Chia.