Cundinamarqueses no aceptan la región metropolitana. Este sábado 14 de octubre marcharán desde Cajicá al peaje de los Andes.

Comienza a salir a flote la reacción ciudadana en torno a la Región Metropolitana

Ante la arbitrariedad de un cobro injusto y violatorio de la ley, contrario a los intereses de los ciudadanos, las Veedurías de Cundinamarca y diversas organizaciones civiles que representan a los habitantes del territorio bogotano y cundinamarqués. Presentaron denuncia penal en contra de Nicolás García Bustos, en calidad de Gobernador de Cundinamarca, y Claudia Nayibe López Hernández, en calidad de alcaldesa de la ciudad de Bogotá. Por los presuntos actos consagrados en el código penal, específicamente en el Artículo 413 relacionado con el Prevaricato por acción.

De acuerdo con las acusaciones, estos funcionarios habrían llevado a cabo un presunto cobro ilegal de sobretasa en los impuestos de vehículos por un valor que supera los $100.000 millones de pesos. Cobro que ha estado aplicando desde el 1 de enero del presente año en Bogotá y Cundinamarca, sin que se declarara el hecho metropolitano de movilidad, tal como lo exige la Ley Orgánica 2199 de 2022, sobre la cual se basa la asociación de los municipios afectados.

En los últimos días, distintos veedores y líderes comunitarios presentaron formalmente la denuncia penal en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Además de la denuncia penal, se anuncia la declaratoria de un Cabildo Abierto en contra de la Región Metropolitana, cuya creación se ha impuesto sin la debida participación ciudadana y en medio de la pandemia, en sesiones virtuales. Este proceso ha demostrado un desconocimiento sistemático de las comunidades y se ha replicado tanto en el proceso de aprobación por parte del Concejo de Bogotá como en la Asamblea de Cundinamarca.

Ambos procesos se llevaron a cabo de manera apresurada en 2022. La imposición se hace evidente en la elección de un director regional que será designado por el gobernador y la alcaldesa, quienes son los únicos con derecho a voto en el Consejo Regional. Este director tendrá la capacidad de contratar directamente más de setenta y cinco mil millones de pesos al año.

“En defensa de nuestros territorios, nos movilizaremos para detener esta maniobra que conlleva el riesgo de aumentar impuestos (según la Ley 2199, un 5 % adicional), más peajes, doble pago de valorización y pago de plusvalía. También se prevé la legalización de la compra y venta de tierras, el aumento de tarifas en los servicios públicos, la pérdida de ecosistemas, el deterioro de la calidad de vida y la pérdida de autonomía administrativa de los municipios de Cundinamarca”, manifestaron voceros de la iniciativa.

Así mismo indicaron que se convocó a la ciudadanía en general de los municipios de sabana centro, a una marcha este sábado 14 de octubre a la que se sumaran personas de por lo menos 35 veedurías a nivel departamental, entre las que se destacan las de Gachancipá, Tocancipá, Sesquilé, La Vega, Cogua, Cajicá, Zipaquirá y Chía, entre otras.

De esta manera se refleja la profunda preocupación de estas organizaciones y ciudadanos respecto a las acciones de las autoridades y sus consecuencias para la comunidad en Bogotá y Cundinamarca.

Aquí alguna de las organizaciones participantes.

1. Clubes de Ciencia, Tecnología e Innovación Sostenible por una Educación para la Paz.
2. ONG Ruralia Urbana.
3. Veeduría Ambiental Reserva del Rincón del Oso – Subachoque.
4. Veeduría del Agua Potable de Chía.
5. Diputado de Cundinamarca, Wilson A. Flórez.
6. Veeduría cajiqueños por el agua.
7. Red de veedurías y Auditoría ciudadana de Choachí.
8. Veeduría Siembra Cota.
9. Red de veedurías de Zipaquirá.
10. Veeduptar Chía.
11. Veeduría de Patrimonio Chía.
12. Veeduría Defensa del Páramo de Guerrero y Cuenca de Río Neusa.
13. Cabildo Indígena Muisca de Tocancipá.
14. Veeduría Gachancipá Transparente.
15. Veeduría ambiental Teusacá – La Calera.
16. Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero.

Veedora de agua de Cajicá, alerta a la comunidad.