Por cada metro de cercanía a la planta de tratamiento de aguas residuales, las viviendas de este municipio del área metropolitana de Bogotá se devalúan en 0,0006 %, en tanto que los predios comerciales lo hacen en 0,045 %, como consecuencia de los malos olores.

 La planta actual trata de menos del 50 % de las aguas residuales que se producen en el municipio y las demás llegan al río Frío, el más importante de Chía y afluente del río Bogotá, señala el estudiante David Orlando Aguilar, de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).

Agrega que aunque se compró una planta nueva –de última tecnología–, esta “ha permanecido guardada en una bodega en Fontibón debido a un problema en los papeles de importación”.

En su condición de economista e investigador, el estudiante Aguilar valoró el costo ambiental de la contaminación generada por aguas residuales, que se refleja en el precio de las viviendas.

Teniendo en cuenta que 31.000 de las 39.000 viviendas que se registran en Chía son habitacionales, hay una desvalorización de al menos 605.000 millones de pesos en el avalúo de 2018, equivalente a todas las casas afectadas en mayor o menor grado, según información consultada.

Al respecto el investigador explica que “si se considera que la tarifa del impuesto predial es cercana al 10 x 1.000, serían 6.000 millones de pesos los que el municipio recaudaría si contara con la nueva planta de aguas residuales que, según a Alcaldía, costó alrededor de 19.000 millones de pesos”.

“En las actuales condiciones, el municipio está incumpliendo con la sentencia del Consejo de Estado, que ordenó recuperar el río Bogotá”, señala el estudiante de maestría. Se refiere a la sentencia emitida en 2014 y apoyada por un fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca que ordena a los 45 municipios de la cuenca del río construir plantas de tratamiento de aguas residuales para que estas no lleguen al afluente de la capital.

Afirma además que la llegada de habitantes no ha sido proporcional a la provisión de servicios públicos, puntualmente del acueducto y el alcantarillado. “La mayoría de los residuos tanto agrícolas como de las viviendas han ido a parar a los dos afluentes del municipio, causando malos olores.

Crecimiento acelerado

Datos de la Alcaldía evidencian que a comienzos del siglo el municipio contaba con cerca de 80.000 pobladores, mientras que en 2018 el número de habitantes aumentó a 120.000, una cifra que explica muy bien por qué la planta que se construyó en 1989 ya no tiene la capacidad para tratar las aguas residuales que producen los pobladores.

La situación es aún más preocupante si se considera que con las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Chía, en los próximos años las unidades de vivienda se podrían incrementar en 30.000, aumentando así la población en 100.000 personas.

Para esta investigación, que aún está en curso, se utilizó la técnica de precios hedónicos, que explica “el valor de un bien raíz, entendido como un conjunto de atributos (superficie, aptitud de uso del suelo, calidad de la construcción, diseño interior y exterior, áreas verdes, ubicación y características del vecindario) en función de cada uno de ellos, obteniendo sus respectivas valoraciones y, por ende, demandas implícitas”.

Estos resultados buscan llamar la atención sobre la importancia de invertir en infraestructura para los cuidados ambientales, especialmente, para la preservación de las fuentes hídricas que están soportando la carga de una creciente urbanización en la Sabana de Bogotá, concluye el investigador.