Abril negro para el Gobernador Álvaro Cruz
Los testimonios que enredan al gobernador Álvaro Cruz
Julio Gómez (izq.) habló de varias reuniones con Álvaro Cruz (centro). Manuel Sánchez (der.) afirma que tiene pruebas de las comisiones.
Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO
Cerebros de ‘carrusel’ lo acusan de pactar para que firma de un cuñado obtuviera contratos.
Ese día, se definirá si se convierte en el primer mandatario departamental en responder ante la justicia por este escándalo o si las indagaciones por su presunta participación en el saqueo a la capital se archivan de una vez por todas.
Cruz le dijo a EL TIEMPO que está preparado para desmontar las acusaciones en su contra. Sin embargo, admitió su sorpresa cuando este diario le reveló dos episodios recientes por los que será interrogado.
Uno de ellos ocurrió el 9 de abril. Ese día, Julio Gómez, contratista condenado por su participación en el ‘carrusel’, le detalló a la Fiscalía varias reuniones entre Álvaro Cruz y Emilio Tapia, el otro gran ‘cerebro’ del ‘carrusel’.
Según dijo, en esos encuentros (entre 2009 y 2010), a los que él asistió, Tapia le propuso a Cruz que si les ayudaba a terminar la pavimentación de la calle 153, norte de Bogotá, a través de ICM –empresa de los cuñados del Gobernador–, obtendría dos gabelas: apoyo económico para su candidatura a la gobernación y contratos en el IDU y en la Unidad de Mantenimiento Vial del Distrito.
En su declaración, Gómez le aseguró a la Fiscalía que de esas reuniones pueden dar fe al menos cinco personas. Además, que como consta en documentos oficiales, ICM sí terminó la pavimentación de la 153 que estaba en manos de empresas vinculadas con él y con Emilio Tapia, a las que el IDU les caducó el contrato.
“Eso es falso. Es la primera vez que lo escucho. Si bien ICM terminó esa vía se debió a que en la licitación fue la segunda en puntaje y la ley lo permite. Además, mi candidatura fue financiada con créditos bancarios. Ahí están los papeles”, le explicó el gobernador Cruz a EL TIEMPO.
Y atribuyó estas acusaciones a una persecución política y a la intención de algunos de los procesados de buscar rebaja a costa de mentiras.
Con igual firmeza negó la segunda acusación, originada en la reciente ampliación de las declaraciones del contratista Manuel Sánchez, señalado testigo ‘estrella’ de la Fiscalía.
Una empresa familiar
Si bien Sánchez ya ha dicho que el condenado director de la Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Hernández, le dio un contrato para suministro de mezcla asfáltica a la empresa ICM, decidió ir más allá.
Aseguró que él, como emisario del concejal Orlando Parada, recibió una comisión de manos de Cruz para que se le entregara a ICM ese suministro, tasado en 16.000 millones de pesos.
Ese contrato fue adjudicado el 2 de diciembre del 2009 a la Unión Temporal Asfaltos 2009, integrada por ICM y por Incoasfaltos. En esta última empresa figuran socios de ICM, incluido un cuñado de Cruz.
Al respecto, el Gobernador advirtió que si bien intervino en la preparación de esa licitación, como asesor de ICM, se ganó limpiamente. Además, allegados a Cruz aseguraron que Sánchez está tomando represalias porque el Gobernador le despidió a un hermano y a él no le renovó un contrato de asesoría que se le adjudicó en la administración de Andrés González.
En cualquier caso, la principal línea de investigación de la Fiscalía en torno a Cruz es la de establecer hasta dónde va su nexo con ICM. Él insiste en que ha sido solo su asesor. Pero ya está probado que varios de sus cuñados y su esposa, Luz Zoraida Rozo, han figurado como accionistas, controlando el 50 por ciento de la próspera empresa.
Además, que Cruz fue asesor financiero y jefe de obra de ICM. Y aunque le dijo a EL TIEMPO que no lo recordaba, también fue representante legal de Inversiones en Infraestructura, firma a través de la cual su familia política controla las acciones en ICM.
De hecho, la Fiscalía revisó si hay nexo entre los bienes de Cruz y las actividades de esa empresa de ingeniería. En este capítulo, Emilio Tapia, otro artífice del saqueo a Bogotá, estaría dispuesto a hablar. Extraoficialmente, se supo que conoce supuestos bienes ocultos de Cruz en el exterior, incluidas estaciones de gasolina.
Sin embargo, su defensa esperará a que lo condenen para pedir una rebaja por esa colaboración.
En este punto, la policía judicial indaga si Cruz participó en el manejó de 150.000 millones de pesos de una concesión vial que ICM vendió luego de que el gobernador Andrés González se las renovó por 18 años más.
También se verifica si, además de ser promotor y testigo, el Gobernador tuvo algo más que ver en la compra de 27 acres de terreno en la Florida por las que ICM y otros socios pagaron 4 millones y medio de dólares en el 2006.
Al respecto, Cruz le aseguró a EL TIEMPO que no tiene ni bienes ni cuentas bancarias en el exterior. Y así se lo ratificará a la Unidad de Lavado de Activos que halló mérito para esculcar su patrimonio.
‘Con mentiras buscan beneficios’: Cruz
Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca, asegura que detrás de las acusaciones en su contra está un senador (cuyo nombre se reserva) y protagonistas del ‘carrusel’ que buscan beneficios. Estas son sus explicaciones.
¿Cuál es su relación y la de sus cuñados con ICM Ingenieros?
Solo puedo decir que no soy socio. El resto está bajo reserva del sumario.
Julio Gómez dice que usted se reunió con Emilio Tapia para que ICM se quedara con la obra de la calle 153 a cambio de beneficios.
Eso es falso.
Entonces, ¿es coincidencia que ustedes hayan recibido y terminado esa obra?
No es coincidencia. El IDU caducó el contrato al Consorcio 153 y llamó a la segunda empresa en calificación en el proceso para que terminara la obra. Cuando suceden estos siniestros, la administración pública permite que se pueda llegar a un acuerdo con la empresa que estaba en segundo lugar: ICM.
¿Y qué dice del soborno del que habla Manuel Sánchez para que ICM se quedara con un contrato por más de $ 16.000 millones?
Eso no es cierto. Pero no puedo hablar del tema porque ya hace parte de la reserva.
¿Cómo se ganó ICM ese contrato
Se presentaron cinco grupos y a Incoasfaltos le faltaba llenar el requisito de la capacidad financiera. ICM le ayudó a completarlo y se ganó el contrato limpiamente. En ese proceso solo intervine para la preparación de la licitación.
Todos los contratos de esa unidad y de esa época están siendo cuestionados. ¿Por qué creer que ese fue el único transparente?
Hay muchos que son transparentes. En el IDU hay más de 20 contratos que se ganaron firmas de Antioquia, Valle, Bogotá y la Sabana, en los que uno analiza que, efectivamente, hubo veeduría y transparencia.
Entonces, ¿Julio Gómez y Manuel Sánchez mienten?
Ellos llevan dos o tres años confabulándose a ver cómo me involucran, acordando todos estos testimonios para obtener beneficios. Nada de lo que dicen es cierto y lo voy a probar ante la Fiscalía General.
¿A qué atribuye entonces los señalamientos en su contra?
Lo que puedo decir es que hay una persecución política. Tengo enemigos políticos muy fuertes. Pero prefiero no dar nombres, por una sencilla razón: uno termina investigado.
No tengo bienes en el exterior. Tampoco tengo cuentas bancarias afuera ni uso testaferros en mis negocios privados. Si hay algún bien a nombre de Álvaro Cruz, se debe tratar sin duda de un homónimo. Aquí tengo los papeles en los que consta que en la compra de 27 acres que hizo ICM en Miami, con otros socios, yo fui un simple testigo.
¿Cómo llegó a ese negocio?
Abraham Casallas, un amigo mío, me dijo que había esa oportunidad y yo le propuse el negocio a Luis Guillermo Mesa, uno de los socios de ICM.
¿Quién es Casallas?
Lo conocí en 1992, cuando él era contralor departamental y yo, secretario de despacho de la gobernación de Manuel José Infante.
¿Usted qué se iba a ganar?
Una comisión de éxito si el predio se urbanizaba. Pero esos acres terminaron perdiéndose porque no se pagó la hipoteca que se hizo, por un millón y medio de dólares. Y Casallas e ICM terminaron de pelea con el otro socio que es quien está ahora denunciando el caso.
Rastreo de 150 mil millones
Se indaga quién movió la plata por dos países
La Fiscalía verifica el movimiento de 150.000 millones de pesos a través de Panamá, que fueron a parar a Islas Vírgenes. El dinero es producto de la venta de la Concesión Panamericana, que administra dos vías en Cundinamarca y en la que tenía intereses la firma ICM, ligada a Álvaro Cruz. Él niega cualquier nexo con ese dinero. Frente al negocio de 27 acres en Florida, se verifica si es cierto que Cruz fue solo promotor y testigo de la compra. Según dice, su único propósito era ganar una comisión de éxito.
u.investigativa@eltiempo.com
Tengo documentos que prueban que Álvaro Cruz fue socio de ICM: exsocio
Manuel Dorta-Duque, empresario cubano que fue socio de Álvaro Cruz hasta 2012, asegura que el gobernador firmó como socio dando garantía de un préstamo. Link de audio.
http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/tengo-documentos-que-prueban-que-alvaro-cruz-fue-socio-de-icm-exsocio/20150421/oir/2727351.aspx
Involucrado el gobernador Álvaro Cruz con el carrusel de la contratación
Según el diario El Espectador, declaraciones de por menos tres testigos, más la documentación recopilada por los investigadores del caso y las pruebas documentales allegadas al proceso, involucran seriamente al político de San Juan de Rioseco.
El testigo principal es el exconcejal Hipólito Moreno, quien aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía y le pidió perdón a la sociedad. En el marco de su colaboración con la justicia, Moreno narró en forma detallada cuál fue la participación de Orlando Parada y Andrés Camacho en contratos de mantenimiento vial, y sobre todo el papel que jugó el actual gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz Vargas.
Los testigos han contado cómo se estructuraron las tres licitaciones, el valor de los contratos, la comisión del 10% exigida supuestamente por los concejales Moreno, Parada y Camacho y, finalmente, cómo se arregló la entrega de los dineros y el pago de las “mordidas”.
Los contratos que se investigan y que fueron adjudicados en noviembre del año 2009, tenían como objeto principal el diagnóstico y mantenimiento de la malla vial en 11 localidades de Bogotá (Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, y Tunjuelito).
Según la información que tiene en su poder la Fiscalía, el primero de estos contratos tenía un valor de $40.mil 337 millones y el segundo de $36 mil 344 millones, los cuales tuvieron adiciones de hasta el 50% del primer valor pactado, alrededor de $38 mil millones más. En total el Distrito pagó por estas obras más de $115 mil millones.
Los dos contratos fueron adjudicados a la firma Pavimentos Colombia S. A y se adjudicaron el mismo día, es decir el 27 de noviembre de 2009, según declaraciones de los testigos, Álvaro Cruz y la firma ICM Ingenieros tenía escriturados esos contratos, incluso se organizaron los pliegos y los términos de referencia para favorecerlos, pero por “errores insubsanables” que cometieron en el momento de presentar las propuestas legalmente no se les pudo adjudicar los contratos.
Debido a esto y para no perder la comisión, urgentemente buscaron una alianza con los ganadores, los pormenores de como lo hicieron empiezan a conocerse gracias a la confesión de los testigos.
Según lo que contaron, Álvaro Cruz buscó a Pavimentos Colombia para garantizar que no se declarara desierta la licitación y se le adjudicara la licitación, a cambio habría pedido una parte de la ejecución de los contratos y que se pagaran las comisiones convenidas del 10% para Andrés Camacho, Hipólito Moreno y Orlando Parada.
De ser cierta estas declaraciones, las comisiones cobradas estarían cercanas a los $11.500 millones de pesos. Las autoridades evalúan la información que apunta a que Pavimentos Colombia habría aceptado el trato y girado los pagos por las comisiones convenidas.
Pavimentos Colombia es una experimentada y prestigiosa empresa que en sus 45 años de trayectoria había funcionado sin ninguna tacha.
Investigan al gobernador Álvaro Cruz por compra irregular de bienes
Este proceso de extinción de dominio está relacionado con la posible compra irregular de predios por negocios adjudicados a empresas supuestamente de su propiedad, como la firma ICM ingenieros, que habría tenido relación contractual con el plan de malla vial para Bogotá.
Respecto al proceso penal, ya fueron escuchados el exconcejal Hipólito Moreno y el excontratista Julio Gómez, se espera la declaración en los próximos días de Emilio Tapia.
Álvaro Cruz fue elegido gobernador cuando ya era investigado por carrusel
Cuatro horas duró en interrogatorio el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. El fiscal del caso, Jaime Alfonso Cetien, aseguró que la investigación por presuntas irregularidades en la celebración de contratos para la malla vial de la capital durante la Alcaldía de Samuel Moreno, se adelantó antes de ser elegido gobernador, en otras se posesionó con la investigación en curso.
«El trámite a seguir es que la Fiscalía examiné la defensa que ha presentado el doctor Cruz Vargas, el siguiente paso sería solicitar la audiencia de imputación de cargos y por ser una persona con fuero constitucional quien lo juzgaría es la Corte Suprema de Justicia».
Cetien explicó que el gobernador se investiga por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos y la Fiscalía no descarta imputar esos cargos si se comprueban las acusaciones en su contra.
