Cundinamarca pagó $ 13 mil millones por plan de conexión que no sirve
Contratista dice que entregó red más pequeña por líos de diseños y hasta campos minados. La iniciativa cuestionada fue liderada por los secretarios departamentales de Educación, Piedad Caballero Prieto; de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, Luis Carlos Mejía Díaz, y de Salud, Germán Augusto Guerrero Gómez.
De hecho, la Contraloría de Cundinamarca, en cabeza de Ricardo López, acaba de pedir la intervención de la Procuraduría y de la Fiscalía para que se indague quiénes deben responder por el desembolso de la millonaria suma.
La entidad comprobó que las más de 1.000 instituciones educativas y los 80 centros de salud del departamento, que supuestamente iban a estar en línea, permanecen descononectados. A pesar de la jugosa inyección de recursos, el 70 por ciento de los rectores encuestados dijeron que sus planteles ni siquiera tienen acceso a internet.
Los implicados
El sondeo en colegios hizo parte de la auditoría especial que la Contraloría de Cundinamarca le hizo al contrato suscrito con Anditel S.A., el 28 de abril del 2014, por un monto total de 16.472 millones de pesos.
EL TIEMPO tuvo acceso a la investigación fiscal en la cual se señala el no cumplimiento del objeto en la adquisición y puesta en servicio de la innovadora estrategia tecnológica que pretendía posicionar a Cundinamarca como uno de los cinco departamentos digitales de Colombia.
La iniciativa cuestionada fue liderada por los secretarios departamentales de Educación, Piedad Caballero Prieto; de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, Luis Carlos Mejía Díaz, y de Salud, Germán Augusto Guerrero Gómez. (Además: Los viajes y lujos del procurador señalado de recibir soborno de exgobernador Álvaro Cruz)
De hecho, el contrato se recibió y liquidó a total satisfacción en diciembre del 2015, cuando se iba a efectuar el cambio de administración. Y se dejó autorizado un pago pendiente al contratista por 2.800 millones.
Lo que llama la atención es que la interventoría del contrato, en manos de Jahv McGregor S.A., venía alertando sobre demoras, atrasos, falencias técnicas y administrativas que demostraban el incumplimiento en la implementación de la red y la prestación del servicio de conectividad y de telefonía IP.
“Hay pruebas en el informe de interventoría donde se demuestra el no cumplimiento en las instalaciones de las sedes, nodos y frecuencias licenciadas, las cuales aparecen ‘cumplidas’”, dice la Contraloría.
Y agrega que para el interventor, la red social de datos no se implementó y no se pudo dar como recibida una infraestructura que no se hallaba en operación.
Pero la investigación interna que se abrió por presunto incumplimiento del contratista fue cerrada, y la interventora ahora es la investigada.
“Estos hechos causan un grave daño a los cundinamarqueses y, especialmente, a 200.000 estudiantes ávidos de las herramientas tecnológicas”, dice la Contraloría que hizo su propia verificación (ver recuadro).
Campos minados
EL TIEMPO se comunicó con Julián Alfaro, secretario general de Anditel S.A., quien se mostró sorprendido con los hallazgos.
Tras asegurar que aún no han sido notificados de ningún juicio fiscal, explicó que la empresa cumplió a cabalidad con el contrato, tal como lo verificó personal de la Gobernación y como consta en el acta de liquidación.
“Hasta el 25 de mayo del 2015, fecha de terminación de nuestro contrato, la red funcionó sin ningún problema”, explicó Alfaro. (Además: Las pruebas de la Fiscalía en contra del exgobernador Cruz y su esposa)
Pero admitió que tuvieron problemas exógenos que los obligaron a entregar una red más pequeña, por eso no se ejecutó la adición del contrato pactada.
“Fueron problemas de diseño, licencias y hasta existencia de campos minados en las zonas, lo que nos obligó a ir incluso con compañía del Ejército”, dijo.
Y añadió que están atentos a responder cualquier inquietud ante las autoridades fiscales y penales.
‘El departamento está desconectado’
El contralor de Cundinamarca, Ricardo López, le explicó a el periódico EL TIEMPO los hallazgos encontrados y aseguró que de la gran red de conectividad solo quedó un video institucional.
¿Qué encontraron?
Que en repetidas ocasiones la interventoría del contrato advirtió el incumplimiento en la instalación de las redes de conectividad y en la calidad de equipos. Nosotros llegamos a igual conclusión después de una auditoría al contrato: que hubo un presunto incumplimiento y que a pesar de eso se liquidó diciendo que todo estaba bien.
¿Por qué trasladar el caso a la Fiscalía?
Por presuntas violaciones al régimen de contratación, pero le corresponde a la Fiscalía evaluar si existen delitos penales. Igual en la Procuraduría sobre conductas disciplinarias.
¿Se pudo frenar el giro pendiente?
Ya generamos la alerta al departamento y le corrimos traslado del informe. Ellos tomarán las acciones contractuales y judiciales. Sé que se no se han girado los 2.817 millones, y nosotros ya iniciamos el proceso de responsabilidad fiscal contra funcionarios y contratistas para recuperar el resto. Aquí hay implicadas tres secretarías.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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